El derecho a tener nombre de la pequeña Fátima

“El juez merece un gran ‘¡bravo!’ Y el Estado español ha estado grandioso en mi caso, pero detrás vienen muchos niños aún sin derechos”. Catherine Cristine Elimbi agradece emocionada la decisión de la justicia española, que esta semana ha dado una identidad a su hija Fátima al inscribirla en el registro civil, a pesar de que nació en Orán (Argelia), durante el trayecto de cinco años entre Camerún y Córdoba, donde ahora reside.

Elimbi, de 26 años y embarazada de ocho meses, habla rodeada de olivos, silencio y horizonte en una casa de acogida de la Fundación Emet Arcoíris, ubicada sobre una loma a las afueras de Montilla (Córdoba). Allí pasó sus cuatro primeros meses tras llegar en patera a Almería desde Argelia, donde pagó 4.600 euros para poder cruzar el Mar de Alborán “aterrorizada” junto a su hija, de 19 meses.

Los bebés extranjeros apátridas que nacen en el viaje hacia Europa y carecen de partida de nacimiento están al albur de los funcionarios de los registros civiles de todo el país, que a veces los inscriben y otras veces ponen pegas por la falta de documentación. Los papeles desaparecen a menudo en el tortuoso viaje en patera y finalmente los menores migrantes acompañados sufren esta carencia.

A pesar de tener un nombre, apellidos y una prueba de ADN que acredita el parentesco con su madre, el Estado español se niega a reconocerlos y permanecen invisibles. Un escollo para escolarizarse, regularizar su situación, o acceder a la sanidad. De ahí la trascendencia de la resolución motivada del juez Francisco José Ortega, responsable del registro civil de Montilla y titular del Juzgado de Instrucción 2 de esta localidad de 22.700 habitantes, que ha puesto blanco sobre negro por qué España debe atender a esos bebés que cada mes llegan a las costas canarias y andaluzas como firmante de tratados internacionales que les amparan.

“Los tribunales estamos obligados a aplicar las leyes respetando los derechos fundamentales. Yo desde luego sigo convencido de la decisión justa y de que no hay obstáculo para que España no inscriba a esos niños al aplicar directamente un tratado internacional como el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, explica el magistrado por teléfono. “Me plantearon el caso y automáticamente pensé en la perspectiva de los derechos humanos”, confía sobre la propuesta de la Fiscalía cordobesa para inscribir a la menor, que acude a una guardería del centro de Córdoba, donde ahora reside su madre.

Elimbi sufrió un matrimonio forzoso en Camerún, dejó allí a una hija de cinco años con su abuela, y en su huida pasó tres años en Malí con su actual pareja, que no pudo pagar el viaje a la Península y permanece en Argelia. “Allí la vida vale menos que cero, estás en continuo peligro, incluso ante la policía”, explica en francés. Estudió hasta los 18 años y aquí quiere aprender español cuando su cuerpo recupere fuerzas tras el periplo y el embarazo, y quizás quedarse en España.

El auto de Ortega ha sido celebrado por las ONG que atienden a estas mujeres y sus hijos, y que hasta ahora carecían de una resolución judicial sensible al desamparo de estos menores, en un limbo jurídico nada más nacer. Ante la tendencia ascendente de estos casos con menores acompañados, en 2018 nació el proyecto Ödos para orientar a estas mujeres migrantes, procedentes de países como Costa de Marfil y Guinea-Conakry en su camino hacia Francia, destino final de la inmensa mayoría.

En la residencia de Montilla duermen ahora 10 niños y 22 mujeres que huyeron de los matrimonios forzosos, la mutilación genital o la violencia machista, y que suelen quedarse unos tres meses antes de cruzar los Pirineos para encontrarse con la familia o amigos e iniciar una nueva vida. Pero para coger impulso y atravesar la frontera es esencial estar documentado. “El registro civil de Montilla acepta el acta policial de patera donde le asignan un NIE temporal, pero no es lo normal. Pese a que otras mujeres no le dan tanta importancia al papeleo, Catherine ha entendido la importancia de la gestión administrativa porque sabe leer y escribir”, explica Teresa Girón, directora del centro.

Desde Almería, Francisco Morenilla, abogado de oficio especializado en llegadas marítimas, puntualiza que en los registros civiles de Roquetas de Mar y El Ejido se topan a menudo con trabas de los funcionarios. “Las mujeres llegan sin documentación, pero les piden certificados de nacimiento de los niños y tratamos de conseguirlos, pero no siempre se logra por una burocracia documental insalvable. A veces tienen que mentir y decir que no están casadas para no aportar el certificado de matrimonio”, ejemplifica. Isabel Martínez, trabajadora social en un centro de migraciones de esa provincia andaluza, protesta: “Hay consulados fáciles para la documentación como Gambia, Costa de Marfil y Marruecos, pero otros como Argelia son muy complicados. No tiene sentido, con la prueba de ADN, ¿qué más le da al registro civil si están casados o no para darle una identidad al bebé? En Andalucía pueden tener tarjeta sanitaria, pero luego pueden tener problemas para su escolarización y les quitan derechos”.

En el proyecto Ödos, que desde hace un año financia en parte el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, están implicadas varias ONG, entre ellas la Fundación Profesor Uría. El abogado José Alberto Navarro, a la que pertenece, ensalza “las agallas” del juez Ortega: “Es un auto magnífico y de gran valor porque ha sido valiente en su interpretación correcta y fundada del derecho. Da respuesta a esos niños que no se pueden empadronar y su vida será ahora mucho más fácil. He visto casos en los que se protege a la madre y no al hijo. ¿Cómo es posible que eso ocurra?”, interroga.

Navarro afirma que este caso “ha salido bien porque hemos aprendido mucho en estos tres años” y es optimista sobre los próximos procesos que implica la identidad de los menores acompañados: “Tengo la intuición de que se asentará esta respuesta en la jurisprudencia”, dice. Proyecto Ödos tiene abierto otro caso similar en San Sebastián, recurrido a la justicia tras la negativa inicial del registro civil donostiarra.

En su resolución motivada, el juez Ortega exponía con claridad por qué el primer derecho de estos niños extranjeros es la posibilidad de existir para el Estado español: “Si no existe, no tiene libertad ninguna que respetar, ni derecho que ser reconocido, es decir, lisa y llanamente no tiene personalidad jurídica cognoscible, no es nada en la realidad jurídica”.