La Junta rechaza enviar a la juez del 'caso ERE' las actas de los consejos de Gobierno desde 2001

El Ejecutivo andaluz ha anunciado esta mañana que no entregará a la juez Merecedes Alaya las actas de los consejos de Gobierno de los últimos 10 años, tal y como solicitó la magistrada como parte de la investigación de los presuntos fraudes cometidos en los Expedientes de Regulación de Empleo. El Ejecutivo autónomo entiende que la petición de la juez, dado a conocer en un auto del pasado 21 de marzo, es además de "inédito", "va más allá de lo razonable", al no solicitar de "manera motivada" su requerimiento.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado que los Servicios Jurídicos del Junta de Andalucía consideran imposible "levantar la reserva con carácter general e indiscriminado" de las actas de todas las reuniones de todos los gabinetes de los últimos años, tal y como había solicitado la juez. Mercedes Ayala acusó al Ejecutivo que dirige José Antonio Griñán de "cierta falta de colaboración". La portavoz ha anunciado que el Ejecutivo andaluz enviará al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" acompañado de una oferta para enviarle todos los informes y acuerdos adoptados "sobre el caso que nos ocupa". Según Mar Moreno, el Ejecutivo autónomo incumpliría la ley de Gobierno de la comunidad si diera todos los documentos a la juez, ya que el artículo 31. 1 señala: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

El Gobierno regional no considera necesario aportar a la magistrada los acuerdos administrativos relacionados con otros asuntos. Y le ha pedido a la juez Alaya que concrete qué información es la que requiere.

En el caso de que la encargada del caso no acepte esta decisión, será la propia juez la que debe elevar un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo. Según la Junta de Andalucía no existe ningún precedente en España de que otro Gobierno haya planteado antes esta discusión.

Mar Moreno, que ha recordado que la Junta está personada en el caso como acusación particular, ha dicho que si la juez le pide los informes concretos, le remitirá certificados de los acuerdos con toda la documentación.

La consejera de la Presidencia ha dicho que no teme las previsibles críticas de la oposición andaluza de que están ocultando datos a la magistrada. "Si tuviéramos algo que ocultar nos hubiéramos ido de inmediato al Tribunal Supremo. Estamos interesados en remitir el documento uno al 2001. Moreno ha dicho que la Junta ha enviado a la juez del caso 150.000 folios con la información que ha pedido y también con el resultado de la investigación abierta por la Consejería de Empleo.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción al que recurren las administraciones públicas que plantean reparos a los diferentes tribunales del país, resolvió el año pasado siete asuntos. La Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno en el País Vasco o el Ayuntamiento de Sagunto plantearon las dudas a este tribunal que preside Cárlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo. El tribunal tiene seis miembros, y junto a Dívar figuran los magistrados José Manuel Bandrés, Octavio Herrero, y tres miembros del Consejo de Estado.

Según estas pesquisas, hay 183 irregularidades en el caso de los ERE, de los 72 son intrusos (personas que nunca han trabajado en las empresas y 111 "discordancias administrativas".