El presidente del Supremo en funciones denuncia el panorama “desolador” de la justicia por el desacuerdo entre el PP y el PSOE

Por quinto año consecutivo, la apertura del año judicial llega con el órgano que gobierna el poder judicial ejerciendo de forma interina un mandato que expiró en diciembre de 2018. La mayoría de los asistentes al acto celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, presidido por el Rey, llevan desde entonces acudiendo cada mes de septiembre a la jornada más solemne del curso para escuchar a su presidente clamar por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También ha sido así esta vez, y el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín, que se estrenaba como actor principal tras la dimisión, hace 11 meses, de Carlos Lesmes, ha reclamado un “verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos” para garantizar el buen funcionamiento de la justicia. Marín ha dedicado íntegramente su intervención a denunciar el “desolador” panorama del CGPJ y el Supremo, a dejar constancia de sus efectos y a pedir “con urgencia” una solución.

“¿Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años? ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?”, se ha preguntado Marín ante la mirada de Felipe VI.

El año judicial se inicia esta vez en una situación, si cabe, aún más excepcional: con el poder ejecutivo y el judicial en funciones, una circunstancia que se ha hecho visible, como en ningún otro sitio, en la mesa presidencial. A la derecha del Rey, los presidentes sustitutos del alto tribunal y el del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. A la izquierda de Felipe VI, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, y el fiscal general del Estado, Álvaro García, también en funciones. “Menos el Rey, toda la presidencia era interina”, advertía un magistrado del alto tribunal al término de la ceremonia.

Entre los asistentes, junto al presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional, la práctica totalidad de los jueces del Supremo, la cúpula del ministerio fiscal y todos los operadores jurídicos, se encontraba también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace algo menos de un año se bajó en el último minuto del acuerdo que ya tenía prácticamente cerrado con el PSOE porque el Gobierno anunció la reforma penal que eliminaba la sedición y rebajaba las penas de algunos tipos de malversación. Preguntado al finalizar el acto por si se ha sentido interpelado por el grito de auxilio de Marín, Feijóo ha defendido que la culpa de que no se haya renovado el CGPJ no es solo suya y ha insistido en reformar primero el sistema de elección de los vocales jueces y, después, desbloquear el Consejo.

El líder del PP ha sido preguntado también por la constitucionalidad de la amnistía, que él ha negado con rotundidad, aunque entre los juristas asistentes, en su mayoría magistrados con décadas de experiencia, el asunto está menos claro. El posible perdón a los actores del procés ha acaparado las conversaciones informales posteriores al acto, en las que se ha planteado la posibilidad de que, si la ley de amnistía sale adelante, el Tribunal Supremo y otros juzgados en los que se instruyen las causas afectadas por esa medida puedan elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncien sobre la norma. En cualquier caso, estas iniciativas no retrasarían la aplicación de la amnistía, han coincidido las fuentes consultadas.

Dentro del Salón de Plenos, el acto ha transcurrido con la ceremonia habitual, pero el discurso del presidente daba cuenta de una situación crítica. Marín ha descrito con detalle el “desolador” panorama de la cúpula judicial: el alto tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular, sin vicepresidente y con un total de 23 vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos en la Sala Primera, una en la Sala Segunda, 11 en la Sala Tercera (una de ellas la de presidente de sala), seis en la Sala Cuarta (una de ellas también la de presidente de sala) y tres en la Sala Quinta (este mismo jueves se jubila un magistrado). “Esta situación, sostenida en el tiempo, está dando lugar a una disminución de las cifras de resolución de recursos mediante sentencia, y la solución a este problema no puede pasar sin más por la asignación de un mayor número de ponencias a los magistrados y magistradas que aún permanecen en las salas afectadas, que ya soportan una carga de trabajo altísima cuyo incremento resultaría del todo incompatible con el estudio sosegado que es inherente a la creación de la jurisprudencia”, ha advertido el presidente del alto tribunal.

Marín ha calificado de “extrema gravedad” el impacto de esta situación para el Estado de derecho y para la independencia del poder judicial. “Los ataques a la independencia judicial pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes. En ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos. Pero esos ataques pueden surgir también de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del poder judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones”, ha señalado. Entre otros daños al sistema, ha recordado Marín, la falta de jueces y las vacantes en los altos tribunales se está traduciendo ya en dilaciones indebidas en procesos judiciales de los que ha advertido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.

“De alguna manera lo que está fallando es el impulso democrático”, ha dicho Marín, que ha afirmado que fue esta falta de voluntad la que condujo a lo que ha llamado “uno de los episodios más tristes” de la reciente etapa democrática, en referencia a la dimisión de Carlos Lesmes hace 11 meses ante el fracaso de las negociaciones de PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los los jueces. “El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al poder judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina”, ha concluido el presidente del Supremo, que, sin negar la legitimidad de la lucha política, ha llamado la atención sobre la necesidad de acompañar el debate ideológico “con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado, como lo es la justicia”.

Dada la gravedad de la situación, el presidente del Tribunal Supremo ha sugerido en este punto algunas líneas maestras por la mejora de la justicia que podrían ser asumidas por los actores político-institucionales, entre ellas que la renovación del CGPJ se produzca con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución; que las políticas relacionadas con el Poder Judicial se formulen buscando consensos amplios y evitando las acciones o iniciativas que comprometan su independencia; o que los nombramientos de altos cargos judiciales se lleven a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, “evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares”. Marín ha abogado también por reformar el sistema de elección de los vocales jueces del Consejo “atendiendo a los estándares marcados por Europa” y por que la de la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ se haga “sin intervención de las fuerzas políticas”.

El presidente del Tribunal Supremo ha finalizado su discurso emplazando pública y solemnemente a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria “para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial”. “La democracia exige mucho de sus partícipes. Tanto, que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados. No es tarea fácil, pero la buena salud de las instituciones bien vale el esfuerzo”, ha manifestado Marín, que ha concluido diciendo que “el Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta”.

Antes del presidente del Consejo había intervenido en el acto el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El fiscal general ha hecho una defensa de la labor del ministerio público, tras las críticas recibidas en los últimos meses desde algunos sectores por los ascensos de fiscales progresistas o sus supuestas maniobras para apartar al fiscal del caso Villarejo. “Los ataques a la figura del fiscal general del Estado no deben —no deberían— contagiar a la propia carrera. Pues, aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso”, ha afirmado. “Puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual”

García Ortiz ha defendido también la actuación del ministerio público en la aplicación de la ley de libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí. Los criterios fijados a través de una circular son “el reflejo preciso de la necesidad, en garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, de que el mismo criterio jurídico sea defendido ante todos los tribunales e instancias de España”, ha señalado. “Un instrumento necesario para que la revisión de las sentencias fuera de igual aplicación en cualquier punto de la geografía española, y a la vez se pudiera sostener en todas las instancias de nuestra jurisdicción, desde los Juzgados de lo Penal hasta el Tribunal Supremo”, ha añadido García Ortiz, para quien, en esa actuación, “se condensa la naturaleza del principio de unidad, de la jerarquía y de la plasmación de la voluntad colectiva de una institución”. “Nosotros ofrecemos a los tribunales una tesis jurídica rigurosa e impecable, coherente y aplicable a todas las causas y en todos los supuestos. Ese es nuestro trabajo, el de los tribunales es la toma de decisión, y a ella nos aquietamos con el mayor de los respetos. Así funciona nuestro sistema. Así funcionan las instituciones, las instituciones en democracia”.