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La Fiscalía Europea investiga si el Gobierno balear del PP dejó caducar la reclamación a la trama Koldo

El juez se inhibe en el caso denunciado por el PSOE sobre las mascarillas defectuosas compradas en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma de Mallorca.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma de Mallorca.Isaac Buj (Europa Press)

La Fiscalía Europea investigará la actuación del Gobierno de Baleares, del PP, tras la denuncia que el PSOE presentó contra sus dirigentes y en la que los acusa de dejar que caducase el expediente de reclamación de 2,3 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por suministrar en pandemia mascarillas de inferior calidad a la contratada. El juzgado español que admitió a trámite la denuncia de los socialistas se ha inhibido a favor de la Fiscalía Europea, según un auto del pasado 21 de mayo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El PSOE presentó la denuncia contra el director general de Salud del Gobierno del PP en la islas, Javier Ureña, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la gestión del contrato de mascarillas adjudicado en 2020 ―durante el mandato de la hoy presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol― a la empresa Soluciones de Gestión. El juzgado que admitió a trámite la denuncia del PSOE informó sobre la misma a la Fiscalía Europea, que tenía abierta una investigación sobre el caso de las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión porque se pagaron supuestamente con fondos europeos. La Fiscalía pidió entonces asumir la competencia para estudiar la denuncia socialista, y el juez acordó el pasado 21 de mayo inhibirse en favor de la Fiscalía Europea.

El caso tiene su origen en los primeros meses de la pandemia, cuando el Gobierno balear presidido por Armengol adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión por la compra de 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros. Esa empresa había sido recomendada a Baleares por Koldo García, asesor principal del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El material fue analizado en el laboratorio del ministerio de Trabajo en Sevilla, que detectó que las cuatro muestras de mascarillas enviadas tenían una calidad inferior a la contratada (FPP2). Los responsables sanitarios del Gobierno balear decidieron no distribuir el material y almacenarlo durante los siguientes años. En la primavera de 2023, Salud inició el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión (la diferencia entre lo pagado por mascarillas FPP2 y el valor de las mascarillas quirúrgicas). El PP censuró la tardanza en reclamar y la adjudicación a dedo de un contrato a la trama Koldo.

El nuevo Ejecutivo balear del PP, presidido por Marga Prohens, continuó con el expediente para la reclamación del daño, pero este caducó en enero de 2024 sin que fuera resuelto. En la investigación del caso Koldo, la Guardia Civil incluyó conversaciones grabadas a los principales implicados en la trama donde se sugieren gestiones para que el nuevo Gobierno del PP en Baleares facilitase que el expediente de reclamación caducase, cosa que finalmente ocurrió. Entre esas pruebas destaca la transcripción de la conversación que mantienen los gestores de Soluciones de Gestión para decir, en diciembre de 2023, que “Baleares”, en relación al Gobierno del PP, “no iba a seguir con la reclamación por las mascarillas”. Unos días después de esa conversación, el 12 de enero de 2024, el expediente para la reclamación del dinero caducó sin que la administración balear hiciera nada para evitarlo.

El Gobierno de Prohens niega haber maniobrado para beneficiar a Soluciones de Gestión, atribuye a un error burocrático de un funcionario el hecho de que la reclamación caducara y define la denuncia del PSOE como una “vorágine de nervios e histerismo” para encubrir el caso Koldo.

El director general de Salud, denunciado ahora por el PSOE, inició el pasado abril un procedimiento de nulidad del contrato al entender que el contrato para la compra de 1,4 millones de mascarillas se adjudicó sin que la empresa beneficiada cumpliera las normas de solvencia y experiencia, algo que no era obligatorio y que había quedado expresamente anulado por la situación de emergencia que vivía todo el país.

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