El Juzgado mantiene paralizadas las devoluciones de menores en Ceuta

La crisis de menores en Ceuta se recrudece. Un juzgado de la ciudad autónoma ha decidido este martes mantener suspendidas las devoluciones de niños marroquíes, que no cumplían con los “preceptivos trámites” que marca la legislación española. La jueza sustituta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad, María Francisca Lorite, ha fallado a favor de mantener las medidas cautelares solicitadas por Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces por las que se paralizaron el pasado 16 de agosto las repatriaciones inminentes de ocho menores que habían sido trasladados a la frontera. Al menos 55 ya habían sido devueltos desde el viernes 13, durante tres días consecutivos.

Ante la situación generada por este contundente auto, que bloquea la salida pactada entre el Gobierno y Marruecos —país que había aceptado la devolución de los menores—, el presidente, Pedro Sánchez, ha llamado al jefe del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas, del PP, para buscar soluciones. Sánchez ha citado mañana en La Moncloa a Vivas para encontrar entre los dos una salida a la crisis mientras el juzgado mantiene paralizada la que había negociado con Marruecos y que el dirigente ceutí apoyaba.

De momento no hay concreción sobre posibles soluciones, como el traslado de los más de 700 menores bajo tutela de la administración local —o al menos una parte— a centros de acogida en otras comunidades en la Península, pero Sánchez tiene la intención de ofrecer toda la ayuda posible a Vivas y pactar con él una salida. Hasta ahora el Ejecutivo había encontrado muchas dificultades para distribuir a estos menores por la península por las reticencias de varias comunidades.

Desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde el ministro del Interior ha acudido a la llegada de un nuevo vuelo de afganos desde Dubái, Grande-Marlaska se ha referido a la reunión de este miércoles en Moncloa a preguntas de los periodistas y ha señalado que su departamento “no es competente” en materia de la tutela de menores no acompañados, tampoco para “resolver o decidir sobre ningún retorno asistido” de esos niños y adolescentes. En esa falta de competencia ha basado el ministro que su departamento no haya adoptado “ninguna decisión”, según sus palabras. “Si uno no es competente, difícilmente se puede sentir desautorizado”, ha subrayado Grande-Marlaska, en respuesta a una cuestión de una periodista que lo inquería en ese sentido. “La reunión de mañana es la reunión de las instituciones de la ciudad autónoma de Ceuta y el Gobierno de España con el fin de resolver lo que se quiere resolver desde el primer momento en interés del menor”, ha concluido el ministro, que ha asgurado que “durante todo el tiempo” ha existido una comunicación “permanente y directa” entre todas las instituciones.

01:49

MARLASKA defiende que INTERIOR no es "COMPETENTE" de la TUTELA de MENORES NO ACOMPAÑADOS

El Gobierno estaba completamente decidido a repatriar a Marruecos a los niños y adolescentes, y lo exhibía como una muestra de la nueva relación con el reino de la monarquía alauí después de la durísima crisis que estalló precisamente por la entrada masiva de menores y adultos que permitieron los policías marroquíes en Ceuta en el paso fronterizo del Tarajal a mediados de mayo. El Ejecutivo sostiene que hay garantías para estos menores, puesto que se hará cargo de ellos la autoridad marroquí de reagrupación familiar, que además se ha comprometido a ofrecer información individualizada del destino de cada niño. Por el contrario, diversas organizaciones sociales y Unidas Podemos señalaban que Marruecos no es fiable a la hora de atender a estos menores.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió este martes poco antes de que se conociera el auto que estos menores deberían volver cuanto antes a Marruecos para reunirse con sus padres y poder comenzar el curso escolar en septiembre. Pero la decisión judicial, que el Ejecutivo no esperaba, altera los planes. Por eso Sánchez, consciente del enorme problema que supone para Ceuta y para Vivas la permanencia de estos menores en una ciudad autónoma con muy poco territorio y sin instalaciones adecuadas para tantos niños, cita al presidente ceutí para ofrecerle su apoyo. La relación política con Vivas es muy buena. Se trata de uno de los pocos presidentes del PP que en todo momento ha mostrado sintonía con el Gobierno para resolver la crisis.

La Moncloa trabajaba antes de la reunión con Vivas en una solución con aportaciones de varios ministerios, a los que se les pidió ideas y posibilidades legales después de estudiar a fondo el auto de la jueza. Ninguna solución parece óptima. La idea del Gobierno era devolver cuanto antes los niños a Marruecos, y para eso se podría dotar a Ceuta con todos los recursos para acelerar los expedientes individualizados de cada uno de los menores y devolverlos. Pero esa solución será sin duda lenta y el problema político y social es acuciante para Vivas, que no puede esperar más. Por eso está encima de la mesa la posibilidad de traerlos a la Península, lo que quería evitar el Ejecutivo con el acuerdo con Marruecos y que genera otro tipo de problemas, sobre todo en los lugares finalmente elegidos. Es posible que finalmente se encuentre alguna salida híbrida. En cualquier caso lo que sí garantizan desde el Gobierno es que Sánchez ofrecerá a Vivas una salida viable y no se quedará cruzado de brazos. Vivas prefiere sin duda la salida del traslado a la Península, pero también es consciente de las dificultades políticas que eso supone y de momento los contactos entre ambos gobiernos para preparar la reunión han sido muy positivos. La solución se conocerá tras el encuentro de los dos dirigentes.

El auto, en línea con la Fiscalía de Menores

El auto de la jueza, al que ha tenido acceso EL PAÍS, apoya las versiones de la Fiscalía de Menores de Ceuta y de diversas entidades, desde el Defensor del Pueblo al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que apreciaban que el procedimiento se había llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la Ley de Extranjería, la Ley del Menor y la Convención de Derechos del Niño, y que establecen la necesidad de tramitar procedimientos individualizados con expedientes propios para cada niño que pretende repatriarse. La medida ha suscitado también las críticas de la Fiscalía, expertos juristas y varias ONG, y también desde el interior del propio Gobierno, al considerar que no se estaba ejecutando con las debidas garantías jurídicas.

“No consta que se haya cumplido con ninguno de los preceptivos trámites”, incide el auto. “No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir esta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal, sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar; y tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible”.

La inexistencia de expedientes individualizados de los niños que apoyasen cada una de las repatriaciones ha supuesto el principal escollo del procedimiento, amparado, según el Gobierno de Ceuta y el Ministerio de Interior, en un convenio bilateral firmado por España y Marruecos en 2007 que no se había invocado hasta ahora para realizar devoluciones masivas. Respecto a dicho convenio bilateral, el auto judicial considera que “tan solo contiene una declaración de intenciones por los Estados contratantes para cooperar en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, y en el retorno de dichos menores”. En otro pasaje, la juez estima que este “Acuerdo suscrito por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007 [...] es un acuerdo de carácter internacional no constitutivo de tratado ni de acuerdo internacional administrativo [...], no constituyendo fuente de obligaciones internacionales”.

El Ejecutivo ceutí ya reconoció la semana pasada que no tenía informes personalizados de protección social de los menores devueltos. Tampoco la Fiscalía de Menores tenía constancia de ningún expediente abierto por parte de la Delegación del Gobierno, que es la entidad que debería haber iniciado el trámite, según se recoge en el Reglamento de Extranjería. Según señala la jueza en el auto, la legislación española “no introduce excepción alguna” sobre el procedimiento de repatriación de menores extranjeros. El fallo tumba el argumento de la Abogacía del Estado y del Gobierno de Ceuta, que se apoyaban en la “situación de emergencia” desatada en la ciudad por la crisis fronteriza en mayo, cuando más de 12.000 llegaron a cruzar por los espigones fronterizos desde Marruecos en solo dos días. Unos 1.500 menores entraron en la ciudad. Más de 700 permanecen bajo tutela de la administración local tres meses después.

El Ministerio de Interior y Gobierno de Ceuta se han señalado mutuamente como responsables de ordenar, en última instancia, la operación que alertó a numerosas organizaciones de derechos de la infancia. Según la documentación aportada por cada una de las partes, Interior habría iniciado el procedimiento, a petición del Ejecutivo autónomo. Ahora, la jueza falla que correspondía a la Delegación del Gobierno incoar —abrir— los expedientes, si los hubiera habido, y atribuye por tanto la responsabilidad al Ministerio de Interior.

El Gobierno autónomo decidió la pasada semana detener todas las devoluciones programadas (unas 15 diarias hasta concluir con un primer listado de 145 niños) ante la ordenación de la medida cautelar ahora confirmada por la magistrada. Según aseguró el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la paralización era “por prudencia” y a la espera de que el Juzgado se pronunciase sobre las cautelares. Ante esta situación, el fallo del Juzgado ceutí, que solo afectaría a ocho niños (las cautelares se solicitaron para 12 niños, de los cuales seis ya habían sido repatriados), podría afectar de hecho a todo el proceso.

Descargue aquí el auto mediante el que la justicia mantiene paralizadas las devoluciones de menores en Ceuta.