En libertad, el miembro de Unió Mallorquina detenido en la trama de corrupción de basuras

El ex director insular de Medio Ambiente -y residuos- del Consell de Mallorca, Guillem Riera, de Unió Mallorquina (UM), detenido esta mañana en el marco de la Operación Cloaca, ha sido puesto esta noche en libertad, aunque se le ha retirado el pasaporte y tiene la obligación de comparecer en el juzgado. Riera, que cesó en el cargo hace un año al estallar el aluvión de escándalos sobre la cúpula de su partido, se convierte en el primer político imputado por orden judicial por su supuesta relación con el nuevo caso de corrupción destapado el pasado jueves en Mallorca, sobre supuestos desvíos de fondos, estafa, falsedad en la gestión de la recogida selectiva de residuos. Ese departamento fue exclusivo para UM durante más de una década, alternativamente en sus alianzas con el PP y el PSOE.

La Operación Cloaca destapó ayer un supuesto fraude de más de dos millones de euros en las contratas públicas de recogida selectiva de basuras en pueblos de Mallorca. A lo largo de las últimas horas y la madrugada quedaron en libertad con cargos cinco de los siete detenidos, entre ellos la empresaria Maria Mascaró ejecutiva del conglomerado de empresas familiares Melchor Mascaró, los funcionarios Maria Morey y Gabriel Perelló y una persona que responde a las inciales E.F.A. Simón Galmés, un empresario local de Portocristo que debía verificar los trabajos, declara en estos momentos ante el juez, mientras que G.R.C en prisión

De las seis detenciones efectuadas en el día de ayer, la de mayor relieve fue la de María Mascaró Martorell, importante empresaria de múltiples contratas, en especial bajo los mandatos de Unió Mallorquina y del PP pero también con el PSOE. Gestora de la empresa familiar Melchor Mascaró, con 850 empleados, tiene uniones de empresas con grandes compañías españolas. En la etapa en la que UM presidía el Consell de Mallorca, logró la construcción de la carretera de peaje a la sombra Palma-Manacor, y del Gobierno balear presidido por Jaume Matas obtuvo la edificación del Palma Arena, ambas obras bajo investigación judicial.

Entre el resto de detenidos cabe destacar un gerente de una división balear de FCC, el perito funcionario de Medio Ambiente del Consell, Gabriel Perelló y el dueño de Ses Nostres Eines, Simón Galmés, un empresario local de Portocristo que debía verificar los trabajos y María Morey. Perelló ha sido puesto en libertad con cargos al igual que Mascaró y otros dos detenidos que responden a las iniciales E. F. A. y M.M.M. Galmés y G.R.C continuan en prisión. Todos los implicados son directivos de importantes empresas de construcción y servicios que se dedican a la gestión del medio ambiente en Mallorca y han quedado imputados por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y, en algunos casos, falsedad documental, según fuentes de la investigación.

Según una fuente conocedora del nuevo caso de corrupción, se están investigando presuntos delitos de malversación de caudales públicos, facturas falsas, cohechos, comisiones y pagos por servicios no realizados. Se sospecha de la entrega de toneladas de restos a las mayoristas del monopolio de basuras y reciclajes donde teóricamente se verificaba el peso y se realizaba una selección, que la fiscalía y la policía consideran que no se realizaban.

Entre la documentación investigada figuran anotaciones de pasos de camiones y tonelajes que pueden ser falsos así como la simulación de trabajos y sobrecostes. Al parecer están implicados tres empresarios que actuaban en connivencia con un funcionario, el encargado del control de la gestión de contenedores y la facturación de los puntos verdes desde el Consell de Mallorca. Los cuatro declararon anoche en la comisaria de Palma.

Una querella de Anticorrupción abrió el caso, iniciado con una denuncia del equipo de gobierno del Consell, formado por PSOE-Bloc y que detectó facturas falsas y excesos de pagos a las uniones de empresas.

No hay ningún político implicado hasta ahora pero no se descarta alguna imputación más adelante. Unió Mallorquina controló -con el PP y el PSOE sucesivamente- este tipo de adjudicaciones durante más de una década, hasta el pasado febrero.