España deniega el 94% de las solicitudes de asilo del ‘Aquarius’

España está denegando el asilo a prácticamente todos los rescatados por el Aquarius, el buque que atracó en el puerto de Valencia en junio de 2018. Tras la mediática recepción de los 629 migrantes que Italia se negó a desembarcar, finalmente 376 de ellos formalizaron su solicitud de asilo en España. Casi dos años después, se han analizado apenas 62 casos y solo cuatro han obtenido la protección como refugiados, según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia. Medio centenar de solicitudes han sido rechazadas y ocho archivadas.

Una vez notificados sobre la negativa, los solicitantes pierden su permiso de residencia. También pierden su autorización para trabajar, así que los que ya viven de manera autónoma sin depender de la red de acogida están obligados a dejar sus empleos. Aquellos que aún necesitan apoyo económico o cursan algún tipo de formación también tienen que abandonarla. Tras el rechazo de su solicitud pasan a vivir en la irregularidad.

Entre los rescatados por el Aquarius había, sobre todo, sudaneses, nigerianos, eritreos y argelinos, además de otras 21 nacionalidades más, que salieron de Libia y fueron rescatados en el Mediterráneo Central. El grupo, recibido en el puerto de Valencia por 2.300 personas —entre traductores, policías y asistentes sociales—, tuvo un trato preferencial por parte de las autoridades. Contaron con un permiso de residencia de 45 días para realizar sus trámites sin riesgo a ser expulsados y se les dio prioridad para que presentaran sus solicitudes y entrasen en el sistema de acogida.

Tras el estudio de estos primeros 62 casos, la Comisión interministerial que analiza los expedientes ha considerado que prácticamente ninguno cumple los requisitos para obtener el estatus de refugiado, que protege a quienes tienen temores fundados de persecución en sus países por razones políticas, de raza o religión. Tampoco para la protección subsidiaria, otro reconocimiento que se da a aquellas personas que no reúnen los criterios para ser refugiadas, pero que podrían sufrir algún daño si vuelven a su país.

La denegación de estos expedientes, viene siendo motivo de queja por parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) desde que se conocieron los primeros casos el pasado septiembre. La organización defiende que en las situaciones en las que no concurran los requisitos para concederles protección, debería ofrecerse un permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias, como se hace actualmente con los ciudadanos venezolanos.

En estos casos, defiende CEAR, el permiso se justificaría por las “graves circunstancias y vulneraciones de derechos humanos” que han vivido en su paso por Libia, donde es conocido el trato vejatorio y los abusos de todo tipo que sufren los migrantes. Entre los rescatados por el buque había hombres torturados y mujeres violadas. “Esa gente me colgó boca abajo, quería mi dinero. ¿Entiendes? Me electrocutaron, no pude caminar en meses”, contó el nigeriano Jack Freeman a EL PAÍS en la cubierta.

La organización también pide “coherencia política” al Gobierno de Pedro Sánchez. “Al acoger a las personas del Aquarius, no solo se ofreció puerto seguro sino protección”, defiende la entidad. “Es incongruente que las autoridades dejen a la mayoría de estas personas en situación de irregularidad”.

El Ministerio del Interior defiende que cada expediente ha sido estudiado individualmente con todas las garantías y que han sido resueltos de acuerdo a la ley. “Lo que ofreció el Gobierno fue un puerto seguro en una situación en la que se encontraban a la deriva y con un potencial peligro para sus ocupantes. Se cumplió con esa labor humanitaria”, puntualizan.

Distinto reconocimiento han tenido los 80 rescatados que Francia acogió en un gesto de solidaridad con España. Tras el desembarco, París se ofreció a estudiar los casos de parte de los recién llegados y envió a Valencia un equipo de su Oficina para la Protección de Refugiados y Apátridas (Opfra) para seleccionar a los beneficiarios. De los 274 migrantes que manifestaron querer solicitar asilo a Francia, la delegación solo aceptó a 80, la mayoría sudaneses. A todos ellos, confirma la Opfra, se les ha reconocido el asilo. “Las entrevistas realizadas en territorio español permitieron priorizar la reubicación de personas que ya tenían buenas razones para creer que serían elegibles para obtener la protección”, explica una portavoz de la Oficina francesa.

El rechazo de las solicitudes de asilo es, en cualquier caso, muy común en España, donde apenas se reconocen un 5% de los expedientes estudiados. España cayó en 2019 a los niveles de Hungría, un país con un Gobierno ultra que ha liderado una política anti refugiados. Esa tasa tan baja está directamente relacionada con la importante afluencia de venezolanos —pero también colombianos, hondureños y salvadoreños— a los que, por norma general, no se les reconoce el derecho al asilo por no cumplir los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra para los Refugiados. España, sin embargo, antes de esta importante afluencia de latinoamericanos ya era uno de los países de la UE con las tasas de reconocimiento más bajas.