El 71% de los usuarios que prueban Lanbide no tiene el graduado escolar

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha comparecido esta mañana en el Parlamento para explicar cómo se está desarrollando la experiencia piloto del nuevo Lanbide en los ocho municipios que se está probando y que ha gestionado ya 4.439 expedientes, el 42% de ellos nuevos. Según los datos aportados, el 71% de los perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de los ocho municipios no cuenta con el graduado escolar -a estos se les obligará a recibir formación para tratar de obtener el título-, el 22% lo tiene, un 5% ha estudiado en Secundaria y sólo un 2% cuenta con títulos de grado medio de Formación Profesional. Según aseguraron los responsables del departamento, buena parte de ellos tiene una empleabilidad media o alta.

El cambio que se está probando se centra en la gestión, por parte de Lanbide, de la Renta de Garantía de Ingresos y de los itinerarios de formación y búsqueda de empleo por parte de las personas que reciben la ayuda para lograr su activación laboral. Zabaleta ha defendido la simplificación de los trámites que esto supone, ya que se concentran todos en el mismo organismo, y la mayor facilidad para detectar abusos en las peticiones -hasta ahora ha sido necesario cruzar datos entre el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos-.

En los ocho municipios, las personas que reciben la RGI deben firmar un compromiso de inclusión activa y participar en cursos de formación para tratar de encontrar trabajo. Acudir a ellos es el requisito imprescindible para seguir recibiendo la ayuda y, de lo contrario, se procede a retirar la prestación. Los primeros datos aportados sobre la experiencia piloto demuestran que el 6,9% de las personas que participan en la prueba, quince perceptores, se han mostrado "no disponibles" para seguir los itinerarios de activación laboral. Entre ellos existen situaciones en las que la conciliación familiar, las enfermedades o su nivel de dependencia impiden hacerlo. Sin embargo, en cuatro casos la persona "no está disponible y/o interesada" y una está ilocalizable. Según lo transmitido por el departamento en los últimos meses, estas últimas serían personas a las que se podría retirar la ayuda.

Aún no se ha realizado una evaluación de la experiencia piloto. Sin embargo, según ha asegurado el viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, la espera para ser atendido en los servicios sociales de los ayuntamientos se reduce un 50% gracias al nuevo Lanbide, ya que descarga trabajo a los técnicos de los consistorios porque dejan de gestionar la RGI, que hasta ahora colapsaba considerablemente los servicios.

Para que el proyecto se generalice en Euskadi, deberá cambiarse la ley. Según ha explicado Zabaleta, esta pasa ahora los últimos trámites de la Oficina de Control Económico del Ejecutivo. Faltaría el informe de la Comisión Jurídica Asesora y la aprobación en el Consejo de Gobierno, que la consejera ha estimado para finales de año. La aprobación del cambio finalizará con el visto bueno del Parlamento a partir de febrero. Hasta entonces, el nuevo Lanbide no se podrá ampliar al resto de localidades. Asimismo, el viceconsejero ha asegurado que todavía desconocen cuál será el despliegue definitivo de oficinas para atender todos los servicios que Lanbide albergará con el traspaso de las políticas activas de empleo, cuya comisión mixta se reúne mañana.