El sigiloso ataque aéreo: militarizando la cooperación británica

En nuestra serie sobre 'El futuro de la ayuda al desarrollo', hoy escribe desde el Reino Unido Diane Abbott, portavoz laborista de la oposición sobre Desarrollo Internacional.Las opiniones expresadas en este artículo son de la autora y no de Thomson Reuters Foundation, en cuya web se publicaron originalmente.

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Cuando el año pasado David Cameron comprometió a Gran Bretaña a gastar el 0,7% de su Producto Interior Bruto en cooperación, logró para su gobernante Partido Conservador un aire de santidad. Ahora está explotando esa santidad para impulsar algunos cambios bastante más impíos en la forma como el país gasta ese presupuesto.

La concepción pública de la ayuda al desarrollo (AOD) no incluye financiar al Ministerio de Defensa para que entrene a militares por todo el mundo en la tarea de encontrar y matar a personas que previamente ha determinado que son terroristas.

Pero, desde este mes, la gente se sentirá tristemente engañada si piensan que los 12.000 millones de libras de sus impuestos destinados cada año al presupuesto de la cooperación de Gran Bretaña se dedican sólo a reducir la pobreza en el mundo en desarrollo.

Siguiendo una exitosa campaña de lobby del Gobierno británico - y en contra de los argumentos de países donantes más sensatos y menos militarizados como Suecia- el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha ampliado la definición de la ayuda oficial al desarrollo para que se permita que estos fondos se usen para fines militares.

Helen Clark, responsable del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, dijo la semana pasada que estos cambios normativos pueden dañar e incluso desestabilizar a los países pobres.

Objetivos que cambian

La militarización del presupuesto de la ayuda por parte del Gobierno supone una burla del compromiso legal del Reino Unido de usar la cooperación sólo para reducir la pobreza, e inevitablemente alejará la ayuda al desarrollo de aquellos que tienen mayores necesidades.

Éste es solo el último paso que ha dado el Gobierno en el cambio más radical en la orientación del gasto presupuestario de la ayuda británica desde que en 1997 los laboristas crearan el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID).

Una vez fuera de la inestable coalición con los Liberal Demócratas, el Partido Conservador se movió rápidamente para expandir la proporción del presupuesto de la ayuda destinada a proyectos de seguridad, destinando al menos la mitad del presupuesto de la cooperación a países frágiles y golpeados por los conflictos.

Al mismo tiempo, señaló que desde ahora Gran Bretaña destinaría la ayuda sólo a proyectos que respondan a sus propios intereses financieros y de seguridad.

Para financiar su nueva estrategia de seguridad, el gobierno ha reforzado el Fondo de Conflicto -una hucha de 180 millones de libras para proyectos relacionados con la seguridad, que en 2014 constituía el 1,5 por ciento del presupuesto de la cooperación- creando un nuevo bote llamado Fondo de conflictos, estabilidad y seguridad (CSSF, en sus siglas en inglés). Este fondo tendrá un valor de 1.300 millones de libras al final de la legislatura, en torno al 11 por ciento del presupuesto de la ayuda.

Falta de transparencia

Al mismo tiempo, el Gobierno ha dado más poder a los ministerios de Defensa y Exteriores para gastar una parte mayor del presupuesto británico de cooperación a costa del DFID: durante esta legislatura la cantidad de ayuda gastada por departamentos diferentes al DFID se triplicará hasta llegar a unos 5.000 millones en 2020.

Ni el Ministerio de Defensa ni el de Exteriores rinden cuentas de sus proyectos de forma sistemática, a diferencia del DFID, que informa sobre los proyectos mes a mes. No hemos tenido información sobre los proyectos de Exteriores, por ejemplo, desde las elecciones de Mayo pasado.

Dejando a un lado la transparencia, el hecho de invertir la ayuda en zonas de conflicto mediante proyectos de seguridad tiene un mal precedente. Después de 2001, la agencia de desarrollo de Estados Unidos (USAID) gastó miles de millones en Afganistán que fueron malversados o evadidos del país. El Gobierno británico vuelve a caer en la trampa americana.

La Comisión Independiente para el impacto de la Ayuda (ICAI) -el organismo propio de control de la cooperación pública- ha criticado la incapacidad del gobierno para aprender las lecciones del pasado, añadiendo que sus iniciativas de seguridad son ‘ingenuas’ y tienen un ‘pobre’ desempeño tanto en términos de efectividad como del valor que ofrecen.

En resumen, el Gobierno está gastando una parte mayor del presupuesto de la ayuda, de forma menos transparente y en países golpeados por conflictos, lo que cree que sirve al interés británico. Este es un eufemismo suave para definir un asalto al presupuesto de la ayuda destinado a financiar costosos disparates en Oriente Medio y el Norte de África, donde la mayoría de los países son de ingreso medio.

Escribiendo en la pared

La presión del Gobierno británico a la OCDE para la redefinición de la ayuda es sólo el último paso de una agenda más amplia para que este Gobierno use los fondos de la cooperación para ampliar el presupuesto militar y diplomático de Gran Bretaña.

No es casualidad que la frase ‘Can we ODA that?’ (‘¿podemos pasar eso como AOD?’) sea ahora común en los pasillos de los ministerios de Exteriores y Defensa.

La tendencia de dedicar más y más ayuda a proyectos de seguridad en zonas de conflicto, pensando en lo que ese gasto puede hacer por los propios intereses británicos, es una deriva extraordinariamente peligrosa.

Por ejemplo, ¿deberíamos usar nuestro presupuesto de ayuda para entrenar en contraterrorismo a los servicios de seguridad de nuestros aliados que violan de forma rutinaria los derechos humanos? Esto aparentemente cuadraría con la orientación de la nueva estrategia de cooperación del Gobierno.

La lucha contra el terrorismo va de la mano del abuso habitual de los derechos humanos, ya que los servicios de seguridad vigilan, detienen, torturan e incluso ejecutan, bajo la excusa de combatir el terror, a aquellos que en la sociedad civil cuestionan su estilo de gobierno.

Me temo que al gastar nuestra ayuda en militares de países frágiles, a menudo poco democráticos, estamos asumiendo el riesgo considerable de usar el dinero de los contribuyentes para hacer a estos países más frágiles y menos democráticos.

Mi preocupación no es una simple hipótesis.

Hasta 2014 la ayuda del Reino Unido financiaba un proyecto para entrenar a la fuerza de policía cuasi-militar de Etiopía. El proyecto finalmente apareció en los informes de grupos de derechos humanos, incluyendo Amnistía internacional, que encontró denuncias de tortura y violación contra los mismos servicios de seguridad a los que Gran Bretaña estaba financiando.

Al mismo tiempo, el Reino Unido financiaba la policía de la República Democrática del Congo un año después de que aparecieran los primeros informes de que este cuerpo “ejecutaba sin juicio” a civiles. El proyecto sólo se retiró cuando Naciones Unidas publicó un informe sobre las matanzas.

Quizá no deberíamos sorprendernos. El Secretario Permanente del Ministerio de Exteriores, Simon McDonald, reveló en octubre que los derechos humanos “no eran una de las principales prioridades” de este gobierno.