Gallardo rompe con Mañueco y abandona el piso piloto entre PP y Vox

Los cimientos de la coalición entre PP y Vox en Castilla y León han sucumbido al seísmo provocado por la dirección general de los ultras para romper con los conservadores tras la decisión de los populares de aceptar la acogida de a menores inmigrantes no acompañados (21 en el caso de la comunidad). Los dos años y tres meses de entente se derrumban sin que la extrema derecha haya conseguido afianzar los pilares del pacto: el PP ha mantenido la Junta sin aplicar más que superficialmente las exigencias de su socio. El divorcio, pese a las bravatas del vicepresidente, Juan García-Gallardo, no se ha firmado hasta la orden del líder nacional, Santiago Abascal, quien en 2022 definía al acuerdo como el “piso piloto” entre ambas formaciones. La experiencia pionera se salda con mucho ruido mediante los exabruptos de Gallardo, pero pocas nueces políticas de sello ultra: un protocolo antiabortista quedó en nada, la ley de Concordia se está tramitando, se han bajado impuestos y se ha perseguido a los sindicatos.

El ya exvicepresidente ha comparecido finalmente este viernes en solitario y ha confirmado su cese en una rueda de prensa en la sede de la Junta, en Valladolid, donde ha protagonizado algunas de sus controversias verbales durante estos dos años. “Es para anunciar formalmente mi dimisión como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, decisión que “no ha sido fácil pero no poco meditada sino reflexionando en los últimos días con los acontecimientos del debate regional y nacional”. Gallardo ha recordado el balance del pasado martes sobre las políticas de la Junta y ha afirmado que ahí aclaró los términos con los socios “y el valor que dábamos a la letra del acuerdo de Gobierno, el punto 32 sobre la promoción de la migración ordenada y el combate a las mafias de tráfico ilegal de seres humanos”.

“La gota que colma el vaso es incumplir el deber impuesto de combatir la inmigración ilegal, insistimos en la idea de que no queremos que Castilla y León se convierta en Francia y que los barrios humildes acaben como la periferia de París o Bruselas (Bélgica), donde la convivencia se ha degradado por una política de fronteras abiertas, un suicidio demográfico, cultual y económico”, ha dicho. García Gallardo ha puesto en duda que los menores extranjeros que hay que acoger “sean realmente niños”.  “En Castilla y León no estamos condenados a la islamización, España está a tiempo de salvarse”, ha dicho antes de aclarar que el acuerdo afecta a los gobiernos autonómicos, pero están excluidos los ejecutivos municipales y los Parlamentos.

Antes de la ruptura, el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), experto en torear preguntas sobre Vox, insistía en que el Gobierno funcionaba “bien”. La medianoche anterior, Gallardo se desahogaba en redes sociales, donde ha llamado “moros” recurrentemente a los migrantes: “Nos traicionaron en la defensa del derecho a la vida. Nos han traicionado colaborando con las mafias ilegales del tráfico de personas. Nuestra generosidad ha sido infinita, a pesar de los incumplimientos del pacto. Por respeto a mi partido, informaré sobre mi decisión después del comité ejecutivo nacional de Vox”. El vicepresidente siguió con rostro serio las palabras de su jefe, Santiago Abascal, informando de la separación. Dos años antes, el 19 de abril de 2022, el líder del partido acudía al Parlamento autonómico para asistir al primer apretón de manos entre su protegido, a quien seleccionó tras un casting buscando liderazgos en esa comunidad, y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco. García Gallardo tenía 31 años cuando fue nombrado vicepresidente.

El hartazgo manifestado por García-Gallardo en la red social X recoge un runrún de dos años de desencuentros con el PP. El primer tanto se lo llevó Vox: sabedores de que Mañueco no tenía alternativa, apretaron al máximo para conseguir los cargos deseados: la presidencia de las Cortes, la vicepresidencia de la Junta y las consejerías de Empleo, Cultura y Agricultura. Otro cantar fue el desempeño político de esas áreas, donde sí han existido recortes para los sindicatos, una de las banderas de Vox, y el desmantelamiento de un servicio de relaciones laborales que les enfrentó al Ministerio de Trabajo. También se flexibilizaron medidas sanitarias sobre la ganadería que supusieron restricciones estatales para proteger al sector nacional de potenciales enfermedades propagadas desde esta comunidad.

El controvertido protocolo antiabortista con medidas de disuasión para mujeres con voluntad de interrumpir su embarazo que trató de promover Vox en la comunidad se quedó en un anuncio dado a conocer por el propio vicepresidente en rueda de prensa. Entonces confesó “no ser un gran experto en embarazos” e inició una guerra con el PP, entre advertencias del Gobierno central por chocar contra un derecho general. Las medidas, desde radiografías en 5D del feto hasta instar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal, se recogieron en una nota de prensa que nunca se ejecutó.

Los 27 meses de alianza se han trufado de desencuentros. El presidente pregonaba la “eficiencia” de la Junta para tapar los derrapes de su socio. La acción legislativa de la coalición tampoco ha recogido las claves impulsadas por Vox en otras comunidades como la ley de Concordia, que se halla en tramitación y que ahora el PP podría enterrar definitivamente. La anunciada Ley de violencia intrafamiliar tampoco llegó a prosperar y no tiene visos de llevarse a cabo.