La asociación de jueces y fiscales europeos defiende la “transparencia” de la fiscalía española en el caso de la pareja de Ayuso

La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), de la que forman parte Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha expresado este martes su preocupación por la situación de la justicia en España. En especial, en relación con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con las actuaciones contra el Ministerio Público por el comunicado de la Fiscalía General del Estado sobre el caso del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, la asociación MEDEL―de signo progresista y que agrupa a jueces, magistrados y fiscales a escala europea― subraya que lleva más de cinco años sin ser renovado, lo que consideran un “inaceptable incumplimiento mantenido en el tiempo de los postulados constitucionales que exigen su renovación” periódica. El plazo es cada cinco años, con lo que el actual Consejo prácticamente ha doblado ya el período legalmente establecido de su mandato. Por estas circunstancias, MEDEL insta a las autoridades españolas competentes a poner fin a esta “anomalía democrática, que está provocando importantes disfunciones en el servicio público que presta el Poder Judicial”. Sobre las actuaciones contra la Fiscalía por su información sobre el caso del citado fraude fiscal, MEDEL afirma que sigue con preocupación “los recientes acontecimientos relacionados con un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado”. MEDEL respeta el procedimiento judicial en curso para verificar, de forma independiente e imparcial, si se han cometido “actos ilegales de cualquier tipo”. En este sentido, la citada asociación manifiesta que “el respeto al Poder Judicial en su conjunto y a las instituciones que lo componen es esencial para el normal funcionamiento del Estado de derecho”.

Por otra parte, MEDEL subraya que deben garantizarse “las condiciones que permitan a la Fiscalía General del Estado, órgano de relevancia constitucional integrado en el Poder Judicial, ejercer sus funciones de forma autónoma e independiente”. La citada asociación subraya que una correcta información representa un deber para con los ciudadanos y una garantía de transparencia, que es a su vez “un componente crucial del Estado de Derecho y una precondición para asegurar la confianza pública en el correcto funcionamiento del sistema judicial”. Para la citada asociación la nota difundida por la Fiscalía sobre Alberto González Amador constituye una “garantía de transparencia”. La querella presentada en este caso fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se presentó contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres por la presunta comisión de un delito revelación de secretos. La citada nota de la Fiscalía, a su vez, precisó cómo se había gestionado el diálogo con la pareja de Díaz Ayuso, para aclarar que no fueron los fiscales los que ofrecieron un pacto a González Amador, sino que fue el letrado del investigado quien se dirigió a la Fiscalía para tratar de un posible acuerdo que implicase el reconocimiento de los hechos.