El Consejo Nacional de Derechos Humanos, un organismo tibio con Marruecos y duro con España

Agentes de la Marina Real de Marruecos dispararon en septiembre de 2018 contra una lancha donde viajaban 16 migrantes irregulares, además de un piloto de nacionalidad española y su acompañante, también español y de origen marroquí. Como resultado de esa agresión falleció una joven llamada Hayat Belkacerm. Estudiaba Derecho en Mártil, ciudad marroquí próxima a Tetuán. El piloto y sus cómplices fueron condenados a 10 años de prisión por un tribunal de primera instancia en Tetuán. Sobre la responsabilidad del gendarme que disparó nunca se supo nada. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nunca hizo pública una investigación sobre ese caso.

Este organismo, encargado de emitir informes y hacer recomendaciones al Gobierno marroquí en materia de derechos humanos, se presenta en su página oficial como una “institución nacional, pluralista e independiente”. Su presidenta, Amina Bouayach, fue designada en diciembre de 2018 por el rey Mohamed VI. Este miércoles pronunció una conferencia de prensa donde culpó a las autoridades españolas de usar la violencia y no asistir a las víctimas del salto a la valla de Melilla del 24 de junio, donde murieron al menos 23 personas.

Durante el año 2018 resultaron encarceladas en Marruecos más de 400 personas en relación con lo que se conoció como el Hirak (movimiento, en árabe) del Rif, una serie de protestas sociales desatadas tras la muerte de un vendedor ambulante de pescado. Varias organizaciones humanitarias internacionales reclamaron la liberación de los “presos políticos”. Bouayach declaró en una entrevista con la agencia Efe que en Marruecos no había presos políticos sino “prisioneros que han sido arrestados por su participación en manifestaciones o en violencias producidas en esas manifestaciones”. Bouayach afirmó que la tortura ya no se practica en Marruecos ni en las cárceles ni en las comisarías.

Sin embargo, varios presos saharauis apoyados por organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado en varias ocasiones haber sufrido torturas. En la citada entrevista, el periodista le preguntó sobre las expulsiones constantes de los extranjeros en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, extranjeros a los que se acusa de simpatizar con el Frente Polisario. Y Bouayach respondió: “Si un parlamentario viene y no declara que está en misión, entonces... Yo, cuando voy a un país, informo a sus autoridades (…) Si yo voy a otro país y me dicen ‘no puedes entrar’, pues no entro”.