El Ayuntamiento cifra en cinco millones el IBI 'perdonado' a la Iglesia que exige al Estado

El Pleno municipal acuerda por unanimidad que el Gobierno central compense a Madrid por el impacto de sus políticas sobre los tributos locales

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado esta mañana con el respaldo de todos los grupos (PP, PSM, IU y UPyD) instar al Gobierno central a que "compense el impacto financiero de determinadas políticas fiscales que afectan a la financiación local", así como las exenciones a los tributos municipales que decida imponer.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, ha cuantificado en 113 millones ese "impacto financiero" a compensar, y ha puesto como ejemplo de las medidas "legítimamente adoptadas por el Gobierno en impuestos de titularidad estatal pero de gran importancia a efectos de la financiación local que perciben los municipios (IRPF, IVA e impuestos especiales)" la deducción de los 400 euros o el conocido como cheque-bebe.

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La parte más importante de esa cantidad corresponde a las exenciones que la Ley de Haciendas Locales impone sobre los tributos municipales, y particularmente sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, una de las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento. Según Bravo, estas disposiciones -decididas por el Estado central- detraen 97 millones a las arcas municipales.

La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia está exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Esta "exención total y permanente de la contribución territorial urbana" afecta a templos y capillas, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas, seminarios y conventos. Según ha detallado Bravo, la cantidad perdonada a la Iglesia católica suma 4,86 millones de euros.

Tampoco pagan el IBI los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países y las estaciones de ferrocarril. Según Bravo, son 38 millones en concepto de exenciones para el Estado por los edificios públicos, a los que hay que sumar 5 más por las estaciones de ferrocarril y 3,2 por las sedes diplomáticas. Las ONG se benefician de 13 millones en exenciones.

También se libran del pago del IBI los edificios catalogados como patrimonio histórico, lo que no se refiere únicamente a monumentos, sino, por ejemplo, a inmuebles antiguos del centro de la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento deja de ingresar 30 millones, según Bravo.

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