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Querella de la Fiscalía contra una fundación vinculada a Unió

El fiscal acusa a 15 personas por un fraude de cinco millones de euros

La Fiscalía de Barcelona ha presentado esta mañana una querella por el presunto desvío de 1,78 millones de euros al grupo empresarial IMS desde la Fundación Catalunya i Territori, estrechamente vinculada a Unió Democràtica. El dinero procedía de donaciones y la fiscalía considera que acabó en esas empresas "sin causa aparente, donde previa transformación en dinero en efectivo se ignora cual fue su destino final". La tesis que manejó la fiscalía durante la investigación es que esa cantidad acabó para financiar al partido de Josep Antoni Duran Lleida. Aunque finalmente no se afirma así en la querella, el fiscal sí solicita que se considera a Unió como beneficiario a título lucrativo del supuesto delito. El importe total defraudado se estima en cinco millones de euros. La querella relata que la Fundación era una entidad "estrechamente vinculada a Unió", de manera que cinco locales propiedad de aquella estaban alquilados al partido.

En total, la fiscalía acusa a 15 personas por los supuestos delitos de apropiación indebida, falsificación de documentos mercantiles, administración desleal. Entre ellos figura Josep Boqué, ex presidente de la citada fundación, así como José Cornado Mateu, administrador de la constructora Copisa que destinó 1,18 millones de euros a financiar la deuda que tenía contraído el grupo empresarial IMS, "sin que, en apariencia, la constructora recibiera contraprestación alguna por la entrega de tan generosa suma".

La fiscalía relata en la querella que como IMS estaba en concurso de acreedores "se urdió una situación negocial" desde Copisa hacia la Fundación para eludir esa situación.

Y aquí donde, según el fiscal, intervinieron el resto de los querellados. Entre ellos, el que fuera gerente de Unió, José María Núñez, alias Nani.

Durante la investigación policial previa a la querella afloró que un proveedor de Unió, que tenía contraída una deuda con el partido y que al final ha acabado querellado, reclamó el pago de la deuda al diputado de UDC Josep Sánchez Llibre y que éste le remitió al tal Nani. La fiscalía consideró que había indicios para actuar contra el dirigente democristiano y remitió el caso a Madrid, donde la Fiscalía General del Estado consideró que no se le debía inculpar y lo devolvió a Barcelona.

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