El Gobierno aprobará este martes el reglamento para facilitar papeles a jóvenes extranjeros

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el cambio del Reglamento de Extranjería que facilitará la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo a menores y jóvenes extranjeros que emigraron solos a España. La aprobación, que se da prácticamente por hecha, supone una victoria para el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que lleva desde abril enfrentando las resistencias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para sacar adelante la medida.

El cambio normativo modifica requisitos y plazos que actualmente suponen una barrera para que tanto los menores extranjeros tutelados por las comunidades autónomas como los que cumplen la mayoría de edad puedan vivir y trabajar legalmente en España. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la reducción del plazo a partir del cual se comienza a documentar a los más pequeños, que pasará de los nueve meses actuales a tres. Otro cambio importante afecta a los que cumplen 18 años y quedan fuera del sistema de protección. Este colectivo necesita demostrar ingresos de entre 500 y 2.000 euros para poder obtener o renovar su residencia y cuando la obtienen no se les permite trabajar. La nueva norma reduce los requisitos económicos a menos de 500 euros que pueden provenir además de ayudas sociales o que no son necesarios si hay una organización que se hace cargo del joven. Las nuevas autorizaciones además sí permitirán trabajar. La iniciativa beneficiará a unos 8.000 menores y entre 7.000 y 8.000 jóvenes hasta 23 años, según los cálculos de Migraciones.

El cambio del Reglamento de Extranjería es la medida más importante en el ámbito de las migraciones impulsada por Escrivá. El ministro, que considera que es un paso necesario para la integración sociolaboral de los jóvenes extranjeros, se encontró rápidamente con las reticencias de Interior, respaldadas en algunos puntos por Exteriores. El departamento de Grande-Marlaska pidió algunas modificaciones puntuales del texto original, pero sobre todo argumentó que facilitar trámites a menores que migran solos supondría un efecto llamada para “millones” de jóvenes. Interior consideraba además que la crisis de Ceuta, donde permanecen al menos 500 menores en los centros de acogida más un número indeterminado en las calles, no era la coyuntura ideal para el plan de Escrivá.

El pulso entre ministerios y el debate sobre si era el momento oportuno para aprobar la iniciativa llevó al Ministerio de Presidencia a paralizarla justo cuando estaba a punto de llegar al Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. Durante estos dos meses, según fuentes conocedoras del proceso, se han mantenido conversaciones al más alto nivel en las que tanto Escrivá como Grande-Marlaska estaban enrocados en sus posiciones. Ante la presión ejercida por comunidades autónomas, ONG y partidos políticos, como el PNV, Escrivá mantuvo en septiembre que su plan se aprobaría “próximamente”, aunque en su entorno el pulso no se vivía con el mismo optimismo. Finalmente, y aunque no ha trascendido el porqué, el proyecto se ha desbloqueado y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.