Desarticulada una red que extorsionaba empresarios en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas que amenazaban a los propietarios con romperles las piernas si no pagaban 6.000 euros
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas y han identificado a otras seis en una operación de desarticulación de una red de extorsión que amenazaba a empresarios con romperles las piernas si no les pagaban 6.000 euros por unas demostraciones de herramientas que en principio aseguraban que eran gratuitas.
Según ha informado la policía catalana, esta organización, que se empezó a investigar en febrero del pasado año, había creado una empresa -que facturaba entre 0,5 y 2 millones de euros al año- que ofrecía de forma insistente a los empresarios una muestra gratuita de sus servicios para reparar y afilar herramientas de corte. Si los empresarios cedían a la insistencia de la red y aceptaban que les realizaran la demostración, luego recibían una llamada telefónica exigiéndoles 6.000 euros por los servicios prestados, bajo la amenaza de que si no pagaban les romperían las piernas, entre otras agresiones físicas.
Los mossos tienen constancia de que al menos 12 empresarios han sido víctimas de esta extorsión en las poblaciones barcelonesas de Rubí, Barcelona, Sant Andreu de la Barca, Gavà, Viladecans, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Cornellà.
Detenciones
En una primera fase de la investigación, se logró la detención de María B. V., como responsable de realizar los cobros de la banda, y de Guillermo B. B., que mantenía el contacto con las víctimas. Guillermo B.B. fue arrestado por la policía local de León, ya que tras la detención de María B. V. huyó de Cataluña.
Además, la policía autonómica también identificó a un vecino de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), como supuesto responsable de la empresa que hacía servir la red para expedir las facturas que daban el falso aire de legalidad a su extorsión.
En una segunda fase, los agentes han podido identificar a otras cinco personas, que se encargaban de distintas tareas, como dirigirse a las empresas para ofrecer las pruebas gratuitas, exigir el pago de 6.000 euros, llevar a cabo las amenazas -casi siempre telefónicas- o blanquear el dinero obtenido.
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