Cortinas de humo

El escándalo delictivo de los motores trucados de Volkswagen (VW) está llegando al punto exacto de cocción donde se clarifican las posiciones de cada uno de los actores o pacientes del fraude. Bruselas ha ofrecido una reacción de baja intensidad, consciente de que la firma de Wolfsburg representa crecimiento y empleo en Europa; Alemania ha tardado en decidir un registro de la sede de la firma automovilística, imprescindible para descubrir a los autores del desmán, y desde Estados Unidos un grupo de congresistas ha pedido la apertura de un proceso penal, para que los responsables paguen las consecuencias de la estafa. La irritación en el mercado estadounidense se ha disparado cuando se anunció que Michael Horn conocía el trucaje delictivo desde la primavera de 2014 y guardó un silencio cómplice.

En realidad, no es verosímil la hipótesis de un engaño masivo (11 millones de vehículos afectados) del que no tuviera conocimiento un amplio grupo de directivos de VW. Este es el argumento que justifica la petición de los congresistas de que se abran procesos penales que puedan acabar en cárcel. Es más probable que estemos, no ante un caso de negligencia —la alta dirección de la compañía no supo o no pudo controlar las prácticas delictivas de un grupo de empleados bellacos—, sino ante una infracción consciente de las normas de emisión de gases nocivos y otras leyes medioambientales. La vulneración legal se habría producido para soslayar las limitaciones económicas que se derivan de normas estrictas; la conducta sería dolosa.

Para corroborar o descartar esta hipótesis es imprescindible practicar una investigación judicial rápida. Y eso precisamente es lo que no están haciendo las autoridades alemanas. La respuesta de los Gobiernos europeos también es, en general, decepcionante. Parecen más interesados en observar el impacto de la crisis sobre VW que en defender los intereses de los ciudadanos engañados. El caso del Gobierno español es de una pobreza política singular. El ministro de Industria, José Manuel Soria, no sólo se confundió a sí mismo proclamando primero que los responsables españoles de la crisis estaban en permanente contacto con Wolfsburg para decir después que la compañía no les respondía al teléfono y retornar, al fin, a la tesis del contacto permanente, sino que se ha ofrecido como portavoz insospechado de </CF>dirección de VW al asegurar que las inversiones en España (4.200 millones) están garantizadas. Los empleados de Martorell y Landaben estarían más tranquilos si fuera Matthias Müller quien pronunciase las palabras mágicas.

Mientras tanto, los afectados por la estafa no saben a qué atenerse. Hoy desconocen qué tipo de correcciones necesitarán sus coches, ni en qué estado quedarán después de desmantelar el software fraudulento (es probable que pierdan potencia), ni durante cuánto tiempo deberán prescindir del vehículo, ni los procedimientos para acceder a los arreglos. La información que reciben de los teléfonos habilitados por Volkswagen es muy deficiente. Proliferan las asociaciones de afectados, pero las reclamaciones legales tendrán que pagarlas de su bolsillo y desconfían de que la presión del Gobierno sobre VW sea efectiva.