González Laya declara como imputada por la entrada en España del líder del Polisario

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Gali, tomará este lunes declaración como investigada (antigua condición de imputada) a la anterior ministra de Exteriores, Arancha González Laya. El juez Rafael Lasala acordó citar a la exministra después de que su ex jefe de Gabinete, Camilo Villarino, declarase que González Laya le dio instrucciones para facilitar la entrada de Gali en España sin necesidad de someterse al control de pasaportes, lo que permitiría el código Schengen (el espacio europeo sin fronteras), y se mostrara convencido de que la decisión de acoger al líder saharaui no la tomó ella sola.

A través de la Abogacía del Estado, la exministra solicitó prestar declaración por videoconferencia, alegando sus compromisos profesionales, pero el juez denegó la petición por considerar que no se habían acreditado suficientemente dichos compromisos, que la distancia de Madrid a Zaragoza no es relevante y que “la inmediación real” de la declaración “resulta esencial” y “difícilmente puede ser suplida por una conexión telemática […]sometida a fallos técnicos que hacen imprevisible la seguridad de la práctica de la diligencia de forma eficaz”.

Aunque, según fuentes gubernamentales, la decisión última sobre la acogida de Gali por razones humanitarias (se le trató en un hospital de Logroño de una grave afección de la covid) la tomó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es previsible que la exministra se acoja a su deber de secreto para no revelar el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior. Un acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 declaró secretos aquellos documentos o informaciones “cuya revelación no autorizada pueda dañar o poner en grave riesgo […] las relaciones diplomáticas con terceros países”. La entrada de Gali en España, el pasado 18 de abril, sirvió como desencadenante de una grave crisis diplomática con Marruecos, que tuvo su momento álgido con la entrada de más de 10.000 inmigrantes irregulares en Ceuta a partir del 17 de mayo.

Este lunes también debe declarar como testigo el ex secretario general técnico de Exteriores José María Muriel Palomino, a quien correspondía autorizar la entrada del avión del Estado argelino en el que llegó el líder del Polisario. A iniciativa de las acusaciones populares, que ejercen los abogados Juan Carlos Navarro y Antonio Urdiales, el juez ha citado también como testigos, para el día 18, a la entonces directora del Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo y actual presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda, Isabel Valldecabres, quien días antes de la llegada de Gali llamó a Villarino para interesarse por el asunto; y a Susana Crisóstomo Sanz, jefa de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se opuso a la acogida del líder saharaui, pero le brindó escolta policial. La posibilidad de citar a la propia Carmen Calvo ha quedado pospuesta para más adelante.

El juez aún no ha resuelto una petición de la abogada del Estado para que archive las diligencias porque la entrada de Gali fue “conforme a Derecho” y no se ha acreditado delito alguno. La sala investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación, encubrimiento y falsificación de documento y ha preguntado si por parte de alguno de los 26 países del espacio Schengen existía alguna alerta sobre Gali. Hasta ahora, en contra de lo que aseguró en el Congreso el líder del PP, Pablo Casado, no consta que existiera orden alguna de búsqueda y captura contra el líder del Polisario.