La jueza descarta delito de odio en el apaleamiento a un muñeco de Sánchez y lo enmarca en un “acto festivo”

El apaleamiento en Nochevieja de un muñeco con la figura de Pedro Sánchez cerca de Ferraz no acarreará, de momento, consecuencias a los autores de los hechos. Así lo ha dictaminado este viernes el Juzgado de Instrucción Número 26, que considera que los actos, dentro de las protestas ultras diarias en las cercanías de la sede federal del PSOE que se venían celebrando desde noviembre, no constituyen un delito de odio y están amparados por la libertad de expresión. El auto de la jueza considera que los manifestantes participaban en “un acto festivo”, alude a que en la última noche del año se suele beber alcohol y asegura que no es posible vincular a los participantes con ningún grupo ideológico. Fuentes socialistas señalan que el partido, que llevó los actos a la Fiscalía, recurrirá la resolución judicial que sobresee y archiva la causa, informa José Marcos.

Los hechos ocurrieron durante una de las protestas diarias que desde noviembre congregaban manifestantes cerca de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz. A las andanadas contra la ley de amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, aquella noche se añadió una piñata que representaba a Sánchez y que, una vez colgada de un semáforo, varios asistentes golpearon por turnos. “Hay que acabar así con él”, “tomad justicia del pueblo, bolcheviques” o “rojo de mierda, cobra, que es lo que mereces”, gritaron quienes aporrearon la piñata, en un acto difundido profusamente en redes sociales y a través de programas y emisiones en directo on line. El PSOE denunció días después que, una vez destruido el monigote, los asistentes recogieron los restos del suelo mientras decían “son las entrañas de Sánchez”..

Aquel apaleo no constituye infracción penal, entiende la jueza que firma el auto, Concepción Jerez, porque el muñeco, al que describe como un “varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga”, no “reproduce la imagen del Presidente del Gobierno”, a pesar de que el auto se hace eco de que en la difusión de los vídeos se usaron expresiones como “patriotas fostian [sic] una piñata [de] Sánchez en la Nochevieja de calle Ferraz”. Además, la resolución refiere un atestado policial en el que se asegura que parte de los asistentes a los hechos —que la magistrada califica de “el acto más violento realizado”— “profirieron expresiones como ‘Uno, dos, tres, colgadlo de los pies’, ‘a por Sánchez’, ‘Pedro Sánchez hijo de puta’, ‘hay que quemar Ferraz’ y ‘no es una sede, es un puticlub”. Abunda la jueza asegurando que en todo caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que “ahorcar un muñeco que representa a una figura pública o quemar su imagen están protegidas por la libertad de expresión y forman parte del juego democrático de crítica política”. Para Concepción Jerez “perseguir mensajes de odio está justificado cuando están motivados por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política, como lo es el poder ejecutivo”.

Para la jueza el apaleamiento se produjo en “un ambiente festivo propio de ese día [Nochevieja] y probablemente después del consumo de bebidas alcohólicas” y para justificar su afirmación sobre el tono supuestamente jocoso de la protesta precisa que “en alguna de las imágenes puede observarse a una mujer vestida de fiesta”. En la manifestación del 31 de diciembre, convocada y promocionada desde días antes a través de redes sociales, además de las soflamas contra Sánchez y el PSOE, se enarbolaron banderas preconstitucionales, al igual que había ocurrido en numerosas protestas anteriores. Y uno de los actos organizados para la Nochevieja en Ferraz fue un programa a través de YouTube en el que el DJ Isaac Parejo ejerció de presentador y se refirió al presidente del Gobierno, al que, dijo, “hay que odiar”: “Eso de que somos esparcidores de odio... ¡claro que hay que odiar a Pedro Sánchez!”. El presentador abundó en sus soflamas contra el jefe del Ejecutivo: “Lo que dijo Santiago Abascal [presidente de Vox, que acudió durante los primeros días a las protestas] está muy buen dicho: cualquier día el pueblo español querrá colgarlo de los pies”. En el programa colaboraron varios medios digitales, como Estado de Alarma, OkDiario, La Gaceta (órgano de comunicación de Vox), Infovlogger, Informa Radio y Periodista Digital.

El auto asegura que a quienes emitieron los vídeos de apaleamiento no se les puede relacionar con “una ideología en concreto”, que “se desconoce la ideología de los asistentes y si esta es común a los mismos”, y que “no se les vincula con ningún grupo”, y “por ello difícilmente puede considerarse que con la conducta analizada expresen odio hacia otro grupo”. Exculpa a quienes difundieron las imágenes porque entiende que hacerlo “pudiera obedecer a la intención de reproducir las imágenes por su originalidad o por cualquier otro motivo”. En la denuncia presentada por el PSOE, el partido vinculaba las manifestaciones de cerca de su sede —que alcanzaron un pico de participación en la convocatoria del 9 de noviembre, con 8.000 asistentes, y en varias de las cuales se registraron actos violentos— a Vox y a formaciones de ultraderecha como Revuelta, Noviembre Nacional, Plataforma 711 y Asoma España. El 3 de enero, Antonio Martínez, el hombre que participó en la organización del acto, declaró a los periodistas que Revuelta, un grupo juvenil vinculado a Vox, le había pedido que le hiciera “el favor” de organizar la convocatoria. Martínez abrió una colecta, a través de la página de internet Gofundme, que reunió 20.078 euros con objeto de organizar el acto y cuyo beneficiario declarado fue la entidad Asoma España.

La magistrada concluye en su exposición que las expresiones emitidas durante el apaleamiento del muñeco “no deben ser perseguidas”. “Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido, o sus partidarios, pero no es delito”, precisa.

En su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, presentada el 5 de enero, el PSOE pidió a la Fiscalía que iniciase una investigación para dilucidar quién estuvo detrás de la protesta, que considera como el “colofón” de una campaña “con tintes violentos” para colocar a los socialistas “en la diana”. En su escrito de más de 50 páginas, la fuerza política señalaba directamente a Vox como el “nexo común” de todas las “acciones coordinadas” en los últimos meses de 2023 y enumeraba una batería de posibles delitos que encajarían, según su criterio, con el apaleamiento de la piñata con la imagen del presidente del Gobierno: amenazas, injurias, delito de odio, desórdenes públicos, manifestación ilícita o injurias graves contra el jefe del Ejecutivo.

La Fiscalía General del Estado remitió la denuncia del PSOE a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que inició una investigación preprocesal en enero. Es decir, este órgano comenzó a hacer indagaciones para saber si existen indicios suficientes de delito —antes de decidir si debía presentar una querella en un juzgado o archivar el caso—. Durante estos trámites, el ministerio público averiguó el 22 de enero que ya se había enviado un atestado policial a los juzgados de Madrid, y que recayó por reparto en el de la magistrada Jerez, que abrió su propia causa. Por ello, la acusación pública cerró sus pesquisas.