Asociaciones de policías y guardias civiles cuestionan la instrucción de Interior contra la okupación

La instrucción para agilizar los desalojos de okupas aprobada este jueves por el ministerio del Interior ha comenzado a generar discordia entre los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como Justicia policial (Jupol), los sindicatos mayoritarios de ambos cuerpos, se han mostrado este viernes insatisfechos con la nueva medida al considerar que no aclara como deben proceder los agentes para el desalojo inmediato de los okupas. Además, estiman que la instrucción debería fijar plazos claros para la devolución del inmueble okupado a su legítimo dueño.

La medida, anunciada el pasado miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados por el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, y aprobada al día siguiente, lleva como punto fuerte el aval a la Policía para que actúe de “manera inmediata” ante los allanamientos de inmuebles. Esta agilización de los desalojos solo se producirá en los casos más “flagrantes” y de mayor gravedad, mientras que en el resto de casos las fuerzas de seguridad podrán pedir el “desalojo cautelar” a las autoridades judiciales a través del Ministerio Fiscal, una vez que se acredite la titularidad del inmueble. El anuncio de esta instrucción llegó solo un día después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, remitiese su propia instrucción al respecto, en un momento de cada vez mayor presencia de este problema en la agenda política.

Para las principales asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en cambio, la medida de Interior es insuficiente. “No aporta nada nuevo y simplemente es un intento de maquillar la inacción del Gobierno de España”, señalan desde Jupol. Por su parte, la AUGC ha acusado al departamento presidido por Grande-Marlaska de no terminar de “aclarar las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones”. Además, el sindicato mayoritario del Instituto Armado ha lamentado que la instrucción no establezca “ningún plazo legal para devolver la vivienda al legítimo propietario”. Desde la AUGC apuntan que esta ausencia de plazos puede conllevar “serios problemas legales” para los agentes y reclaman mayor “concreción” a Interior para evitar los “vacíos legales”.

Según el Ministerio del Interior, en cambio, el número de allanamientos y usurpaciones de viviendas “no se han incrementado de manera notoria” este año, ya que en el primer semestre de 2020 se registraron 7.450 denuncias de okupaciones, frente a las 7.093 del mismo periodo en 2019.