Marie Colvin y todas las demás

Por Mercè Rivas Torres

En los últimos meses varias mujeres periodistas han sido detenidas, encarceladas y algunas asesinadas. Son minoría respecto a sus compañeros, el 2% de las víctimas, pero sus casos son significativos y alarmantes. La última víctima ha sido la estadounidense Marie Colvin, asesinada ayer en Siria. Colvin, de 56 años, que trabajaba en The Sunday Times, ha muerto en los bombardeos en el distrito de Bab Amor, el más castigado de la ciudad de Homs. Periodista con gran experiencia como corresponsal de guerra en Oriente Próximo. Durante un trabajo en Sri Lanka perdió un ojo y desde entonces, llevaba un parche sobre el párpado izquierdo.

Pero al igual que en Oriente medio, resulta especialmente cruda la situación de estas profesionales en México. El año pasado vimos como María Elisabeth Macías, redactora jefe del diario Primera Hora, editado en el estado mexicano de Tamaulipas, fue encontrada degollada en el mes de septiembre. Esta mujer de 39 años de edad fue la cuarta periodista asesinada desde el inicio del año 2011, tras los homicidios de Rocío González Trápaga, exreportera de Televisa, Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora y periodista de la revista semanal Contralínea, ocurridos un mes antes, en el Distrito Federal, y el de Yolanda Ordaz de la Cruz, columnista del diario regional Notiver, el 26 de julio de 2011 en el estado de Veracruz.

La realidad es que no es la primera vez que junto a un cadáver aparecen mensajes similares. Rocío Gonzalez y Ana María Marcela, de 48 años fueron secuestradas al salir de la redacción de Contralínea y asesinadas por asfixia. Sus cuerpos, encontrados al día siguiente, estaban desnudos, con un lazo alrededor del cuello y las manos y pies atados.

Contralínea, revista publicada desde hace más de diez años, realiza básicamente periodismo de investigación. Debido a sus informaciones es blanco de campañas de intimidación y de acoso judicial, especialmente a partir de 2007, después de que hiciera revelaciones que importunaron a la empresa petrolera nacional PEMEX.

Hace tan solo unas semanas la periodista hondureña Gilda Silvestrucci, directora del programa En la Plaza de Radio Globo, denunció estar siendo acosada y amenazada por teléfono. Según el relato de Silvestrucci, en su teléfono recibió un mensaje: "Ya sabemos que tenés tres hijos, que la mayor tiene 15 años, que ahorita andás en la calle con tu hijo de siete años, y que la mayor está en tu casa, cuidando a la niña de un año, y te vamos a matar". Al mismo tiempo recibían llamadas amenazantes su madre e hija mayor.

Silvestrucci es miembro de la organización Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, que había presentado, a finales de diciembre, una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos contra Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, así como contra numerosos jefes del Ejército hondureño acusándolos de abuso de autoridad y “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Desde la toma de posesión de Lobo Sosa han sido asesinados 17 periodistas y ninguno de estos casos ha sido clarificado según denuncias de la organización Human Rights Watch.

Pero al mismo tiempo que morían Rocío González y Ana María Marcela en México, era asesinada, de un balazo en el cuello, frente a su casa de Bhopal (India), la bloguera Shehla Masood de 39 años. Activista por el Derecho a la Información (RTI) desde el año 2009, iba a participar en una acción de apoyo a Anna Hazare en una campaña de lucha contra la corrupción. Sus agresores todavía no han sido identificados.

Meses antes la ciberperiodista y activista de derechos humanos Govruud Huuchinhuu, miembro de la Alianza Democrática del Sur de Mongolia, desaparecía a la salida del hospital de Tongliao, donde recibía tratamiento contra el cáncer. Govruud estaba bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2010 por pedir en internet la liberación del periodista y ciberdisidente Hada, dirigente del SDMA.

China, uno de los países en donde la libertad de expresión está seriamente perseguida: una persona puede acabar entre rejas por enviar un tweet. Ese es el caso de Cheng Jianping, de 46 años, que fue enviada a realizar trabajo correccional, durante un año, por informar a través de Twitter sobre unos activistas japoneses que reclaman unas islas del mar oriental de China.

También resulta altamente escandalosa la situación en la que se encuentran dos periodistas africanas Agnès Uwimana, de Ruanda y Yirgalem Fisseha, de Eritrea. La primera, editora del periódico quincenal Umurabyo, fue detenida en 2010 acusada de publicar “temas delicados”. Esos temas, en realidad, se reducían a denunciar la mano del Gobierno ruandés de Paul Kagame en el asesinato de Jean Leonard Rugambage, editor del periódico opositor Umuvugizi, y en el intento de asesinato, en Sudáfrica, del general disidente, Kayumba Nyamwasa.

La periodista ya había sido detenida, acusada y sentenciada en 2007 por difamación. Pero, ahora, los cargos son más serios. La comparación del presidente Kagame con Hitler, sacó de sus casillas a los dirigentes ruandeses que la han acusado por desobediencia civil e insultos al jefe del Estado. La detención se produjo coincidiendo con la victoria de Kagame en las elecciones del 9 de julio del año pasado. Unos comicios que ganó por una sospechosa mayoría, después de 15 años en el poder y tras eliminar a la oposición del país. En los meses previos a la elección, el Gobierno llegó a cerrar treinta medios de comunicación y aterrorizó a muchos periodistas críticos, que tuvieron que huir de Ruanda y ahora viven en el exilio.

En Eritrea, en pleno cuerno de África, ejercía la profesión periodística, Yirgalem Fisseha, reportera de Radio Bana. Fue detenida en febrero de 2009, junto con toda la plantilla de la radio y encarcelada primero en una prisión militar y, posteriormente, en una civil, la de May Swra, donde está aislada, en escasos metros cuadrados y sin ningún tipo de atención. Organizaciones Internacionales han mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por la salud de Fisseha que, a pesar de todo, está sobreviviendo al aislamiento y la tortura pues, tal y como denuncia la Iglesia Evangelista, los detenidos en el país tienen que soportar numerosos malos tratos, entre ellos estar encerrados en contenedores de metal al aire libre, soportando altas temperaturas y enfermedades.