Causa y efecto

La Asamblea de la Comunidad de Madrid celebró el pasado miércoles un pleno de investidura sin candidatos. El motivo formal detrás de esta convocatoria sin precedentes fue la constatación por parte del presidente de la Cámara, Juan Trinidad, de que ni la alternativa encabezada por el líder que obtuvo mayor número de votos, el socialista Ángel Gabilondo, ni la que lidera la popular Isabel Díaz Ayuso, contaban con apoyos suficientes para prosperar. La celebración de este singular pleno puso en marcha los plazos para que la Comunidad de Madrid se vea abocada a la repetición de las elecciones si antes del próximo 10 de septiembre ninguna fuerza consigue articular una mayoría. En este caso, la convocatoria tendría lugar el 10 de noviembre, coincidiendo con una eventual repetición de las elecciones generales si, al igual que en la Comunidad de Madrid, tampoco el Parlamento central consiguiera investir a un candidato.

La celebración del pleno en la Asamblea de Madrid venía obligada por los plazos legales previstos en el reglamento, no así el hecho de que se celebrara sin candidatos. La posibilidad existe para evitar la parálisis política, pero en ningún caso para impedir que el presidente proponga a los líderes que manifiesten interés por formar Gobierno, cuenten o no con votos suficientes para ser investidos. No hacerlo fue, por tanto, una decisión estrictamente política detrás de la que se adivina, no una aplicación escrupulosa de las reglas, sino una instrumentalización de las instituciones en favor de los intereses de partido. En este caso, Ciudadanos, fuerza a la que pertenece Trinidad, y el Partido Popular, a cuya candidata apoya.

Haber permitido a Ángel Gabilondo exponer su programa ante los diputados, y, en definitiva, ante los ciudadanos de la Comunidad, era una exigencia democrática elemental, que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no han respetado sirviéndose del control que ejercen sobre la Mesa de la Asamblea. Antes que votar en contra del candidato socialista han preferido evitar que haya siquiera votación, fingiendo que resultaba indiferente rechazar la candidatura de Gabilondo por un camino o por otro. No lo es en absoluto, porque en un caso se priva de su derecho al grupo parlamentario con más escaños y en el otro se evidencia que, aun respetándolo, su programa no cuenta con el respaldo de la mayoría.

El problema es que la mayoría que ha cerrado todas las puertas a Gabilondo produce vergüenza en una de las fuerzas que la componen. El esperpento de un pleno de investidura sin candidatos es la conclusión lógica de que, a fin de aparentar que Ciudadanos no negocia con la ultraderecha, los tres partidos que aspiran a gobernar Madrid hayan optado por un ilusionismo lingüístico que, más que confundir a los ciudadanos, aspira a abolir la realidad. El último episodio ha sido la hipócrita propuesta de que Ciudadanos se limite a acordar oralmente lo que el Partido Popular y Vox han fijado por escrito, de modo que Díaz Ayuso se asegure el respaldo en un nuevo pleno. Tanto el de la ultraderecha con la que el Partido Popular no tiene escrúpulos en negociar para mantenerse en el poder, como el de Ciudadanos, enrocado en obtener ese mismo efecto, pero sin la causa.