Las 'prebendas' del ayuntamiento de O Porriño (actualización)

No es infrecuente que los convenios colectivos de los ayuntamientos cuenten con una partida social destinada a sufragar gastos varios de los trabajadores. Lo infrecuente es que sea el primer edil de un municipio el que denuncie el convenio por considerar dichos gastos abusivos. Esto es lo que ha hecho Eva García de la Torre, alcaldesa socialista de la pequeña localidad pontevedresa de O Porriño, tal y como se contaba en el artículo Un Ayuntamiento gallego paga a su plantilla tratamientos estéticos desde 2011, publicado el 8 de febrero pasado en la edición digital de Galicia de este periódico. El artículo ha causado consternación entre la plantilla municipal de O Porriño. A la carta de protesta de una trabajadora del ayuntamiento, se ha sumado un comunicado de los funcionarios y trabajadores del mismo que llegó a mi buzón el sábado y me obliga a actualizar este texto.

En el artículo, firmado por Elisa Lois, colaboradora habitual de este periódico, se afirma lo siguiente: El convenio colectivo que en 2011, en plena recesión económica, firmó el anterior gobierno local del PP con los representantes sindicales de los trabajadores contempla, a través de una partida presupuestaria ilimitada, todo tipo de prebendas para funcionarios e interinos que también se extienden a sus familiares directos. Las ayudas municipales que se implantaron hace seis años incluyen cursos y másteres en universidades privadas y facturas de tratamientos estéticos, tanto de ópticas como de clínicas odontológicas, además del pago de matrículas de estudios a los hijos de los empleados públicos.

Aunque se dice que esa partida presupuestaria es ilimitada, unas líneas más abajo se especifica: el capítulo dedicado anualmente en O Porriño a esas ‘prebendas’ de los trabajadores supera el millón de euros. El texto hace hincapié en un caso: La gota que colmó el vaso ha sido la factura de 15.000 euros que ha tenido que pagar la tesorería municipal a tres trabajadores de la plantilla, dos interinos y un funcionario, a razón de 5.000 euros cada uno, por la matrícula de unos cursos de Derecho a distancia en la privada Universidad de Nebrija y que en este caso, según el Ayuntamiento, podían haber sido realizados a través de la UNED.

La propia alcaldesa ha facilitado estos datos a la redactora. También el que se refiere a los sueldos de los trabajadores. Algunos de los cuales, se dice en el texto, cobran hasta 60.000 euros".

Ana Belén Gómez Sousa, lectora de EL PAÍS y miembro del personal laboral de O Porriño, me ha enviado una larga carta en la que comienza por quejarse de que Elisa Lois no se haya puesto en contacto con ninguno de los trabajadores municipales. Resumo a continuación los puntos esenciales de su discrepancia con lo afirmado en el artículo:

Respecto a la cuantía destinada a fondos sociales señala la lectora: El capítulo mencionado es el Capítulo I de la base de ejecución del presupuesto, que asciende en total a cinco millones de euros y comprende todos los gastos: sueldos, seguridad social, indemnizaciones, etc. (así como plazas provistadas pero que no están cubiertas). La parte dedicada al fondo social es de 25.000 euros. Un millón de euros es la parte dedicada dentro de los cinco millones arriba citados, a la Seguridad Social.

En un mensaje posterior, la señora Gómez me facilita las distintas partidas a las que fueron dirigidos los gastos sociales en 2016: Sanitarias: 13.642,81 euros; Escolares: 6.017,93 euros; Nacimiento de hijos:mil euros; Total: 20.660,74 euros. (La cifra pagado por nacimiento de hijos inicialmente era errónea).

La misma comunicante asegura además que los 60.000 euros de sueldo que perciben según el artículo, algunos empleados, en realidad solo se refiere a los poquísimos funcionarios de alto nivel cuyos salarios están regulados por el Estado y las Administraciones Locales conjuntamente. La gran mayoría de empleados públicos, aclara, somos laborales y auxiliares administrativos. En mi caso en concreto, mis ganancias brutas del año 2016 son 16.245,62 euros.

En el comunicado difundido por los funcionarios y trabajadores del Concello de O Porriño se insiste en los mismos aspectos y se aportan los mismos datos que la señora Gómez respecto al fondo social: "este se compone de dos partidas, dotadas con trece mil y con doce mil euros, respectivamente, para gastos sociales de toda la plantilla, tanto personal funcionario como laboral, lo que hace un total de 25.000 euros, a años luz del millón de euros que se saca de la manga la alcaldesa", señala el comunicado, que añade a renglón seguido:

"La existencia de un fondo social para los trabajadores es algo habitual en los convenios colectivos tanto de las administraciones públicas como de empresas privadas desde hace muchos años. Cuando la alcaldesa habla de que el convenio que contempla este fondo fue aprobado por el gobierno del PP, vuelve a olvidar que dos concejales del actual equipo de gobierno votaron a favor de la aprobación. ¿Acaso antes consideraban que era un buen convenio y ahora lo ven como una afrenta a los ciudadanos, o es que firman sin preocuparse por saber lo que firman?

Por último, y no menos importante, los empleados públicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a sus ideas políticas, a votar y a militar en el partido que les de la gana. Otra cosa sería que esas ideas o militancia interfirieran con su quehacer laboral, para lo cual existen procedimientos sancionadores conforme a la ley. Como no puede aplicarlos, no tiene ningún escrúpulo en recurrir a la prensa para difamar públicamente a los trabajadores.

Los trabajadores del Concello nunca nos hemos negado a hablar y negociar aspectos del convenio para corregir usos abusivos que no fueron previstos en su redacción. Pero lo que no admitimos es renunciar en bloque a todos los derechos que legítimamente nos corresponden, tal como pretende la alcaldesa".

Los funcionarios y trabajadores se refieren en el comunicado a una frase que figura en el texto de Elisa Lois que ha molestado también a Ana Belén Gómez Sousa, se trata de la que dice: una plantilla mayoritariamente afín al PP, en la que algunos de sus miembros son incluso afiliados al partido.

Desconozco si la periodista se ha puesto en contacto con un número representativo de nosotros, preguntando por nuestra ideología, escribe Ana Belén Gómez. Yo, personalmente no tengo problema en decir que soy de izquierdas. No me parece que sea algo significativo para desempeñar con objetividad mis tareas. Imagino que los periodistas también tiene ideología, algo que entiendo reservan a su esfera privada.

Elisa Lois me ha enviado un correo en el que insiste en la veracidad de sus datos y responde punto por punto a las quejas. Resumo aquí lo fundamental, como he hecho con la queja de la lectora:

Por seguir el orden de las puntualizaciones que se le han hecho a la información, es cierto que no hablé con los trabajadores del Ayuntamiento pero sí lo hice con los sindicatos, al ser estos los representantes de la plantilla.

El fondo social no es de 25.000 euros, sino mucho mayor, y a día de hoy está cubierto con un remanente de tesorería de las plazas vacantes que no se han cubierto. Supone, aproximadamente, un millón de euros la cifra de previsión de gasto.

Por último, en alusión a las afiliaciones políticas de la plantilla que la trabajadora considera comentarios discriminatorios, creo que queda claro que no son opiniones de la redactora sino de la alcaldesa.

 Entiendo que la discrepancia fundamental entre lo que dice la información de Elisa Lois y lo que señala tanto la señora Gómez como el comunicado de los trabajadores del ayuntamiento de O Porriño es la cuantía que el convenio destina a gasto social. Y en realidad, puede que las dos partes tengan su parte de razón. Porque una cosa es, como explica Elisa Lois, que dicho fondo esté cubierto "con un remanente de tesorería de las plazas vacantes que no se han cubierto", y otra que realmente se hayan gastado cifras estratosféricas como sugiere el texto. El convenio no acota, al parecer, de manera adecuada, cual es el límite de gasto del apartado de ayudas sociales en lo referente a la formación de los trabajadores. De ahí que se hayan abonado (precisamente por estas inconcreciones) hasta 15.000 euros para matrículas universitarias de tres empleados, cosa que todas las partes consideran escandalosa.Al mismo tiempo, y tal y como señala la señora Gómez, la suma gastada en 2016 en ayudas fue de poco más de 20.000 euros.

De hecho, tal y como informa el texto, los representantes sindicales se muestran dispuestos a revisar el convenio, aunque rechacen los modos de la alcaldesa. Esta es igualmente la postura de los funcionarios y trabajadores del Concello de O Porriño tal y como se desprende del comunicado aludido.

Considero que la redactora tendría que haberse puesto en contacto no sólo con los sindicatos que negociaron el convenio en nombre de la plantilla del ayuntamiento de O Porriño, sino con los propios trabajadores. El Libro de estilo de EL PAÍS señala que en caso de conflicto hay que recoger las opiniones contrapuestas. Habría sido especialmente necesario hablar con los trabajadores respecto a afirmaciones de la alcaldesa referentes a los sueldos que perciben los empleados municipales, o a las afinidades políticas de los mismos que, al fin y al cabo, son un asunto privado de cada trabajador.

Por último, creo que el titular de la noticia, que no es obra de Elisa Lois, es desafortunado, porque al referirse a tratamientos estéticos da una idea un tanto frívola e inexacta del destino de las ayudas del discutido fondo social del que disfrutan los trabajadores del ayuntamiento de O Porriño.