El Gobierno rectifica y recurrirá la sentencia sobre el Pazo de Meirás que reconoce una indemnización a los Franco

El Gobierno ha decidido dar marcha atrás a su decisión de no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que el pasado 12 de febrero confirmó la titularidad pública del Pazo de Meirás pero dictaminando que la familia Franco debe ser compensada económicamente. El Ejecutivo ha anunciado este martes que finalmente sí apelará ante el Tribunal Supremo el fallo, que rechaza que los herederos del dictador poseyeran la finca “de mala fe” y les reconoce el derecho a recibir una indemnización por los gastos de mantenimiento mientras fueron propietarios. En febrero el Ministerio de Justicia había descartado que la Abogacía del Estado fuera a presentar recurso de casación.

En un comunicado, el Ejecutivo esgrime este martes que la medida se adopta después de que la Abogacía del Estado haya realizado “un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia”, a la que atribuyen “errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones” de la demanda que presentó para reclamar la propiedad del pazo. El Gobierno señala que el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña afirma “erróneamente” que la Administración General de Estado había reconocido la buena fe de los herederos de Franco al ocupar la propiedad. “La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio”, recoge el comunicado.

La rectificación del Gobierno se produce después de las críticas recibidas por colectivos de memoria histórica y partidos de izquierda como el BNG. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) calificó la decisión de “dejación de funciones” por parte del Ejecutivo y un manifiesto titulado Volver a pagar por lo robado: una sentencia inasumible para un Estado democrático recabó el apoyo de 3.000 firmas, entre ellas las de personalidades de la cultura, sindicalistas, artistas e historiadores.

La decisión anunciada en un principio por la Abogacía del Estado de no recurrir contrastaba también con la posición de otras administraciones gobernadas por el PSOE que sí anunciaron sus recursos. Es el caso del Ayuntamiento de A Coruña y de la Diputación. El presidente de esta última institución, Valentín González Formoso, líder también del PSOE provincial, se desmarcó del Gobierno y afirmó: “No podemos asumir, aún encima, tener que indemnizar a los Franco por una actitud que no fue responsable con la sociedad”.

El alcalde de Sada, el municipio donde se ubica la que fue residencia veraniega del dictador, se unió a las críticas al Gobierno por su primera intención de no recurrir porque, afirmó, “además de un enorme favor económico a los Franco, es también un favor jurídico”. Benito Portela, de la formación Sadamaioría, anunció desde el principio que apelaría el fallo ante el Supremo y, al igual que la Diputación, apuntó precisamente al mismo aspecto que ahora esgrime el Gobierno para presentar su recurso de casación: el reconocimiento por parte de la Audiencia de A Coruña de que no hubo “mala fe” por parte de los Franco.