“España no puede eludir su responsabilidad con los saharauis”

Los saharauis no existen para la ley española. Los habitantes de ese pedazo de desierto que, hasta hace solo 45 años, fue la última colonia española tienen menos derechos que los descendientes de los sefardíes, expulsados hace cinco siglos por los Reyes Católicos, que pueden obtener la nacionalidad española sin haber pisado nunca España; o que los iberoamericanos, guineanos y filipinos, que puede acceder a la ciudadanía con solo dos años de residencia legal. España no reconoce a la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) y, por tanto, los saharauis no existen. Son marroquíes o argelinos. O apátridas.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de sentenciar que ni siquiera las 74.000 personas que vivían en el Sahara Occidental cuando en 1975 España inició un proceso de descolonización aún inconcluso eran españoles, a pesar que tenían DNI, pasaporte español y Libro de Familia, podían acceder a plazas de funcionario en la Administración y combatir en las filas del Ejército, tenían sus propios representantes en las Cortes franquistas y pudieron votar en el referéndum convocado por la dictadura en 1966.

Sin embargo, el Supremo ha fallado que, aunque Franco declaró el Sahara Occidental la provincia número 53 de España, nunca fue territorio español y, por tanto, quienes allí nacieron nunca adquirieron la condición de españoles; lo que les convertía en apátridas de nacimiento.

Abduláh Arabi (El Aaiún, 1966), representante del Frente Polisario en España desde enero pasado, asegura que su movimiento lucha por la independencia del Sahara y, por tanto, el reconocimiento de la RASD, pero apoya la reivindicación de aquellos saharauis que “quieren recuperar una nacionalidad que les pertenece”.

Negar la ciudadanía española a los habitantes de la excolonia, sostiene, es “negar la evidencia. Hay documentos, DNI y pasaportes. España consideraba al Sahara su provincia número 53. Es uno de los 17 territorios no autónomos que figuran en la lista de la ONU como pendientes de descolonización”.

El propio Arabi es un ejemplo: su padre, su madre y su hermano mayor eran saharuis y tenían la nacionalidad española, pero él solo tenía nueve años cuando se produjo la ocupación marroquí. Vivió allí hasta 1985, cuando escapó a España cruzando a través de Ceuta y hoy es español, pero ha obtenido la nacionalidad como cualquier extranjero, tras acreditar más de diez años de residencia legal, sin que se tuviera en cuenta su vinculación familiar con España.

“Lo que nos preocupa”, subraya, “es el trasfondo político de la sentencia. Tememos que, al igual que España se ha desentendido de la resolución del conflicto político, quiera también eludir su responsabilidad sobre los situación de los saharauis”.

El Polisario está dispuesto a prestar apoyo jurídico a la saharaui a la que el Tribunal Supremo ha negado la nacionalidad española, después de que la Audiencia de Baleares se la reconociera, para que recurra al Constitucional e incluso al Tribunal de Estrasburgo. Se apoyará en el voto particular de tres magistrados discrepantes del Supremo, que sostienen que la ley de 1975 que legalizó la retirada de la metrópoli y el decreto de 1976 que la sancionó no se pueden aplicar retroactivamente.

Este último daba un año de plazo a los saharauis para que optaran por la nacionalidad española pero esta medida, según el voto particular, carecía de validez, no solo porque resultaba inaplicable bajo la ocupación militar de Marruecos, sino porque suponía privar de la ciudadanía por un motivo que no contemplaba el Código Civil de la época.

La sentencia del Supremo ha llegado en un momento especialmente complicado en los campos de refugiados de Tinduf. Los campamentos saharauis han conseguido mantenerse a salvo del coronavirus, que se presentaba como una gravísima amenaza para su frágil sistema sanitario. A día de hoy no se ha registrado ni un solo contagio, pero el precio a pagar ha sido un férreo aislamiento.

El cierre de la frontera ha supuesto una drástica interrupción de la llegada de la ayuda humanitaria internacional, de la que los campamentos dependen para subsistir, y eso ha provocado una “emergencia sanitaria y alimentaria”, en palabras de Arabi.

Entre los proyectos que han tenido que ser suspendidos figura Vacaciones en Paz, que durante 47 años ha traído a miles de niños saharauis a pasar el verano con familias españolas, reforzando el vínculo entre ambos pueblos. En 2019 fueron más de 4.000, pero este verano no vendrá ninguno. Arabi explica que, para compensar su ausencia, se facilitará que las familias españolas puedan contactar con los niños a los que conocen de años anteriores y mandarles paquetes. Pero no será lo mismo.