Moreno Bonilla aviva el “drama” de la sequía y azuza la confrontación con el Gobierno central

En medio de un escenario hídrico cada vez más acuciante, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha avivado este martes el “drama” de la sequía en la comunidad, la que cuenta con menores reservas de agua embalsada y que acaba de aprobar las mayores restricciones para la agricultura desde el año 1992. Tras recordar que el 67% de las competencias en materia hidráulica de la comunidad están en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Moreno Bonilla ha hecho de la sequía un elemento de confrontación con el Gobierno de la nación, a quien reclama que lo aborde como un “asunto de Estado”.

“Si no le gustan los pantanos, ni los trasvases ni la desalación del agua, ¿qué hacemos?, ¿cuál es la política del agua del Gobierno”, se ha preguntado el presidente de la Junta de Andalucía en su comparecencia para presentar el tercer decreto contra la sequía que aprueba su Ejecutivo. Un decreto que contempla actuaciones por valor de 163 millones de euros, de los que 40 irán destinados a ayudas directas al sector agroalimentario. Cultivos como el arroz, el algodón o el maíz no podrán sembrarse esta campaña por falta de agua (el recorte casi llega al 90% en algunos sectores), y la ganadería extensiva se encuentra en situación crítica.

Con este serán ya tres los decretos de sequía aprobados por el Ejecutivo andaluz, por valor de 300 millones de euros. “Le pido al Gobierno que asuma su responsabilidad en materia de agua”, ha espetado Moreno Bonilla tras comparar la inversión de su departamento con los 9,7 millones de euros del único decreto de sequía aprobado por el Gobierno central para Andalucía. Y ha vuelto a preguntarse si el único plan estatal para la comunidad con la mayor producción agrícola del país sea “arrancar los árboles, los regadíos o que despoblemos la Andalucía del interior”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha calificado la iniciativa del PP andaluz para legalizar regadíos en el entorno de Doñana, que se tramita en el Parlamento autónomo, de “ilegal”, “irreal” e “irresponsable”. “Es claramente ilegal en el sentido de que va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenaba a España en 2021″, ha especificado el ministro. “Además, es irreal, [porque] procede teóricamente a querer distribuir lo que no existe, a una disponibilidad de agua en que el contexto actual que no existe en aquella zona”, ha abundado Planas, que ha tildado de “acción irresponsable” la medida, pues entiende que “crea expectativas que no se van a ver satisfechas”. El titular de Agricultura ha mostrado su preocupación por el daño a la reputación del sector agrícola, en especial del cultivo de frutos rojos, en los mercados exteriores, informa José M. Abad.

Con un 80% de la cuenca en situación de emergencia y un déficit hídrico del 70%, la cuenca del Guadalquivir es la que cuenta con menos reservas de todo el país, con apenas el 25%, un 36% menos que la media de los últimos 25 años. Ante esta situación, el presidente andaluz ha adelantado que Andalucía crecerá menos este año por el impacto de la sequía.

En concreto, el informe del BBVA Research indica que la economía andaluza crecerá menos que la española en 2022 por la sequía, que restará un punto de crecimiento en 2022 y en 2023 hasta el 1,3%, además de apuntar la destrucción de hasta 35.000 empleos en el sector agrícola entre 2021 y 2023. Otro informe de la Universidad Loyola eleva la previsión de recesión y alerta de que el efecto de la falta de agua podría recortar un 7% el PIB andaluz.

La Junta de Andalucía va a reclamar al Gobierno que asuma la construcción de las infraestructuras hidráulicas pendientes en la comunidad. Entre ellas, Moreno aludió a la presa de Alcolea y el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, ambas en Huelva. “Nos encontramos sin ninguna respuesta por parte del Gobierno de España”, ha indicado el presidente andaluz.

El Gobierno andaluz quiere también reorientar los fondos europeos y que se coloque el agua como foco principal de los debates durante el semestre de la presidencia de España. Así, aboga por impulsar la Media 23 para ofrecer ayudas extraordinarias para los productores afectados por la sequía. De igual forma, se insta al ministro de Agricultura, Luis Planas, a que interceda ante Bruselas para aumentar el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y que se facilite a la comunidad la posibilidad de incrementar hasta el 90% el adelanto de las ayudas.

Mientras tanto, los regantes andaluces valoran ya las consecuencias de las duras restricciones de agua que van a tener este año para salvar sus cultivos. La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) estima pérdidas en la agricultura debido a la sequía de hasta 3.000 millones de euros en toda Andalucía y superiores a los 2.000 millones en la cuenca del Guadalquivir.

Uno de los sectores más damnificados es el de los arroceros, que no podrán sembrar esta campaña las 27.000 hectáreas disponibles en la provincia de Sevilla. La dotación de 1.200 metros cúbicos por hectárea aprobada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hace inviable la siembra de al menos el 90% de la superficie arrocera, un sector que en las dos últimas campañas ha sembrado el 50 y el 30% respectivamente. “Con tan poca dotación se hace inviable el cultivo”, ha señalado a Europa Press Álvaro Bravo, presidente de la cooperativa del Bajo Guadalquivir.

Camiones cisterna

La sequía no solo se está cebando con el campo. También con los casi 80.000 habitantes de 27 municipios de la sierra norte de Córdoba, que han empezado este martes a abastecerse con camiones cisterna después de que la Consejería de Salud declarase este lunes como no apta para el consumo humano el agua del pantano de La Colada. Salud adoptó esta decisión tras hallar valores superiores de carbono orgánico total (COT), más de siete miligramos por litro, por lo que el agua no puede utilizarse para beber ni para la elaboración de alimentos.

La comarca norte cordobesa se abastece desde el pantano de Sierra Boyera, que es donde está la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), pero los bajos niveles del embalse obligaron a un trasvase urgente desde la presa de La Colada desde el pasado marzo. Ahora se ha puesto en marcha un tratamiento con ozono para intentar solucionar la no potabilidad del agua.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha anunciado que llevará unos 360.000 litros de agua al día al norte de la provincia, una medida que tendrá un coste diario de 18.000 euros. El suministro estará limitado a cinco litros por habitante, una circunstancia que ha acelerado en las últimas horas el acopio de agua embotellada que muchos habitantes han hecho en los supermercados.