Sean Connery niega su implicación en irregularidades urbanísticas de Marbella

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha exonerado a Sean Connery de cualquier responsabilidad en las irregularidades urbanísticas y el supuesto fraude fiscal cometidos alrededor de su antigua casa en la Costa del Sol, pero cree que su esposa, Micheline, pudo estar implicada en estos hechos. El magistrado Alfredo Elías ha archivado la causa contra el actor y ha ordenado continuar las diligencias respecto a su mujer al considerar que existen indicios de que ha podido incurrir en los delitos de fraude (como inductora), contra la ordenación del territorio y contra la hacienda pública. Se une a los otros 17 implicados en el conocido como caso Goldfinger.

La resolución se produce después de analizar las declaraciones juradas que han sido remitidas desde Bahamas, donde el matrimonio reside desde finales de la década de los 90. Cumplimentar este trámite, es decir, conocer la versión de los Connery sobre este asunto, ha costado alrededor de tres años en los que se han cursado varias peticiones del juzgado a través de comisiones rogatorias. Ha habido incluso un ultimátum del magistrado de que si no se atendía la petición judicial, se reservaba la posibilidad de dictar sendas órdenes de búsqueda y captura.

Al parecer ha habido una serie de circunstancias sobre las que el magistrado se muestra sorprendido. Según el auto en el que archiva los cargos contra el actor escocés, fechado el 14 de febrero, la documentación de Bahamas se recepcionó el 18 de septiembre del año pasado, aunque las autoridades de este país constatan que las declaraciones se efectuaron el 24 de febrero de 2012. Inexplicablemente, fueron remitidas al juzgado con un retraso de más de año y medio.

Entrando en el fondo del asunto, las palabras de los Connery han resultado “totalmente esclarecedoras” para el juez y coherentes, en su opinión, con la investigación. A grandes rasgos, Sean Connery se desvincula tanto de los convenios urbanísticos sobre la parcela donde estaba su antigua casa de Marbella (de nombre Malibú), como de la venta de los apartamentos que se construyeron después en este suelo y de las sociedades implicadas en las operaciones. Su esposa Micheline, por su parte, asume “la gestión” de los negocios, especialmente los relacionados con la sociedad Malibú S. A. En su declaración, destaca el auto, dijo que su marido no ejercía cargo alguno y “jamás” intervino en los asuntos de la sociedad desde que le trasmitió sus acciones en los años ochenta.

Casa Malibú, en la Milla de Oro, es el origen del caso. El matrimonio Connery decidió poner a la venta su vivienda en 1998 después de más de dos décadas como vecinos ilustres de Marbella. Lo que se hizo después con esa finca es lo que se dirime en el caso Goldfinger. Hay dos líneas principales: las supuestas irregularidades urbanísticas y “los mecanismos” presuntamente ideados para evitar el pago de impuestos por la venta de los apartamentos y derivar dinero hacia el extranjero, según la Fiscalía Anticorrupción.

Los convenios urbanísticos se suscribieron con las sociedades Malibú S. A. y By the Sea y permitieron edificar en esa parcela, junto a otras anexas, 72 apartamentos donde apenas se permitía la construcción de media docena de viviendas. Además, se habrían incluido menos aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento de Marbella, perjuicio para las arcas municipales que el ministerio público estima en 2,77 millones de euros. El exalcalde Julián Muñoz y el exgerente de Urbanismo Juan Antonio Roca también están imputados en Goldfinger, en el que los principales acusados por Anticorrupción son dos abogados del despacho Díaz-Bastién de Marbella y un empresario.

El juez de Marbella exculpa a Sean Connery porque no aparece ninguna intervención suya en relación a los convenios o la promoción inmobiliaria. Respecto a su mujer, sí aprecia que “indiciariamente” tuvo “una participación directa y consciente” en la formación y desarrollo del plan para construir el complejo. Aunque no está acreditado que participara en las negociaciones con el Ayuntamiento, en su declaración afirmó que “facultó” al abogado del despacho para que “hiciera lo necesario” para que el inmueble de su sociedad obtuviera una calificación urbanística semejante a la de la finca colindante.

En el auto, el magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella lamenta el retraso que se ha habido en la incorporación de las declaraciones de los Connery al procedimiento, que asegura no entender, y cree que si se hubiera producido un daño a la imagen del actor, como se alegó por la repercusión mediática del caso, en buena parte de debe a “la propia desidia” de la pareja.