La dura lucha contra la crisis demográfica

Al contrario de lo que dice el tópico, el paisaje en Castilla y León es muy variado. Desde los Arribes del Duero hasta las parameras sorianas, pasando por las montañas del sistema Central y la cordillera Cantábrica, los pinares y castañares infinitos de las sierras abulenses, los regadíos del antiguo páramo leonés y las cuencas del Porma y del Esla, los viñedos de Toro, Peñafiel y Rueda y (cómo no) los anchos campos de cebada, trigo de invierno y remolacha, la comunidad autónoma más grande del país (y, con más de 94.000 kilómetros cuadrados, la subdivisión administrativa más grande de la Unión Europea, mayor que 16 Estados soberanos del bloque continental) reúne todas las vertientes de la España interior. Pero todas ellas tienen algo en común: falta gente.

La despoblación ha marcado y marca los rumbos de esta tierra y su solución se ha convertido en un desafío político de primer orden. Y para verlo no hay sino que comparar con las cifras de hace un siglo. El año del censo de 1920, España acababa de salir de la mayor epidemia de gripe de la historia. En estos casi 100 años, la población española se ha más que duplicado, de una estimación de 21,2 millones de habitantes hasta un padrón de 46,7 millones en 2018. En ese tiempo, la población de las nueve provincias castellanoleonesas se ha reducido en algo más de 1.100 personas y no llega a los 2,4 millones de habitantes. Algunas provincias están más afectadas que otras. En 100 años, Soria ha perdido un 42% de su población; Zamora, un 36%.

"Desde 1988 ha habido más defunciones que nacimientos", apunta Alberto del Rey, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. "A principios de este siglo, hubo una oleada de inmigración que compensó un poco, pero la crisis económica ha revertido la tendencia". Las cifras absolutas no cuentan toda la historia. "Si quitas las capitales de provincia, puedes ver que, antes que nada, lo que se ha producido es un trasvase de las zonas rurales a las urbanas", continúa Del Rey.

Cuatro de cada diez castellanoleoneses viven en las capitales provinciales, especialmente en Valladolid, con diferencia la mayor ciudad de la región. El peso de la capital como polo industrial (especialmente por su sector del automóvil) y como el centro de las actividades de la Junta han multiplicado su importancia y, en consecuencia, su población. Si en 1920 un 3% de los habitantes de la región vivía en Valladolid, ahora es uno de cada ocho.

El resultado es que uno de cada dos españoles que vive en un pueblo de menos de 101 habitantes reside en Castilla y León; sobre todo, por la gran fragmentación del mapa municipal. Hay 2.248 Ayuntamientos en la comunidad autónoma; uno de cada cuatro que hay en España. En Soria, el tamaño medio del municipio es de 484 habitantes. Son pueblos diminutos, donde el transporte público llega poco y mal, con escasa conectividad de banda ancha y donde el médico, el maestro y hasta el cura trabajan a tiempo parcial. "Siempre tuvieron una supervivencia difícil, pues de lo contrario habrían crecido más de lo que lo hicieron", cuenta un artículo en la revista Democracia y Gobierno Local. "Hasta que colapsaron con la mal llamada modernización tecnocrática de los años cincuenta y sesenta".

"En el pueblo no se puede vivir", sentencia por teléfono Jesús Hernández, alcalde de San Pedro Manrique, el mayor pueblo (el único con más de 200 habitantes) de las Tierras Altas de Soria. "Pero esta es una decisión política que tiene más de 40 años; no es de ahora. Sencillamente, se han ido quitando servicios y se han ido los jóvenes. Y esta es una comarca agrícola y ganadera; no hay más".

Asignación irregular

El problema de esta atomización no es tanto los costes de gestión —en la mayor parte de los micromunicipios la política se ejerce a tiempo parcial y sin remuneración—, sino lo que implica a la hora de asignar fondos. "Las transferencias de la administración del Estado a los municipios están directamente vinculadas a la población", explica un informe de Ignacio Molina de la Torre para la Universidad de Valladolid. "De tal forma que, por causa de la despoblación, los Ayuntamientos están recibiendo una cantidad de dinero significativamente inferior a la que recibirían de haber conseguido mantener su población en la última década". "Los municipios pequeños, en realidad, son administrados por personas que lo hacen por amor al arte", defiende Ramón Sobremonte, director general de Cajavivacajarural y de las Cajas Rurales de Castilla y León. "Y esos pueblos pequeños se oponen a perder esa administración porque no es costosa y sin ella pierden capacidad de decisión".

Para quien viaja por las carreteras secundarias de la comunidad, el paisaje parece estar ahí desde siempre y ser eterno. Pero poco se sabe de lo dependiente que es de la acción del ser humano. "La despoblación, para empezar, es un problema medioambiental muy negativo", explica Sobremonte. "Sin manos para cuidarlos, los campos se desertizan y los bosques se estropean. Y está en juego la seguridad alimentaria del país. Ahora mismo, podemos importar mucha comida, pero ¿y si no podemos?". No solo es naturaleza la que se pierde, también la historia. Con 268 inscripciones, la comunidad es la que tiene más monumentos inscritos en la Lista Roja del Patrimonio en peligro elaborada por la Fundación Hispania Nostra. "La destrucción de estos hábitats supone la pérdida de un importante patrimonio arquitectónico y artístico y la desaparición de manifestaciones culturales difícilmente recuperables", alerta un informe del Consejo Económico y Social publicado el año pasado.

Pero la mayor pérdida es la del capital humano. "La que se marcha es la gente más preparada", explica Del Rey. "Eso, evidentemente, merma la capacidad económica y la diversidad cultural y social. Ese trasvase se ha comido el bono demográfico, es decir, el empuje económico que se produce cuando la población en edad de trabajar supera a los niños y ancianos. Al final, es una pescadilla que se muerde la cola y genera más despoblación, sin dejar nada de ese potencial de crecimiento".

Un capital humano muy bien formado. En el último informe PISA de habilidades de estudiantes de secundaria, publicado en 2016, Castilla y León quedó en cabeza de las comunidades autónomas en ciencia y comprensión lectora, y solo quedó por detrás de Navarra en matemáticas; en los tres casos por encima del promedio de la OCDE. "Gracias a los esfuerzos de los maestros y del resto del personal, la escuela rural es de muy alta calidad a pesar del aislamiento y otras situaciones complicadas", explica Christina Fulconis, portavoz del sindicato educativo STECyL.

Un problema que se acumula

Pero la calidad de la educación no garantiza su atractivo. "No todas las familias están dispuestas a que sus hijos den clase solo con otros tres niños", continúa Fulconis. "En consecuencia, los pequeños no se asientan. Sobre todo se nota en educación infantil, pero evidentemente arrastra a la secundaria. Es un problema que viene fraguándose año tras año".

En lugares como en Cabrillanes (León), en la histórica región de Babia que proverbialmente hechizaba a los reyes leoneses, el problema de la despoblación se hace evidente. "El colegio aquí tiene 32 críos y atiende a tres Ayuntamientos", explica el teniente de alcalde Marcos Álvarez. "Si cada municipio tiene unos 15 pueblos, imagínate". Del otro lado de la comunidad, en Navasfrías (Salamanca), junto a la frontera con Cáceres, el problema es similar. "La escuela tiene 17 alumnos, y los vamos perdiendo año tras año", señala Esteban Alfonso, alcalde de la localidad. "¿Qué pasa con esta gente que formamos?", se pregunta Del Rey. "Pues que cuanto mejor los formamos, más los empujamos a salir fuera".

¿Qué soluciones se pueden dar al problema? La Junta de Castilla y León ha impulsado un plan decenal basado en cinco pilares: primero, incentivar la formación de empleo; segundo, apoyar el aumento de la natalidad; tercero, apoyar la integración de los inmigrantes extranjeros; cuarto, incentivar el retorno de los emigrantes a la región, y, por último, impulsar la imagen de la comunidad para atraer residentes de otras comunidades autónomas.

Las respuestas políticas no bastan, sin embargo. "Cuando se habla con la gente que vive en los municipios pequeños, se puede ver que hay un descrédito enorme", señala Sobremonte. "Porque, por mucho que se hable, se hace poco. Si realmente se quiere abordar este problema, tiene que ser un pacto de Estado, como el pacto de Toledo. Y, como tal, debe tener un desarrollo lógico, que contemple la solidaridad interterritorial que consagra la Constitución, y con una dotación financiera como pilar básico".

Para Fernando Escobillas, presidente de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, lo fundamental es reducir las diferencias entre campo y ciudad a la hora de instalar un negocio. "Atajar la brecha tecnológica, potenciar las infraestructuras como ejes vertebradores y potenciar los incentivos fiscales a quien emprenda o se instale en el ámbito rural", enumera. "De lo contrario, las pocas empresas y emprendedores se fugarán a los núcleos urbanos para abaratar sus costes". "Desde el punto de vista del gasto, creo que se deberían generar las condiciones para que se emprenda", apunta Sobremonte. "Esto implica dotar de infraestructuras adecuadas, y no solo son puentes y carreteras. Hoy en día, si no tienes conexión a Internet, ¿adónde vas a ir?".

"Yo creo que la prioridad es que la gente se mantenga", comenta Del Rey. "Porque se habla de traer gente cuando, creo, la prioridad es que los que están no se vayan. Hay que dar a los jóvenes condiciones para quedarse; primero el empleo, y luego, entre otras cosas, acceso a la vivienda".

Y solo se quedan los más mayores. Con un 24% de la población mayor de 65 años, Castilla y León es la tercera comunidad más envejecida de España, tras Asturias y Galicia. En Zamora, por cada niño menor de 10 años hay cinco personas mayores de 65; es la mayor proporción de todo el país. Y no solo envejecen los que reciben los servicios; también quienes los prestan. "El médico de aquí tiene 62 años", relata el teniente de alcalde de Cabrillanes. "Dentro de tres, a lo mejor tenemos un problema".

La 'economía gris'

Pero donde hay un problema también hay un negocio en ciernes. La economía de la tercera edad (la economía gris, como se ha dado en llamar) tiene un potencial poderoso. "Creo que es una mirada que no se está dando; que por ahí también pasa el futuro", señala Del Rey. "Es gente que tiene recursos, consumen y atraen servicios. Si en un pueblo cierras el consultorio médico, los hijos se llevan a sus padres de allí. Y una persona que ya no está en el pueblo, no compra pan, no compra cosas, y, lo que es más importante, las personas mayores cada vez tienen más poder adquisitivo y requieren servicios más especializados". "Nosotros no tenemos ningún servicio que se preste las 24 horas", explica el alcalde de Navasfrías. "Si creas una infraestructura en un pueblo como este para ayudar a la gente mayor, creas puestos de trabajo para gente joven, y es así como se mantiene el colegio".

Castilla y León cuenta con una ventaja a la hora de atraer la atención de los políticos: el sistema electoral. Las nueve provincias de la comunidad suman 31 escaños en el Congreso de los Diputados, solo uno menos que la provincia de Barcelona a pesar de tener menos de la mitad de la población. Y, a pesar de que las movilizaciones que piden una solución al problema llevan más de una década, solo ha sido la fragmentación del voto conservador —que ha hecho competitivas circunscripciones que tradicionalmente son bastiones del centroderecha— la que ha despertado la atención de los partidos en la pasada campaña.