Francisco Martínez, ex ‘número dos’ de Interior: “El ministro me dijo que pidiera al CNI información sobre Bárcenas”

El Congreso de los Diputados reanuda el próximo martes 5 de octubre la investigación del caso Kitchen, una operación policial dirigida desde el ministerio del Interior para, supuestamente, robar documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera ser comprometedora para el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy.

La comisión parlamentaria de investigación volverá a reunirse el próximo martes cuando se han producido algunas novedades relevantes en el caso. El juez instructor, Manuel García Castellón, considera que existen suficientes indicios de una operación policial ilegal para obstaculizar la investigación judicial sobre la corrupción del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy. El juez decidió procesar y sentar en el banquillo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que participaron en una operación que usó a confidentes pagados con fondos reservados.

El número dos de Interior cuando sucedieron los hechos, Francisco Martínez, compareció por última vez ante el juez instructor el pasado 12 de julio de 2021. En esa declaración, Martínez detalló todos sus movimientos como secretario de Estado a partir de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso el 1 de agosto de 2013. Ese día, con el Gobierno del PP a punto de caer acorralado por la corrupción que apuntaban los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS y la confesión del extesorero al juez, Rajoy pidió perdón por confiar en Bárcenas, al que nombró tesorero nacional del PP en 2008.

Martínez detalló al juez que un día después de aquella comparecencia, con Rajoy, su Gobierno y el PP, acorralados por las revelaciones de Bárcenas, el ministro le hizo un encargo: “El día 2 de agosto, lo que me dice el ministro [del Interior] es que es importante tener toda la información que afecte a cuentas y cuestiones que eran parte de los eventuales delitos del señor Bárcenas y que desde luego esas cuestiones no implicaban a nadie más del Partido Popular”.

Cuando Martínez recibe esa orden de su ministro, Jorge Fernández, han pasado casi cinco meses desde que la Audiencia Nacional investiga los papeles de Bárcenas, con la colaboración de los policías de la UDEF y con numerosa documentación procedente de comisiones rogatorias que detallan todos los pasos del dinero de Bárcenas en Suiza. Y aunque la investigación judicial está centrada en documentar y probar todos los delitos cometidos por el extesorero del PP, el Gobierno decide encargar al secretario de Estado de Seguridad una investigación especial sobre Bárcenas cuyos resultados nunca se pusieron a disposición del juez instructor.

Martínez continuó su relato al juez: “El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas”.

El ex secretario de Estado de Seguridad, empeñado en la tarea de conseguir información sobre Bárcenas pese a que ese trabajo estaba judicializado desde hacía cinco meses, hace gestiones con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, sin informar en ningún momento al juez del caso. “El ministro me dice que llame directamente al director del Centro Nacional de Inteligencia [Félix Sanz Roldán], que era mi interlocutor habitual en estos casos, y yo llamo al director del CNI siguiendo la instrucciones del ministro, tenemos una comunicación muy breve en la que él me dice que en fin, que eso no es parte de la inteligencia que ellos están captando pero que naturalmente si ellos tuviesen algún tipo de información sobre este asunto, pues lo pondrían a disposición de los investigadores, y que colaborarían como en tantas ocasiones colaboraba el Centro Nacional de Inteligencia con la Policía y con la Guardia Civil”. Martínez matiza tras este pormenorizado relato de hechos que todas aquellas gestiones fueron legales pese a hacerse a espaldas del juez que investigaba esos mismos hechos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, rechaza esta versión de los hechos y asegura que nunca dio órdenes para investigar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Las agendas del comisario jubilado sobre la conjura contra Bárcenas: “Chisco [Francisco Martínez] quiere plan para salir del caso L. B.”

La operación policial de espionaje a Bárcenas se inició en julio de 2013, según los documentos oficiales incorporados al sumario de este caso.

El 13 de julio de aquel año 2013, el comisario José Manuel Villarejo, que intervino activamente en la Operación Kitchen, apuntó en su diario. “CHISCO [apelativo con el que identificaba a Francisco Martínez] quiere plan estratégico para salir del caso L. B. Comida 14.30, restaurante Guetaria”.

El juez preguntó a Martínez por este apunte y el secretario de Estado respondió: “Eso responde a pensamientos y reflexiones del señor Villarejo, él mismo lo ha declarado así. Yo no tenía el más mínimo interés en tener un plan estratégico contra L. B. No he visto en mi vida a ese señor”.

La comisión parlamentaria que investiga el caso Kitchen se interrumpió cuando estaba a punto de comparecer Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha en los años que ocurrieron los hechos. El juez había decidido citarla como imputada ese mismo día. Tres meses después y tras oír su declaración, el instructor interpretó que no había indicios suficientes para sentar en el banquillo a la jefa política del PP e interlocutora del comisario Villarejo, uno de los policías que captó como confidente al chófer de la familia Bárcenas y le pagó mensualmente una cantidad de 2.000 euros procedente de los fondos reservados del ministerio del Interior. La imputación de Cospedal duró apenas tres meses.

Fiscalía Anticorrupción: “Otros dirigentes del PP han tenido conocimiento de la Operación Kitchen”

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto que ponía fin a la investigación y retiraba la imputación a Cospedal. En su escrito, la Fiscalía implicaba a la dirigente del PP en la operación Kitchen: “Otros indicios apuntan a que, de forma paralela, dirigentes del Partido Popular como María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, habrían tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen, cuya responsabilidad penal en los hechos objetos de investigación está siendo dilucidada a través de diligencias de investigación muy recientemente practicadas, y sobre cuyo resultado resulta imprescindible practicar nuevas diligencias de corroboración”.

Aquella operación policial obtuvo escasos frutos. Todos los documentos robados a Bárcenas y su familia no agravaban las acusaciones que ya pesaban sobre el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía Anticorrupción resumió así la causa en el escrito con el que recurrió contra el fin de la investigación: “Las actuaciones practicadas han aportado sólidos indicios de los frutos obtenidos en el curso del operativo policial desplegado y conocido como Operación Kitchen, como la entrada en el estudio de Rosalía Iglesias Villar sito en la calle General Díaz Porlier número 32 de Madrid, donde el comisario principal Enrique García Castaño habría accedido sin autorización judicial en busca del material comprometedor para el Partido Popular o la descarga ilegal del contenido de dos dispositivos telefónicos pertenecientes a Luis Bárcenas ejecutadas por este comisario principal jefe de la UCAO”.

Villarejo en una entrevista en la cárcel: “Están esperando a que Rajoy se cueza en su salsa”

El comisario José Manuel Villarejo accedió a entrevistarse en la cárcel con un periodista de EL PAÍS y contó su versión sobre la operación policial Kitchen en la que participó desde el principio de una manera activa y a la que puso nombre (”cocina”, en inglés, porque el nombre del confidente era igual al de un famoso cocinero). Villarejo no solo se encargó de captar al colaborador principal del operativo, Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, sino que se encargó de pagarle durante meses por sus servicios con dinero de los fondos reservados. Y todo ese trabajo lo documentó, con recibís firmados por el confidente y con grabaciones de las conversaciones entre ambos para conocer los avances de la operación. Ese material probatorio figura en el sumario.

Lo que sigue son todas las respuestas que Villarejo dio a EL PAÍS cuando le preguntó por el caso.

Pregunta. ¿De quién fue la idea de la Operación Kitchen?

José Manuel Villarejo. Se le ocurrió a alguien del Gobierno. A mí me contratan en plan privado. Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y de montar el tinglado y dijeron: ‘hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas’. Me avisaron y yo puse una serie de condiciones, como he declarado en el juzgado. Prueba de ello: que yo no participe activamente es que en los momentos nucleares a mí me apartaron, yo no soy el que entra en el despacho, el señor que entra en el despacho lo ha declarado. Lo mismo que ha declarado el que accede a los teléfonos. Yo estoy dentro de la cárcel, en teoría soy el inductor, y el autor material está fuera. Fíjese qué aberración jurídica, es como si el asesino confiesa y lo dejan en la calle, y el inductor…

P. ¿Fue una chapuza esta operación?

J. M. V. Era una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable.

P. ¿Y la idea original era del ministro del interior?

J. M. V. No. De mucho más arriba. Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba.

P. Si se está refiriendo a Mariano Rajoy, sabe que no hay una sola prueba de eso que está diciendo en todo el sumario del caso…

J. M. V. Creo que sí las hay, lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben. Él ha intentado buscar de alguna manera una solución, pero la única solución está en sus manos.

P. Usted habla en el sumario de una grabación de Bárcenas a Rajoy en el palacio de la Moncloa. ¿Existe esa grabación?

J. M. V. Igual sí. Bárcenas grabó a Rajoy… pero todo ese tipo de cosas…

P. ¿Pero usted ha oído esa grabación?

J. M. V. No. Yo no la llegué a oír porque cuando llegó la operación en sí no me dejaron, me engañaron aprovechando que yo estaba en el extranjero, en el Líbano, e hicieron la operación. Porque yo dije que quería una copia de todo lo que se encontrara porque yo ya había hablado con algunos jueces de la Audiencia Nacional y les había dicho: “si sale bien os doy una copia y vosotros veréis lo que hacéis”. Yo me he reunido con jueces y fiscales y les he contado cosas que oficialmente no quería que ellos supieran. Las charlas que yo tengo de la Kitchen con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están… Otra cosa es que esté encriptado, como dicen ellos, y no quieren que salga… Pero a mí esa grabación nunca me la dieron, me informaron de que había.

P. ¿Quién filtró los documentos que le robaron a Bárcenas?

J. M. V. Esa decisión no fue mía, yo tenía otros planteamientos y por eso… Lo de la Kitchen está documentado que yo no tengo nada que ver en el sentido del tema. Lo que ocurre es que lógicamente me tendrán que acusar de algo, fíjese si es alucinante que la Kitchen en teoría la he preparado yo y en el Congreso se han puesto de acuerdo el PSOE e IU para que yo no vaya. Eso es una pantomima entonces, ¿no?

P. ¿Pero quién le dice a usted que hay que montar la Operación Kitchen para robarle documentos a Bárcenas?

J. M. V. Me lo dicen desde la señora Cospedal, hasta el ministro, el secretario de Estado…, el único con el que no hablo yo personalmente pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy.

P. ¿De todo eso hay grabaciones que lo demuestren?

J. M. V. Creo que hay documentación, no lo sé. Yo he pedido una copia de todo lo que me contaron y no me la dan.

Un número de teléfono para implicar al presidente del Gobierno y otras pruebas

El comisario Villarejo cambió en mayo pasado la versión que dio a EL PAÍS —”con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios, es con el señor Rajoy— en su última comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados. En esa intervención, Villarejo sorprendió a todos al explicar que se comunicaba con Mariano Rajoy a través de un número de teléfono que le facilitaron para ponerle al día de las novedades del operativo para robar documentación a Bárcenas.

Tras esta confesión, Villarejo facilitó al juez instructor del caso varios números de teléfono que, supuestamente, correspondían a sus contactos con el presidente Rajoy. La policía ha investigado ese número de teléfono y en un informe remitido al juez asegura que se trata de un número asociado a los teléfonos corporativos del Partido Popular. La investigación no ha profundizado más, pese al interés de la Fiscalía Anticorrupción por conocer el usuario de ese número.

Ese número de teléfono es la última prueba de las que se han presentado durante la investigación judicial para acreditar una operación policial que se hizo a espaldas del juez, sin ninguna cobertura legal, y cuyo objetivo, según el instructor y la Fiscalía, era ocultar pruebas que pudieran agravar la situación judicial del PP en relación con la presunta financiación ilegal de este partido.

Casi tres años de investigación judicial en una pieza separada del caso Villarejo han dado lugar a decenas de pruebas de una operación policial en la que participaron media docena de comisarios, decenas de policías (que hicieron seguimientos a la mujer de Bárcenas sin conocer el objetivo real de su trabajo), y con el supuesto conocimiento de los máximos responsables políticos del ministerio del Interior: Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. Las pruebas son, resumidas, las que siguen.

1. Registro al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En su teléfono móvil se halló un detallado informe sobre lo ocurrido que escribió el propio Martínez como una supuesta terapia psicológica que le recomendaron para superar el momento que atravesaba como consecuencia de la apertura de la investigación judicial. En esas notas, Martínez admitía que la operación se había hecho y responsabilizaba a sus superiores: “Recibí instrucciones muy concretas y tuve presión diaria para obtener y transmitir la información. A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos”. Para finalizar, Martínez reflexionaba sobre las causas que originaron una situación tan comprometida: “El desastre que supuso la detención del Yeti [apodo de Villarejo] lo provocó F. S. R. [Félix Sanz Roldán], entonces director del CNI) con pleno conocimiento de S. S. S. [la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría] y bajo la pasividad total de [Juan Ignacio] Zoido [entonces ministro del Interior], que no se enteraba de nada”. En ese registro del domicilio de Martínez también se intervinieron las actas notariales donde el ex secretario de Estado de Seguridad dejó constancia de los supuestos mensajes que le envió a su móvil el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole que se interesase por la operación policial que se había puesto en marcha.

2. Pago de fondos reservados del Ministerio del Interior. Recibos por 2.000 euros mensuales con la firma de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, aparecen en el sumario del caso. Corresponden a los pagos al confidente con dinero de los fondos reservados del ministerio del Interior que le hicieron el comisario Villarejo y el inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de Cospedal.

3. Grabaciones. El comisario Villarejo grabó sus conversaciones con el chófer de la familia Bárcenas durante los meses en los que este trabajó como confidente para el Ministerio del Interior. En esas conversaciones se delata el plan para sustraer documentación relevante al extesorero del PP.

4. Partes de seguimiento del espionaje ilegal. Los policías encargados de seguir durante meses a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, dejaron por escrito unos partes sobre los movimientos de su objetivo. Algunos de ellos explicaron al juez que ignoraban el objetivo perseguido con aquellos seguimientos, los agentes confesaron que se limitaron a seguir las órdenes que les dieron sin preguntar.

5. El juez instructor no conoció la investigación policial paralela de Interior. El Ministerio del Interior nunca puso a disposición del juez Pablo Ruz, que investigaba el caso Bárcenas, todo lo descubierto en la Operación Kitchen, según explicó al juez el inspector Morocho, principal investigador del caso a través de la UDEF.

6. Compra de ordenadores para facilitar información al ‘número dos’ de Interior. El comisario Enrique García Castaño relató al juez todas sus actividades dentro de la Operación Kitchen. Entre ellas, compró un ordenador para volcar en él toda la información robada a Bárcenas y que pudiera consultarla el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este lo negó. El recibo de la compra de ese ordenador está en el sumario.

7. 13 agendas del comisario Villarejo. Durante los años en que estuvo activo el operativo policial Kitchen, el comisario Villarejo apuntó en distintos cuadernos sus actividades diarias, sus charlas con distintas personas y sus citas. Esas agendas, incorporadas al sumario, cuentan una historia de la Operación Kitchen a través de distintos interlocutores, entre ellos el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

8. Declaraciones de los participantes en la operación policial. El espionaje a Bárcenas y a su familia para buscar los secretos que supuestamente guardaba sobre la financiación ilegal del PP fue corroborado en la Audiencia Nacional por algunos de los comisarios que participaron en la operación como Enrique García Castaño o José Manuel Villarejo, además de las explicaciones dadas por el confidente Sergio Ríos.