El Gobierno se abre ahora a pactar el decreto municipal

El Gobierno apenas dispone de margen para evitar una derrota sonora de la que algunos de los alcaldes más importantes del PSOE advierten desde hace semanas. Todos los partidos, incluido Unidas Podemos, reiteraron este lunes su rechazo al real decreto ley que el Congreso votará la próxima semana y que establece que los Ayuntamientos cedan sus remanentes al Ejecutivo por un periodo de hasta 15 años si quieren acceder a un adelanto a fondo perdido en 2020 y 2021. La ministra María Jesús Montero sostiene que no hay otro mecanismo legal.

El PSOE ahondó su soledad en la defensa del decreto del 4 de agosto que autoriza el uso de los 14.000 millones de superávit municipales congelados en los bancos. “Los votos no dan, ministra”, avisó Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, en la comparecencia extraordinaria de Montero solicitada por todos los grupos. “Este decreto no va a salir, lo sabe usted y lo sé yo”, abundó Joan Baldoví, portavoz de Compromís, otro de los socios del Ejecutivo.

Para salvar la votación, Montero se abrió a negociar el decreto como un proyecto de ley y dejar fuera la “fórmula imaginativa”, según reconoció, para el uso de los ahorros locales. “No se nos ocurre otro instrumento alternativo que sea compatible con la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Permite que los Ayuntamientos puedan usar sus remanentes sin tener que incurrir en déficit”, defendió la ministra el método para la cesión de los ahorros locales al Gobierno y su posterior devolución durante más de una década. El PP y Vox lo calificaron de “chantaje”.

Los alcaldes interesados recibirían como compensación un 35% de sus remanentes en los dos próximos años, dentro de un fondo de 5.000 millones al que solo accederían las entidades locales saneadas. Pero el resto de partidos critican que los municipios endeudados se queden fuera. El PP, ERC, Junts y Bildu anunciaron que sus regidores no cederán sus remanentes pese a que no ingresarían hasta 374 millones en el caso de Madrid.

Pisarello planteó como alternativa que ese fondo fuera incondicional, como ya sucede con el de 16.000 millones no reembolsables para las comunidades autónomas. El PP, a través de su vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, reclamó igualmente un nuevo decreto en el que el fondo de 5.000 millones se desvincule de los ahorros locales y que se complemente esa medida con otras como la ampliación del techo de gasto a 2021.

Tras constatar la debilidad parlamentaria del Gobierno, Montero planteó excluir del decreto el gran punto de fricción de los remanentes. Con esta concesión, el PSOE abriga todavía la esperanza de que el decreto no decaiga: se mantendría la suspensión de la regla de gasto a los Ayuntamientos para 2020 —la intención de Montero es que también quede sin efecto en 2021— y el fondo no reembolsable de 275 millones, ampliables a 400, para compensar la caída de ingresos de las empresas de transporte de titularidad municipal.

“Tenemos que actuar ya y rápido. Les pido que avalen la parte que comparten”, zanjó Montero frente a la propuesta de Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Compromís de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que PP, CiU y UPyD apoyaron en 2012 y no permite el uso del superávit municipal. Incluso se planteó la modificación del artículo 135 de la Constitución, que el PSOE y el PP cambiaron de urgencia en 2011 introduciendo el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.

La falta de consenso con que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó el 3 de agosto, tras aplazar cuatro veces la votación, el contenido del decreto que al día siguiente aprobó el Consejo de Ministros recibió las críticas unánimes de toda la oposición. El voto de calidad del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, resolvió el empate entre los 12 miembros del PSOE en la Junta de Gobierno de este órgano con los 10 del PP y los representantes de Ciudadanos y Junts. IU se abstuvo. “Cuando se trata de materias complejas es mucho más difícil adoptar acuerdos por unanimidad, pero eso no quita valor a un acuerdo con una institución. La FEMP es un órgano democrático que acuerda sus decisiones por mayoría. No aceptar ese acuerdo sería como decir que es un órgano ilegítimo. Y no creo que sus señorías piensen eso”, observó Montero.