España da largas desde hace una década al reconocimiento del Estado palestino

Sumar quiere que el programa del futuro gobierno de coalición que aspira a presidir Pedro Sánchez incluya el reconocimiento de Palestina como Estado “de forma unilateral y urgente”. En efecto, la cuestión no es si España reconocerá al Estado palestino sino cómo, y sobre todo, cuándo. El programa electoral con el que el PSOE se presentó a las generales de diciembre de 2015 ya incluía el reconocimiento del Estado palestino durante la legislatura inmediatamente posterior. El redactor de aquel apartado del programa fue José Manuel Albares, entonces asesor de política internacional de Sánchez y ahora su ministro de Asuntos Exteriores.

El PSOE no llegó entonces al poder, sino se quedó el PP tras repetirse las elecciones. Cuando finalmente el líder socialista se instaló en La Moncloa, en 2018, puso al frente de la diplomacia española a Josep Borrell quien, en septiembre de ese mismo año, anunciaba que daría un plazo a la UE para consensuar una posición común sobre el reconocimiento de Palestina y, si no se alcanzaba un acuerdo, España actuaría por su cuenta. Borrell es hoy el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y ni los Veintisiete en su conjunto ni España por sí sola han dado ese paso.

La oportunidad es el elemento más delicado de una ecuación en la que los países europeos intentan mantener un difícil equilibrio entre los distintos actores enfrentados en la región. Suecia es el único país que ha reconocido al Estado palestino tras su ingreso en la UE, pues los restantes (Chipre, Malta, Polonia, Hungría, República Checa o Rumania) lo hicieron antes de entrar en el club comunitario e incluso, algunos de ellos, cuando aún pertenecían al Pacto de Varsovia.

Estocolmo tomó esa decisión en octubre de 2014 y no provocó un efecto dominó, como se esperaba, aunque varios parlamentos (Reino Unido, Francia, Irlanda) aprobaron mociones, sin poder vinculante, que instaban a sus respectivos gobiernos a seguir ese camino. También el Congreso español, en noviembre de ese año, aprobó una resolución que instaba al Gobierno a reconocer a Palestina. Lo hizo casi por unanimidad (solo dos noes y una abstención), en un Parlamento con mayoría absoluta del PP. Eso sí, el texto ligaba esa medida a la búsqueda del consenso en el seno de la UE y a que sirviera de acicate para un proceso de paz. El ministro popular José Manuel García Margallo y la exministra socialista Trinidad Jiménez fueron los encargados de negociar el acuerdo.

En 2012, también con Mariano Rajoy como presidente, España ya había apoyado la concesión a Palestina del estatuto de “estado observador de Naciones Unidas” —no podía ser miembro de pleno derecho porque eso requería el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde EE UU tiene poder de veto—, para disgusto de Israel. En 2011, gobernando el PSOE, respaldó su ingreso en la Unesco, lo que provocó que Washington suspendiese los pagos a la agencia de Naciones Unidas para la educación y la cultura.

Desde 2010, la Representación de Palestina en España tiene rango diplomático: su jefe ostenta la categoría de embajador y el personal de la misión, sus instalaciones, valija y archivo gozan de inmunidad e inviolabilidad, como cualquier otra embajada.

El problema es que, mientras sobre el papel Palestina está cada vez más cerca de convertirse en un Estado soberano, sobre el terreno está cada vez más lejos. Al menos, de un Estado viable. La extensión de los asentamientos de colonos israelíes en los territorios ocupados imposibilita la continuidad territorial; mientras que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), embrión de la futura Administración estatal, está cada vez más desprestigiada y debilitada. Un exministro español de Exteriores, buen conocedor de la zona, se lamenta de que hace diez años los países europeos no hubieran reconocido al Estado palestino. Quizá, aventura, la situación no hubiera llegado al punto en que ahora está.