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El PSPV se querella contra Castedo, Alperi y Ortiz por el PGOU de Alicante

Los socialistas acusan a los cargos del PP y al constructor de un presunto delito de cohecho

El PSPV ha presentado esta mañana una querella por cohecho, entre otros supuestos delitos, contra la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el promotor Enrique Ortiz, por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Los socialistas se personan de esta forma como acusación popular en el sumario de caso Brugal que indaga las supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante.

La investigación de esta causa la dirige el titular del Juzgado número 5 de Alicante, que mantiene secretas las diligencias desde el pasado mes de julio. El juez no ha imputado a ninguna persona. No obstante, el fiscal anticorrupción acusa de tráfico de influencias, cohecho y uso privilegiado de información a un total de 21 personas, entre ellas, Castedo, Alperi y Ortiz.

En comunicado oficial, el PSPV asegura que ha presentado la querella a consecuencia de diferentes informaciones reveladas por los medios de comunicación, y numerosas investigaciones de la Policía Judicial, han revelado la existencia, presuntamente, de comportamientos y actuaciones que revelan el uso de información privilegiada, prevaricación, revelación y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, con supuestas entregas de documentación a personas que han podido ser beneficiadas por el conocimiento de las mismas. Todo ello, con referencia a la tramitación del PGOU de Alicante.

"Los querellados son: el último alcalde y la actual alcaldesa de Alicante, el representante legal del la mercantil del grupo CÍVICA y el arquitecto y redactor jefe del PGOU. Además, se dirige y amplía la acción penal contra las personas que dentro de la fase de instrucción puedan aparecer como autores, cómplices o encubridores de los hechos objeto de investigación", dice la nota.

"Según las conductas descritas por los medios de comunicación y las investigaciones policiales, éstas se realizaron para beneficiar a los querellados y, supuestamente, a otras personas que actualmente, debido al secreto de las actuaciones, se desconocen, permitiéndoles obtener grandes beneficios/plusvalías, por el conocimiento anticipado de las previsiones de dicho Plan. Entregas de dinero o bienes, muebles o inmuebles, pagos en especie, como cesiones gratuitas de viviendas, contrataciones de viajes o regalos, forman parte de los contenidos de esas informaciones e investigaciones.

La presente acción popular "va encaminada exclusivamente a la preservación y defensa del interés público", añade el comunicado.