El limbo territorial de Treviño ante la velocidad de la desescalada

Una niña llora desconsoladamente mientras su madre intenta calmarla. La pequeña ve injusto tener que conformarse con una hora de paseo diario. La mamá, Ariadna Ramoneda, trata de apaciguar la llantina: “La semana que viene saldremos más si nos deja el presi”. El berrinche infantil resuena a la entrada de La Puebla de Arganzón, perteneciente al enclave de Treviño (Burgos), una isla administrada por Castilla y León aunque se ubique en territorio alavés. Los planes de desconfinamiento, trazados por el Gobierno con un ámbito geográfico provincial, sumen a la comarca en toda clase de dudas. La mayoría de los habitantes tiene mucha más vinculación laboral, social y familiar con el País Vasco que con Burgos. Se preguntan si se les prohibirá desplazarse a la cercana Vitoria para ver a un pariente, al tiempo que tendrán permiso para tomarse una caña en una terraza de Aranda de Duero, 185 kilómetros más al sur, pero perteneciente a su misma provincia.

La vinculación vasca de la zona es evidente. Los anuncios públicos se escriben en castellano y en euskera. Y las oficinas bancarias son de las cajas vascas. El alcalde es Pablo Ortiz, de EH Bildu, y pide aplicar la lógica para la desescalada: “Deberíamos seguir a Álava, no es cuestión política o identitaria”. El regidor ha consultado a la Subdelegación del Gobierno en Burgos y se ha encontrado con incógnitas: “No tenían ni idea”. Ortiz indica que la sanidad de sus 500 vecinos la suele administrar la Osakidetza, el Servicio vasco de Salud, y que teme una cascada de multas si los agentes son rigurosos y aplican a rajatabla el decreto. Basta con alejarse tres kilómetros del pueblo, incluso para ir a comprar a la burgalesa Miranda de Ebro, y ya se está pisando territorio de Euskadi. Sobre el papel, las autoridades podrían sancionarlo por tratarse de desplazamientos entre distintas provincias, prohibidos hasta finales de junio, como mínimo.

Los residentes en La Puebla coinciden en que esta particularidad territorial es una fuente de problemas en tiempos de coronavirus. Andrea Carpallo, que también juega con su niña, cuenta que la semana pasada se le averió el coche y que Teletaxi, que opera en Vitoria, rechazó enviarle un vehículo. Carpallo repite una frase muy socorrida en la localidad: “Estamos en tierra de nadie”. Los trayectos, continúa, deben tener “muy buena excusa” para que no se les acuse de quebrantar la normativa aunque sea por ir a comprar a un supermercado vitoriano.

Idéntica situación se produce en Treviño, a ocho kilómetros, cuyo Ayuntamiento dirige 47 núcleos poblacionales. Una ikurriña ondea en la primera vivienda según se accede por la carretera; en la segunda, un cartel proclama en euskera, que “Treviño es Álava”. Misma tónica en el centro, donde una gran lona colgada en la pared consistorial lo deja claro: “De Burgos en contra de la voluntad de los treviñeses”. El alcalde, Enrique Barbadillo, del PNV, la puso el 8 de marzo, para conmemorar el 40º aniversario del último referéndum para adherirse a Álava. “Es de sentido común que la desescalada sea con Álava, no tenemos nada que ver con Burgos”, asevera, y destaca que la ciudad castellana está a 100 kilómetros frente a los 15 que los separan de Vitoria. Barbadillo cree que los residentes en este enclave —unos 1.300, 200 de ellos en el municipio de Treviño— “incurrirían constantemente en sanciones” porque en su día a día pasan de una comunidad a otra varias veces.

La tienda del pueblo la regentan José Vallejo y su esposa. El negocio ha crecido ligeramente, afirman, porque la gente evita los desplazamientos. Vallejo, no obstante, defiende que la cuestión se discuta en el ámbito político porque las medidas deben “adaptarse a las necesidades de las personas”. Y tiene claro lo que va a suceder: “La gente no va a dejar de ir a ver a su familia a Vitoria por vivir en Castilla y León”.

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