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El pacto entre los socialistas y Bildu en Pamplona agita la política navarra

La dirección de UPN anunció su abandono de la Federación de Municipios en respuesta a la moción de censura, pero llevar a la práctica esa ruptura no es fácil

Mikel Armendariz (Geroa Bai), Joseba Asiron (EH Bildu) y Txema Mauleón (Contigo-Zurekin), el 21 de diciembre en la firma del programa de gobierno que sustentará la acción del futuro ejecutivo municipal de Pamplona tras la moción de censura.
Mikel Armendariz (Geroa Bai), Joseba Asiron (EH Bildu) y Txema Mauleón (Contigo-Zurekin), el 21 de diciembre en la firma del programa de gobierno que sustentará la acción del futuro ejecutivo municipal de Pamplona tras la moción de censura.Jesús Diges (EFE)
Amaia Otazu

El pacto entre el Partido Socialista de Navarra (PSN) y EH Bildu, que dará lugar a una moción de censura con la que los abertzales arrebatarán la alcaldía de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro (UPN) la próxima semana, ha provocado un seísmo político con efectos de ámbito nacional pero también local. La primera consecuencia práctica ha sido la fractura en la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que aglutina a prácticamente todas las entidades locales de la comunidad en una asociación voluntaria para defender sus intereses comunes. La dirección de UPN anunció hace días que los ayuntamientos que gobierna saldrán inmediatamente de esa federación para constituirse en otra paralela y “democrática”, ante el escándalo que, a su juicio, supone que los socialistas vayan a entregar a EH Bildu la alcaldía de la capital. Pero llevar a la práctica ese portazo no es fácil.

La población de Navarra roza las 675.000 personas, que se distribuyen de manera desigual entre más de 700 entidades locales: 272 municipios y más de 350 concejos (similares a las pedanías), además de otras 80 mancomunidades y agrupaciones. Un tercio de la población total se concentra en Pamplona y su comarca, pero el resto se reparte entre muchísimas entidades pequeñas y eso hace muy complicada la gestión de la administración local. Esta circunstancia hace que cobre especial importancia la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). Según sus estatutos, actúa al margen de partidos y organizaciones políticas. Por eso ha llamado la atención que UPN haya decidido que los ayuntamientos que lidera salgan de la agrupación.

La ejecutiva de la formación regionalista adoptó esta decisión el 13 de diciembre, el mismo día que se anunció el apoyo del PSN a la moción de censura de EH Bildu contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola. La FNMC está liderada por el alcalde de Tafalla, Xabier Alcuaz (EH Bildu), y en su vicepresidencia primera recae en el alcalde tudelano Alejandro Toquero (UPN).

Pero no es tan sencillo que todos los ayuntamientos gobernados por UPN abandonen la federación. La Ley de Base de Régimen Local marca que para salir o entrar de una entidad supramunicipal —como una federación de municipios o una mancomunidad— es necesario que lo apruebe la mayoría absoluta del pleno del ayuntamiento correspondiente. El alcalde de Ribaforada y miembro de la ejecutiva de la FNMC, Tirso Calvo (PSN), remarca que “en la Federación están representados los municipios, no los partidos políticos”. “En este caso, en aquellos ayuntamientos en los que UPN pueda conseguir mayorías absolutas en el pleno, evidentemente podrán salir de la Federación”, dice. Pero no donde no pueda lograr los apoyos.

La formación regionalista y máxima representante de la derecha navarra gobierna en una veintena de municipios. El más relevante es precisamente el de Tudela, liderado por Toquero, donde tiene mayoría absoluta. Hay otra decena de consistorios donde cuenta con esa mayoría. Sin embargo, en algunos de los ayuntamientos más significativos para los regionalistas necesitarían los votos de otras formaciones. Es el caso de Valle de Egués, el tercer municipio más poblado de Navarra, cuya alcaldesa, Xuriñe Peñas, cuenta con 6 de los 21 concejales del pleno. Tampoco podría aprobar esta decisión por sí solo en otras cabeceras de comarca y merindad como Estella o Sangüesa.

En resumen, si los ayuntamientos de UPN quisieran constituir una federación alternativa, apenas podrían formar parte de ella Tudela y otra decena de ayuntamientos, además de aquellos consistorios regidos por agrupaciones independientes próximas al espectro ideológico de UPN. Estos últimos deberían elegir una u otra asociación porque, de acuerdo con los estatutos de la FNMC, “la condición de miembro es excluyente respecto a la afiliación a otras entidades con finalidad análoga que tengan como ámbito territorial exclusivo el de la Comunidad Foral de Navarra”.

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Por otra parte, el artículo 14 de esos estatutos establece que “la separación de una Entidad Local de la Federación […] será efectiva el último día del ejercicio anual en que se haya adoptado el acuerdo”. Es decir, para materializar esa separación en 2024, la decisión debe tomarse antes del 31 de diciembre de 2023. Algo que no parece que vaya a ocurrir.

Tirso Calvo defiende que “estar vinculado a la federación es importante” para la defensa de los intereses municipales. Existe además la comisión foral, un órgano en el que están representados tanto el Gobierno foral como la FNMC y en el que se abordan cuestiones como las plusvalías municipales, los presupuestos autonómicos y otras leyes que les incumben. De esa comisión formaba parte hasta ahora Cristina Ibarrola, todavía alcaldesa de Pamplona, que será sustituida el próximo jueves por Joseba Asirón. Eso supondrá que los regionalistas se queden sin representación en la comisión, aunque Calvo asegura que el presidente de la FNMC, Xabi Alcuaz, “ya le ha ofrecido a Alejandro Toquero, de UPN, estar en la comisión de régimen foral para que todos los partidos estén representados”. El socialista pide hacer una reflexión más allá de la bronca política: “¿Qué sentido tiene crear una federación en la que solo estén miembros de UPN?”.

El 19 de diciembre la alcaldesa de Valencia y portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José Catalá, presentó una moción en defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena del terrorismo. Tal y como explicó la presidenta, María José García-Pelayo, el objetivo de esta moción es que “se rechace apoyar a Bildu o a cualquier fuerza política que no condene sin fisuras el terrorismo de ETA”. La moción salió adelante con los votos en contra de PSOE e IU-Podemos-Comuns. Pero esa moción no vincula a la FNMC ni implica ninguna directriz para los municipios navarros integrados en ambas, según los estatutos de la federación autonómica.

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