Vox abandona el pleno del Congreso tras exigirle la Presidencia retirar una acusación de “filoetarras”

Las reconvenciones y las buenas palabras e intenciones sirvieron de poco, y apenas duraron unas horas en el Congreso. Todos los diputados de Vox han abandonado esta tarde el pleno después de que la presidencia le quitase la palabra a una de sus diputadas, Patricia Rueda, al negarse esta a retirar el término “filoetarras”, en alusión a EH Bildu. El vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento dirigía la sesión, le ha pedido por tres veces que se desdijese del término y Rueda ha rehusado. Vox dejó a continuación el salón y más tarde su presidente, Santiago Abascal, compareció para denunciar “el asalto del Gobierno a todas las instituciones”. Los diputados de extrema derecha regresaron minutos después a la sesión. El incidente se ha producido después de que la presidencia tomase una actitud más severa para evitar insultos en los debates. .

Ni habrá un código ético nuevo y reforzado para los diputados y los periodistas, como había planteado en la mañana de este martes sin mucho éxito En Comú Podem, ni se retocará el actual Reglamento del Congreso ni tiene visos de prosperar una declaración de condena conjunta de la mayoría de los partidos contra el comportamiento de Vox, la formación ultra que ha protagonizado varios incidentes machistas e insultos en esta legislatura. Tampoco parecen haberse atemperado nada los ánimos, especialmente por parte de Vox, que ha vuelto a protagonizar otro incidente.

La diputada de Vox por Málaga Patricia Rueda aprovechó una iniciativa que en principio no parecía entrañar la menor polémica, una propuesta del PSOE sobre el apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027. Rueda acusó al Gobierno de castigar “a las regiones leales a España” y al tiempo “premiar a filoetarras, golpistas y separatistas”. El presidente en funciones le pidió que retirara esa alusión, Rueda se negó, forcejeó dialécticamente con Gómez de Celis, ambos llegaron incluso a tutearse y el diputado socialista que ejercía de nuevo de árbitro, como la semana pasada con los insultos machistas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, le retiró la palabra. Todos los diputados presentes de Vox aplaudieron a Rueda, abandonaron la sala y salieron al pasillo. Allí, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, asesorado por Ignacio Gil Lázaro, el miembro de Vox en la Mesa, denunció el comportamiento “sectario” de Gómez de Celis. Unos minutos más tarde fue el propio el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien compareció para enfatizar que con ese tipo de actitudes “el Gobierno asalta las instituciones” y culmina “el proceso deconstituyente de España”.

La presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, se había limitado por la mañana, durante las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, a proporcionar una “regañina” a todos los partidos representados en el Congreso, a los que instó a “reflexionar” y guardar las formas. Todos los grupos, menos Vox, asumieron una cierta autocrítica. Por la tarde, en el inicio del pleno de esta semana, Batet se mostró más firme en el control del debate.

Los ataques machistas de la diputada de Vox, Carla Toscano contra Montero, la semana pasada, cuando relacionó directamente su nombramiento con ser la pareja del exlíder de Unidas Podemos Pablo Iglesias, regresaron este martes como un bumerán interpelando a todos los partidos y órganos de funcionamiento del Congreso sobre la deriva del debate político. Pero sin muchas consecuencias prácticas. La discusión surgió primero en la reunión semanal de la Mesa, más tarde en la de la Junta de Portavoces, en las comparecencias habituales de todos los partidos y hasta en el debate vespertino, en este caso más en el tono que en el fondo.

En la Mesa, el asunto se introdujo por un escrito de Vox en el que pedía que se adoptaran medidas contra dos miembros de UP que pertenecen a ese órgano de gobierno de la Cámara y que, según la formación ultra, increparon desde sus puestos a Toscano cuando lanzó sus imprecaciones contra Montero. La Mesa lo rechazó porque no es competente para revisar o dar directrices a la Presidencia, la que ostenta en exclusiva la competencia para dirigir los debates. Los componentes de la Mesa debatieron el asunto de fondo sobre el creciente clima de crispación que se está apoderando de las discusiones en la Cámara, pero sin ninguna propuesta específica.

La cuestión volvió más tarde en la cita semanal de la Junta de Portavoces, dónde están todos los partidos, pero tampoco se plasmó en ninguna iniciativa. La presidenta suscitó el problema, se lamentó del tono, estilo y actitud de muchos diputados de diversos partidos, según señalaron algunos de los presentes, pidió autocrítica y pidió a todas las formaciones que reflexionen de manera colectiva sobre la mala imagen que proyectan con esos comportamientos sobre el nivel de la política y de la sede de la soberanía nacional. El portavoz del PSOE, Patxi López, reconoció tras ese encuentro que Batet les había “reñido un poco a todos con razón, porque algunos solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ciñó a conceder que esa reflexión la debería hacer internamente cada partido. Portavoces de Más País, Compromís o de UP, como Pablo Echenique, se pronunciaron más a favor del autocontrol que por poner límites rígidos a la libertad de expresión, uno de los problemas con los que se ha tropezado la Presidencia cada vez que ha querido buscar soluciones a este dilema.

Contención, respeto y responsabilidad

Batet pidió finalmente a todos los portavoces “contención, respeto y responsabilidad” y advirtió de que a partir de ahora piensa mantener una aplicación estricta del Reglamento. Citó en ese sentido el artículo 16, en el que se indica: “Los diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias”. El reglamento no determina posibles sanciones económicas, una solución apuntada por grupos como ERC, y solo contempla que se pueda expulsar del hemiciclo y hasta de sus funciones durante un periodo de tiempo a los parlamentarios que no atiendan las llamadas al orden hasta en tres ocasiones de la Presidencia de la Cámara. Esas situaciones se han producido muy pocas veces y de manera muy excepcional. Algún portavoz ha aprovechado en ese sentido para exigir a la Presidencia que se mantenga firme en sus decisiones si llega a la conclusión de que hay que echar de sala a algún diputado que sobrepase ese límite.

La presidenta tomó nota de todo y por la tarde, al inicio del pleno semanal, intentó controlar el debate con una dirección más intervencionista. La presidenta hizo uso de una prerrogativa que apenas había empleado en esta legislatura, la de “llamar a la cuestión”, es decir, instar al orador a atenerse al tema del orden del día. Lo hizo con el diputado de UP Roberto Uriarte cuando este aprovechó un debate sobre el Tribunal Constitucional para reclamar a la Mesa una actitud más activa a fin de acabar con el bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales. Poco más tarde, la presidenta llamó la atención al diputado de Vox José María Sánchez después de que este se refiriese a los grupos independentistas como “partidos delincuentes”, un calificativo que se ha escuchado a menudo en boca de los portavoces de la derecha. Y acabó por no atender la reclamación del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que pidió que no se les pueda definir como partido “fascista, de extrema derecha o de ultraderecha” por considerarlo ofensivo. Vox suele retratar al Ejecutivo y sus socios como “ultraizquierda”, y Batet desestimó la protesta. La actitud más severa de la Mesa se puso luego de manifiesto cuando Gómez de Celis exigió a Rueda retirar el término “filoterrorista”, casi cotidiano en los discursos de Vox desde el comienzo de la legislatura. La negativa de la diputada de Vox acabó con el abandono por unos minutos de todos los parlamentarios de la extrema derecha.