Castilla y León promete 35 millones para la sierra de la Culebra, más de la mitad del presupuesto antiincendios

Lo primero que hizo el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), al conocer la devastación del incendio de la sierra de la Culebra (Zamora) fue ofrecer ayudas. “Responderemos como lo hemos hecho en el pasado”, dijo. Y la respuesta es un “plan económico especial” que su Gobierno ha explicado este jueves. El vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), ha anunciado unos fondos de recuperación de 35 millones de euros para mostrar su “compromiso con las necesidades de la gente ante una tragedia socioeconómica”. Esa cifra equivale a más de la mitad del presupuesto anual contra incendios forestales que tiene la Junta, de 64,86 millones ―aunque saldrá de otras partidas―, y ha despertado críticas en los colectivos de bomberos, que denuncian que, si se hiciera un trabajo preventivo, no habría que destinar luego esos montos para paliar los daños en siniestros como el de Zamora o el de Ávila de 2021. Ambos fuegos han llevado a gastar unos 300 millones de euros solo en tareas de extinción, según cálculos de la asociación profesional sindical de agentes medioambientales. El pasado agosto, tras el incendio abulense, Mañueco prometió “reflexión”.

La nueva partida destinada por el Ejecutivo de coalición a mitigar los daños del incendio de la sierra de la Culebra afecta a varias consejerías y procede de la “tesorería interna” de la Junta, según portavoces del área de Medio Ambiente. Algunas medidas se ejecutarán desde esta misma semana, como el cuidado de acuíferos y la recuperación de carreteras dañadas, y otras se prolongarán durante la próxima década. El anuncio ha despertado el rechazo de los colectivos de bomberos, que esta semana se han concentrado en las Cortes (Valladolid) para reclamar más presupuesto y que vieron cómo PP y Vox se oponían a la propuesta socialista de que el plan antiincendios se extendiera a pleno rendimiento durante las cuatro estaciones y no solo en verano.

La cantidad recogida para esas labores en las cuentas autonómicas de Castilla y León (la comunidad más extensa de España) para 2022, que no fueron aprobadas, era de 72,1 millones, el doble de lo planteado ahora para paliar los daños. Andalucía, por ejemplo, dedica anualmente 175 millones a estas funciones. Las asociaciones antiincendios aseguran que pasar del modelo actual, público-privado (una parte del personal está subcontratado con empresas), a uno totalmente público supondría pasar de esos 70 millones a unos 100 millones, pero compensaría ampliamente porque, invirtiendo en prevención, se ahorraría el coste millonario de reparar a posteriori los daños de los incendios.

Las protestas llegan meses después de que el pasado septiembre los bomberos se manifestaran también ante las Cortes para reclamar mejoras laborales y mayor dedicación de la Junta. La oposición ha reclamado repetidamente que el PP, que gobierna desde 1987, cambie de modelo, pues el actual rige desde 1999 y las asociaciones de profesionales de extinción lo creen “obsoleto”. Estos grupos insisten en unos cálculos que ha difundido también el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca: la asociación profesional sindical de agentes medioambientales cifró en unos 6.000 euros el coste de apagar una hectárea en incendios de estas características. Por tanto, entre las 30.000 hectáreas arrasadas este junio en Zamora y las 22.000 que ardieron en agosto de 2021 en Ávila, se habrían gastado en 10 meses unos 300 millones de euros, según estas estimaciones.

Este dinero, explica el presidente de esa plataforma, Esaú Escolar, lo abonan las administraciones implicadas, lo cual “demuestra el fracaso de gestión de la Junta, que ahorra 30 millones para gastar 300″. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), a quien le han reclamado la dimisión, aseguró en 2018 que era “absurdo y un despilfarro” implementar ese sistema de atención completa durante todo el año.