El nuevo Constitucional se conjura para evitar la bronca

El Tribunal Constitucional ha decidido cambiar su método de elaboración de sentencias, en busca de un sistema que facilite los acuerdos previos, antes de que un asunto sea llevado a pleno para su deliberación formal. Con el nuevo procedimiento no desaparece la figura del ponente de cada resolución, pero sí disminuye su protagonismo. Lo que se persigue es que ningún proyecto de sentencia llegue a la fase decisiva, la reunión plenaria de los magistrados, sin haber sido antes objeto de consultas entre ellos, de modo que cuando se ponga definitivamente sobre la mesa, se haya intentado al menos desbrozar el camino, para buscar fórmulas de consenso.

Durante la fase previa al pleno que el pasado viernes eligió a los nuevos presidente y vicepresidente del tribunal —Pedro González- Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente— ya se han dado pasos en esta dirección, estableciendo un mecanismo de consultas para sondear a los magistrados sobre su disposición a apoyar una sola candidatura de consenso. Sin embargo, los recelos son máximos, a la espera de comprobar si el resultado de la votación supone solo una tregua temporal. La desconfianza nace tanto de los antecedentes —las tensiones por las sentencias sobre el estado de alarma, de la primera de las cuales fue ponente Trevijano—, como de la fuerte polémica que ha rodeado la elección de Enrique Arnaldo, por las irregularidades en su trayectoria y sus opiniones sobre el aborto, asunto en el que ahora ha sido designado como ponente para resolver sobre el recurso presentado por el PP en 2010.

En busca de un cese de los enfrentamientos —ya se verá si es solo un paréntesis—, dos componentes de la mayoría conservadora —Ricardo Enríquez y Antonio Narváez— contactaron la semana pasada con sus compañeros del tribunal proponiéndoles una operación de apoyos cruzados. De este modo, los integrantes de cada uno de los dos bloques, conservadores y progresistas, acordaron respaldar en votaciones separadas a sus respectivos candidatos para la presidencia y la vicepresidencia.

El intento prosperó, y Trevijano y Xiol fueron elegidos por el mismo número de votos, 11, es decir, por todos los componentes del Constitucional en estos momentos, mientras Alfredo Montoya siga en recuperación del ictus que sufrió el agosto pasado. El recuento tuvo lugar con cierto suspense y se hicieron muchas chanzas entre los magistrados sobre la posibilidad de que volviera a actuar el disidente que el pasado día 11 votó en contra de los nuevos miembros del tribunal, pero rápidamente se confirmó que esta vez no había habido fuga de votos. Entre los presentes se mantiene en todo caso la duda sobre la identidad del magistrado díscolo y su pertenencia o no al grupo de los ya relevados en el Constitucional con la reciente renovación.

La primera prueba de fuego del nuevo sistema puede llegar en el pleno de enero próximo. Antes, a mediados de diciembre, habrá una primera reunión plenaria de tanteo en la que no se tomarán decisiones relevantes. Pero ya está preparada, por ejemplo, la sentencia sobre la reforma educativa de la ley Celáa. La ponencia —elaborada por el magistrado Ricardo Enríquez— propone entre otras cosas declarar inconstitucional la posibilidad de negar subvenciones a los centros escolares que segreguen por sexos. En el sector progresista se estima que esta exclusión de las ayudas públicas tiene su razón de ser. El acuerdo no parece fácil, porque el dilema se reduce a secundar o no las previsiones de la ley, sin mucho margen para las medias tintas.

En medios del tribunal, no obstante, se destaca que habrá muchos otros casos y muchos otros aspectos de esta misma reforma educativa en la que han de ser viables las aproximaciones. Por ejemplo, en lo que se refiere al tratamiento de la escuela concertada o en relación con la enseñanza del castellano y su presencia como lengua vehicular en el sistema educativo de las comunidades en que existe idioma cooficial. Este punto es muy importante sobre todo en el caso de Cataluña, a tenor de las propias demandas de la Generalitat sobre cuestiones lingüísticas y producción audiovisual, puestas de manifiesto durante la negociación presupuestaria. Si en cuanto a la ley Celáa se observan distancias insalvables, se estudiará que en el pleno de enero puedan incluirse otros asuntos que permitan una resolución por consenso, para tratar de dar mínima credibilidad al supuesto periodo de pax romana.