Rumanía se enfrenta a una grave escasez de viviendas sociales. La elitización del centro de la ciudad y la devolución de las propiedades privadas confiscadas durante la época comunista expulsan a los inquilinos con pocos recursos. "Cada año se desplaza a miles de personas, y en el futuro serán más. La asequibilidad de la vivienda se tiene que convertir en una prioridad política. De lo contrario, lo que vemos hoy en día no será más que el principio de la favelización de Rumanía", denuncia Adrian Dohoratu, un activista por el derecho a la vivienda y actualmente miembro del Parlamento.
Los problemas de escasez se deben en parte a la ley de restitución (10/2001), que aunque parece tener solo efectos localizados, ha sido en realidad muy destructiva, produciendo oleadas de desalojos, gentrificaciones, aumentos de alquileres y transformaciones de viviendas en otros proyectos con fines de lucro. Esta ley fue respaldada por el discurso anticomunista dominante, que afirma que el régimen socialista perjudicó a los propietarios de entreguerras cuando nacionalizó sus propiedades, y que estos y sus herederos tienen derecho legítimamente a recuperarlas, independientemente de lo que pueda suceder a los inquilinos que actualmente las habitan. Esos vecinos que ahora se ven afectados por los desalojos pertenecen, a menudo, a grupos sociales vulnerables. Los desahucios casi no reciben atención de los medios de comunicación y los desalojados apenas cuentan con apoyo de las autoridades y de la opinión pública, porque el derecho de propiedad prevalece sobre el de los inquilinos y porque las personas que pertenecen a grupos sociales vulnerables están sometidas a un estigma social invisibilizado y marginado.