El Gobierno llevará la ley de vivienda al Consejo de Ministros del martes pese al informe contrario del Poder Judicial

El Gobierno ya había advertido que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contrario a la ley de vivienda no iba a implicar ningún cambio en el anteproyecto de la norma que obligara a retrasar su aprobación. Y este jueves, solo unas horas después de que el órgano de gobierno de los jueces aprobara el texto, el Ejecutivo ha anunciado que llevará a votación del Consejo de Ministros el próximo martes el borrador actual de la norma, el paso decisivo que permitirá iniciar la tramitación parlamentaria. “Una vez disponemos del informe del Consejo General del Poder Judicial y de un primer análisis, no hay cuestiones que pongan en duda la validez de los tres artículos sobre los que tenía que pronunciarse”, ha asegurado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En su departamento siempre han sostenido que lo que hacía preceptivo el informe jurídico era la reforma de algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los procedimientos de desahucio y defienden que la norma ha sido “mirada y revisada por muchos juristas” durante el proceso de elaboración.

El informe del CGPJ, que se opone a la ley de vivienda por considerarla una “clara limitación” de las competencias autonómicas en esta materia, ha salido adelante con los votos a favor de los mismos 15 miembros del Consejo que hace dos semanas tumbaron el texto elaborado por el progresista Álvaro Cuesta, que avalaba la norma del Ejecutivo (el presidente Carlos Lesmes y los vocales José Antonio Ballestero, Enrique LucasRoser Bach, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea). Tampoco ha habido sorpresas en el otro extremo: los seis vocales que la vez anterior respaldaron el informe de Cuesta, todos propuestos por el PSOE o IU, han votado en contra del nuevo texto. Cinco de estos vocales (Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda) han anunciado que firmarán votos particulares para mostrar su rechazo a la postura mayoritaria.

Por más que el resultado de la sesión de este jueves haya sido el que se esperaba, la postura asumida por la mayoría del pleno hace oficial un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Por más que el resultado del pleno del Consejo fuera el que se esperaba, la postura asumida por la mayoría hace oficial un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, cuyo órgano de gobierno tiene el mandato caducado desde diciembre de 2018. Aunque la ministra expresó su respeto al dictamen del CGPJ, fuentes de Transportes alegan que está plagado de condicionales y consideran que las afirmaciones que hace están más cerca de emitir opiniones políticas que de cuestiones jurídicas.

En el mismo sentido se expresaron algunos de los vocales progresistas que ayer intervinieron en el pleno del Consejo. La más dura, según el relato de fuentes conocedoras del encuentro, fue la magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, que subrayó que el texto redactado por José Antonio Ballestero y Enrique Lucas era muy deficiente desde el punto de vista técnico e incluso gramatical. El informe, señaló Martínez de Careaga, resulta confuso, desordenado y contiene “incoherencias”, críticas de las que los ponentes se defendieron alegando que apenas habían tenido 10 días para redactarlo desde que el pleno tumbó el 14 de enero la propuesta del progresista Cuesta.

Durante el pleno también intervino la vocal Concha Sáez, propuesta por IU, que, según las fuentes, reprochó a la mayoría conservadora haber forzado la elaboración de un nuevo informe cuando, en su opinión, las objeciones que se han plasmado en el nuevo texto podían haber sido incluidas en el de Cuesta. “No entiendo qué hacemos aquí”, llegó a preguntar Sáez, según estas fuentes, dando a entender que la escenificación de un nuevo pleno con un informe totalmente nuevo era innecesario. Cuesta, por su parte, intervino también para defender su informe y subrayar que, con el nuevo texto, el CGPJ “se extralimita en sus funciones”, según fuentes conocedoras de la reunión.

El informe redactado por Cuesta y rechazado por la mayoría del pleno será la columna vertebral del voto particuar que van a suscrbir cinco de los seis vocales progresistas que ayer votaron en contra del texto de Ballestero y Lucas. Ese voto, según las fuentes, incluirá también una introducción que definrá el derecho a la vivienda y defenderá la constitucionalidad del anteproyecto de ley. El texto cuestionará también algunos de los argumentos del informe elaborado por Ballestero y Lucas.

El informe del Consejo es preceptivo para que el Gobierno pueda avanzar en la tramitación de la ley de vivienda, pero su contenido no es vinculante y el Ejecutivo ya ha anunciado que no va a modificar ningún aspecto esencial de su texto. Y, tras conocer el texto del Consejo, el Gobierno no ve más motivos para retrasar la tramitación de parlamentaria de una norma a la que se había comprometido hace un año. Las tensas negociaciones entre los dos socios gubernamentales fueron retrasando ese plazo hasta lograr el pasado octubre un consenso en torno al borrador. La promesa fue entonces la de enviar la ley al parlamento antes de acabar 2021. Pero entonces se interpuso el informe del CGPJ, que se solicitó a principios de diciembre, por lo que no hubo tiempo de llevarlo al último pleno antes de Navidad. Se convocó una sesión extraordinaria el 14 de enero, pero la propuesta de informe redactada por el progresista Cuesta fue rechazada por la mayoría del órgano de gobierno de los jueces y se encargó un nuevo texto a Ballestero y Lucas.

En los últimos días, la parte socialista del Ejecutivo se había mostrado más abierta a considerar las apreciaciones del órgano de gobierno de los jueces. El ministro de presidencia, Félix Bolaños, aceptó la posibilidad de introducir “mejoras”, algo que puede hacerse durante la tramitación parlamentaria. La postura es diferente en Unidas Podemos. El ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra y coproponente de la ley, se reunió este miércoles con asociaciones del movimiento por el derecho a la vivienda y exigió que la norma se envíe “íntegramente” al Congreso. A su vez, el socio minoritario del Gobierno ha venido defendiendo la posibilidad de introducir en la tramitación parlamentaria algunas enmiendas en línea con las exigencias de esas asociaciones, que consideran insuficientes las medidas de control de precios. Este jueves, Belarra solo se ha pronunciado a través de un mensaje en redes sociales. “El CGPJ, con el mandato caducado desde hace tres años, se opone a la primera ley de vivienda de la democracia, que busca frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. Ocurrirá como con el matrimonio igualitario, acabarán dándonos la razón”, ha escrito la ministra en un mensaje en Twitter.

El principal problema del anteproyecto de ley del Gobierno, según la mayoría del CGPJ, es que invade las competencias autonómicas en vivienda y prácticamente vacía de contenido las regulaciones de las que se han ido dotando las comunidades en los últimos años. El informe aprobado este jueves llega a acusar al Ejecutivo central de “expropiar” esa normativa autonómica y advierten de la inseguridad jurídica que, en su opinión, esto puede generar. Como adelantó EL PAÍS, la ley deja en manos de las autonomías la limitación del precio del alquiler, la medida estrella del anteproyecto. El informe aprobado por el Consejo admite que el Gobierno no invade en este caso las competencias de las autonomías, pero considera que, como el Ejecutivo no tiene ahí poder de decisión, la aplicación de la norma estatal queda “excesivamente” condicionada. Además, cree que el Gobierno condiciona “en detalle las reglas básicas a las que deben sujetarse” las comunidades, lo que supone “una clara limitación de las facultades de organización y gestión de estas”.

La ministra Sánchez ha restado importancia en sus palabras a estas consideraciones. “Quiero decir al respecto que las respetamos y las analizamos, pero que desde luego nos ratificamos en que el texto de la ley respeta la Constitución y no invade competencias de las comunidades autónomas”, ha afirmado. Sánchez ha destacado que “el Gobierno ha cumplido con la palabra dada” al elaborar la norma y que esta “lo que hace es garantizar una vivienda digna, evita las subidas abusivas de los alquileres, evita la especulación y por tanto da una respuesta a una situación de emergencia que viven muchas familias”.

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