Las universidades públicas catalanas aprobaron los presupuestos sin permiso de la Generalitat
La Sindicatura de Cuentas advierte que las cuentas "desvirtúan" la ley de universidades
Las universidades públicas catalanas aprobaron sus respectivos presupuestos de 2010 sin que la Generalitat autorizase el gasto de personal, lo que incumple la Ley de Presupuestos y la de universidades. Así lo ha advertido un informe de la Sindicatura de Cuentas, que recuerda que los centros solo pueden aprobar los presupuestos una vez han sido autorizados por el Gobierno catalán con el informe previo del Departamento de Economía y Finanzas. Pero en las cuentas del curso pasado las universidades actuaron de un modo que "desvirtúa la previsión legal" de la normativa, ha advertido el organismo fiscalizador.
La Generalitat, por aquel entonces en manos del tripartito, aprobó los gastos de personal universitario el 22 de diciembre de 2010, cuando ya había transcurrido casi todo el ejercicio. Lo que "dificulta la gestión que hacen las universidades de su gasto de personal", subraya la sindicatura. El organismo detalla que las universidades enviaron sus solicitudes de gastos de personal a la Generalitat entre noviembre de 2009 y mayo de 2010. Pero el Gobierno catalán no elaboró la previsión agregada de plazas y contratos de las universidades, ni tuvo en cuenta las observaciones de los informes elaborados por el departamento de Economía y Finanzas.
Este departamento tampoco emitió el informe sobre la propuesta de gasto de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) mientras que, por otro lado, el gasto de la Universitat de Barcelona (UB) tampoco fue aprobado por la Generalitat debido a "disconformidades" por parte de la dirección de Universidades.
Mejora del procedimiento
La irregularidad evidencia que las universidades requieren fijar un procedimiento para que la Generalitat apruebe el gasto de personal de estos centros antes de la aprobación de los presupuestos, destaca la Sindicatura. El organismo insta a fijar una fecha límite, y sugiere la del 31 de octubre, para que cada centro remita al Gobierno catalán su respectiva propuesta de gasto.
La sindicatura también propone que el Gobierno catalán elabore una serie de instrucciones y protocolos para que todas las universidades presenten el gasto siguiendo todas los mismos criterios, lo que evitaría nuevos incumplimientos de la Ley de Presupuestos.
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