Los tres partidos de la derecha vuelven a unirse en la protesta policial contra el Gobierno

PP, Vox y Ciudadanos han vuelto a coincidir este miércoles en una protesta en la calle tras la concentración del 10 de febrero de 2019 en la plaza de Colón de Madrid que dio lugar a la icónica imagen de la derecha unida contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Dirigentes de los tres partidos a la derecha del PSOE se unieron a la movilización convocada por sindicatos y asociaciones de policías contra la anunciada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ―la conocida como ley mordaza― ante la Delegación del Gobierno en Madrid. Los presidentes del PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente, estuvieron cerca de la pancarta y a escasa distancia uno del otro. También asistió el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal. Una imagen que se repetirá, previsiblemente, el próximo sábado, cuando otra plataformapolicial ha convocado una manifestación que recorrerá las calles del centro de Madrid.

En ambas movilizaciones, los agentes piden retirar parte de las enmiendas que el Gobierno de coalición PSOE y Unidad Podemos, junto a sus socios parlamentarios, quieren introducir en el articulado de la ley mordaza, aprobada en 2015 con los votos del PP en solitario. En concreto, aquellas modificaciones que, en opinión de los agentes, permiten difundir imágenes de ellos grabadas durante su actividad profesional; el que elimina la presunción de veracidad de los policías; abre la posibilidad de celebrar manifestaciones sin comunicación previa; o reduce de seis a dos horas del tiempo máximo de retención de una persona para su identificación y obliga a devolver al punto donde fueron interceptadas a las personas trasladadas a comisaría. Buenas parte de estas objeciones son rebatidas por el Ministerio del Interior, que insiste en que las modificaciones legales propuestas no tienen las consecuencias que denuncian los agentes.

El primero en hacer declaraciones ha sido Santiago Abascal, que ha acudido acompañado del secretario general de su partido, Javier Ortega Smith, y la portavoz parlamentaria, Macarena Olona. El líder de Vox ha asegurado que su presencia en este acto y en la manifestación del próximo fin de semana buscan mostrar su apoyo a las fuerzas de seguridad ante lo que ha calificado como “una ley de protección de la delincuencia”. El político ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de intentar “preparar el terreno para cuando pierda las elecciones, para poder incendiar [las calles] a través de sus esbirros, con total impunidad” al propiciar un cambio legislativo que, en su opinión, “desarma” a los policías por dejarlos en “la inseguridad jurídica más absoluta”. El dirigente de Vox ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional si, finalmente, la reforma sale adelante en el Congreso.

Casado ha utilizado términos muy parecidos para criticar la iniciativa del Gobierno al asegurar que con la reforma “[los policías] van a quedar completamente vendidos a los delincuentes”. El líder del PP ha tildado de “atropello” para la seguridad de los agentes los cambios que el Congreso estudiará en las próximas semanas y, como ya hizo el pasado 17 de noviembre tras reunirse con 17 sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles, ha anunciado la intención de recurrir ante el Constitucional, como Vox, los cambios en la ley. Casado también ha afirmado que si el alto tribunal no se pronuncia antes de que acabe la legislatura, en cuanto el PP gane las elecciones van a “retrotraer esta reforma que solo beneficia a los socios radicales del Gobierno”. En línea con las palabras de Abascal, el líder del PP también ha interpretado la reforma como un intento del PSOE y Unidas Podemos de prepararse para cuando pasen a la oposición, “pasar a las algaradas en la calle”.

Por su parte, Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha acusado al Ejecutivo de acordar unos cambios en la ley “sin consenso ni diálogo” y de transmitir con ellos a la sociedad un mensaje de “desconfianza” hacia los policías. Bal, que ha estado acompañado de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que dirigentes de Unidas Podemos hayan acusado a las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios) de haber cometido en los últimos días excesos en su actuación durante las manifestaciones de trabajadores del metal en Cádiz.

La concentración de Madrid ―como de las del resto de las celebradas antes las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en otras provincias― ha estado presidida por una pancarta con el lema de la protesta: “No a la España insegura”. Con una asistencia que no ha superado los dos centenares de personas, se ha leído un breve comunicado en el que se criticaba “la imposición del Gobierno y de sus socios de una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana sin diálogo y arbitraria”. En el texto, la plataforma convocante acusaba al Gobierno de “vender la seguridad de los ciudadanos a cambios de intereses partidistas” y anunciaban que las movilizaciones continuarán más allá de las concentraciones de este miércoles y la manifestación del próximo sábado.