Llegar al fondo

Cuando se cumplen cerca de ocho años del mayor y más grave accidente de metro de España, ocurrido en Valencia en julio de 2006 con 43 muertos y 47 heridos, el giro que ha dado la investigación judicial permite albergar la esperanza de que esta vez sí, la justicia pueda llegar hasta el fondo del asunto y aclarar un suceso al que se había dado carpetazo judicial, pese a los muchos puntos oscuros que quedaban por dilucidar. Obligada a reabrir la causa en enero por orden de la Audiencia Provincial de Valencia, la juez que instruye el caso ha imputado ahora a tres directivos de la empresa que gestiona el servicio, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Esa imputación implica que, como han sostenido las víctimas con una constancia y una determinación dignas de encomio, existen indicios sólidos de que, además de un exceso de velocidad, se produjeron también errores en la planificación y programación de los mecanismos de seguridad que deberían haber frenado el tren.

La instrucción de este caso está resultando ser una de las más penosas de la justicia española, no solo por la magnitud del sufrimiento que comporta un suceso con tantas víctimas y las muchas obstrucciones que encuentra la búsqueda de la verdad, sino por las graves carencias que ha demostrado la instrucción. La juez había considerado el exceso de velocidad como única causa del accidente y como el conductor al que podía atribuirse había fallecido, archivó el caso. La insistencia de las víctimas ha permitido acreditar que un sistema de balizas eficiente podría haber frenado el tren al sobrepasar la velocidad permitida. Pero solo había una baliza y no estaba correctamente programada. Pese a negar la influencia de ese factor, la compañía instaló 14 nuevas balizas de seguridad en la línea a los dos meses del accidente.

La ocultación de datos llevó a la fiscalía a pedir la reapertura del caso. En la instrucción se han producido anomalías graves, como que la caja negra se abriera en dependencias de la empresa y sin presencia judicial; que parte de los peritajes iniciales se realizaran con el servicio ya reanudado o que se afirmara que los restos del convoy habían sido destruidos, cuando no era así. Y también maniobras indignas de instancias políticas para que las víctimas —que llegaron a hacer 91 manifestaciones— desistieran de su empeño. Esperemos que esta vez la instrucción prosiga con las garantías necesarias y los responsables políticos se abstengan de interferir.