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EDITORIAL

Bombas saudíes

El Gobierno está obligado a garantizar que los misiles no serán usados contra población civil

Un edificio destruido por un bombardeo saudí en Sana'a, Yemen.
Un edificio destruido por un bombardeo saudí en Sana'a, Yemen. EFE

Tras diez días de declaraciones ambiguas y contradictorias, el Gobierno español ha desbloqueado el envío a Arabia Saudí de 400 misiles guiados por láser. Se trata de unas bombas que Riad había comprado y pagado en virtud de un contrato de 2015 con el Ministerio de Defensa. Para justificar que vaya a producirse una entrega que provoca serias dudas respecto a tratados internacionales y que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, el ministro de Exteriores empleó ayer un argumento difícil de aceptar. Josep Borrell vino a decir que no hay que preocuparse porque esas bombas son muy sofisticadas. Al ser misiles guiados por láser, sostuvo el ministro, "no producen efectos colaterales" porque "dan en el blanco con una precisión extraordinaria".

Sin embargo, hay constancia de que bombas muy parecidas a las que va a vender España han sido utilizadas en la guerra que Arabia Saudí dirige contra los rebeldes Huthi de Yemen y que han afectado, fundamentalmente, a la población civil. Según un informe de Naciones Unidas difundido a finales de agosto, en esta guerra se producen violaciones masivas de los derechos humanos y han muerto por lo menos 6.660 civiles en bombardeos deliberados. "No existe el más mínimo esfuerzo para reducir las muertes de civiles", mantiene la ONU.

La confirmación de la venta se produce después de una serie de contradicciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Primero confirmó que la entrega se había paralizado, precisamente por el miedo a que las bombas acabasen siendo usadas contra Yemen, en un momento en que muchos países europeos debaten si deben seguir vendiendo armas a Riad. Luego tuvo que dar marcha atrás por la reacción saudí, que amenazó con retirar un contrato de Navantia para construir cinco corbetas en sus astilleros de Cádiz, una inversión de 1.813 millones de euros (por las bombas se pagaron 9,2 millones). Se trata de 6.000 puestos de trabajo en una de las zonas más golpeadas por el paro de España y es evidente que la pérdida del contrato provocaría al Gobierno andaluz un problema político de primera magnitud, justo cuando la región se encamina hacia unas elecciones. Es insólito que la ministra se lanzase a la piscina en un asunto tan complejo y luego dijese que el tema sería sometido a un profundo estudio. El orden de los factores sí altera el producto del razonamiento.

La ley española sobre el control de comercio exterior de material de defensa dictamina que no se pueden dar autorizaciones para vender armas "cuando existan indicios de que puedan ser utilizadas de manera contraria la dignidad inherente al ser humano". La posición común de la UE insta también a los países miembros a no vender armamento si hay riesgo de que se utilice para violar los derechos humanos. Al final, esa es la cuestión central. El Gobierno español está obligado a garantizar que esas bombas tan sofisticadas no van a ser utilizadas contra la población civil. No se trata de elegir entre la venta de armamento y los puestos de trabajo en unos astilleros, sino de conducir el debate al lugar donde debe estar. Es decir, en cumplir la ley y en obtener garantías saudíes de que el armamento español no será usado para castigar a una población civil indefensa.

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