Editorial sobre la Monarquía

Con motivo de la publicación del editorial El ‘caso Urdangarin’ y el futuro de la Monarquía he recibido seis cartas de otros tantos lectores que, con distinto tono y aproximaciones, critican su tesis. No es tarea del Defensor del Lector entrar a considerar las opiniones de articulistas o editoriales, a menos que una determinada posición editorial condicione el seguimiento informativo del tema. No es este el caso. El seguimiento de la instrucción del caso por parte del diario ha sido notable y en el editorial se defiende el exigente celo del juez que otros medios han tachado de vengador justiciero y al que achacan causar estragos. Los editoriales son responsabilidad del director del diario.

Con todo, permítanme unas reflexiones. Lo que plantea el editorial es que los hechos imputables al yerno del Monarca no tienen que ver con la forma de Estado que libremente fue asumida por los españoles durante la Transición política y critica las teatrales escaramuzas que suscitan quienes andan al acecho para desestabilizar la democracia en su propio interés. La mención, por tanto, al populismo, la frivolidad y el amarillismo periodístico no se dirige a los ciudadanos, como lo han interpretado algunos lectores que defienden legítimamente otra forma de Gobierno.

Otra frase que suscita reparos de los lectores es la que niega que la monarquía se halle cuestionada en función de la ovación parlamentaria de la mayoría de los representantes de la soberanía popular al Rey. El diario ha analizado en distintas ocasiones encuestas propias o de terceros en los que la valoración de la monarquía decae. Pero también estos datos son matizables. La última encuesta del CIS sobre la cuestión se presentaba con el título La Monarquía registra el primer suspenso en el barómetro del CIS. Pero la misma información subrayaba que las notas sobre la confianza en las instituciones en este tipo de encuestas no suelen ser altas. La Monarquía logra un 4,89 y se sitúa por debajo de los medios de comunicación (4,97) y de las Fuerzas Armadas, que con un 5,65 son la única organización que aprueba y merece la mayor confianza de los ciudadanos, mientras que los partidos políticos cierran la lista con un 2,76. La última vez que el CIS preguntó sobre la Monarquía, en noviembre de 2010, la nota fue de 5,35, por detrás del Ejército, que en las encuestas más recientes suele encabezar este tipo de clasificaciones. No obstante, las notas sobre la confianza en las instituciones no suelen ser muy altas. Por ejemplo, en 1997 la Monarquía era la que más confianza despertaba en los españoles (6,67), seguida del Defensor del Pueblo (5,62) y los Ayuntamientos (5,39)".

El sociólogo José Juan Toharia en su blog de EL PAÍS comentaba en diciembre la aparente contradicción de que junto a una clara y estable buena evaluación ciudadana de la figura del rey (cuya actuación, en conjunto, en estos casi 35 años al frente de la Jefatura de Estado, merece una llamativa puntuación media de 7.3), descienda la valoración de la Monarquía como forma de Estado. No hay en ello paradoja: se puede apoyar a la persona sin necesidad de identificarse al mismo tiempo con la institución. (…) En todo caso, el hecho es que, año a año, el porcentaje de españoles que dicen preferir la monarquía parlamentaria a la república va decreciendo de forma clara. En 1996, un 66% consideraba preferible para España una monarquía parlamentaria y un 13% una república: una diferencia de 53 puntos. Ahora, en diciembre de 2011, opta por la monarquía un 49% y por la república un 37%: una diferencia de ya solo 12 puntos. (..) La conclusión que de esta secuencia de datos cabe extraer resulta obvia: es la concreta figura del Rey Juan Carlos (y en buena medida ya también la del Príncipe Felipe) la que trasfunde apoyo popular a la institución monárquica, y no al revés. O lo que es igual, es la forma en que el Rey Juan Carlos ejerce de rey lo que, para buena parte de la ciudadanía, convierte en válida a la monarquía, por encima de episodios coyunturales que puedan afectar a su imagen o de la creciente conciencia de su básico anacronismo. (…) A esto, los expertos en derecho constitucional solían designarlo como accidentalismo: lo importante es que una institución funcione; lo secundario, cuál sea su forma.

Nota: Corregido el femenino de editorial.