La Oficina Antifraude ve indicios de que el Palau intermediaba entre adjudicatarios de obra pública y partidos

El dictamen de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) aprecia indicios de que los antiguos gestores del Palau de la Música convirtieron la entidad musical en una "estructura organizativa" que dio "cobertura a todo tipo de flujo irregular de fondos". En su dictamen para la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular de CDC a través del Palau, la Oficina Antifraude señala que el ex presidente de la institución, Fèlix Millet, usó la institución e incluso "la honorabilidad" de su apellido para hacerse con estos fondos "en beneficio propio" y facilitar "transacciones económicas" entre adjudicatarios de contratos públicos y "responsables políticos" para financiar a la "formación política correspondiente".

A pesar de estos indicios, la Oficina Antifraude sostiene que el conjunto de pruebas obtenidas en la comisión no permite "ni afirmar ni descartar" con "la rotundidad jurídicamente exigible" que CDC haya obtenido "directamente" financiación "al margen de la ley". Sin embargo, la OAC introduce dos matices. El primero, las "dudas" que han introducido los trabajos de la comisión sobre una "eventual vinculación" de CDC con contratistas o proveedores del Palau que no pueden justificar su facturación. Y el segundo, las "incontestables anomalías" que se dieron en la fundación Catdem, vinculada orgánicamente a CDC, para la obtención, y luego devolución, de fondos del Palau de la Música.

El dictamen de la OAC, que se incorporará a las conclusiones como anexo, también carga contra los mecanismos de control públicos, que tacha de "ineficaces" y "descoordinados" entre sí. La oficina señala que el Interventor General de la Generalitat, Josep Maria Portabella, tenía ya en 2002 indicios de "irregularidades" en la gestión del Palau de la Música y cuestiona que el funcionario no pusiera en marcha ningún informe especial. Según la OAC, Portabella alegó en la comisión que no se apreciaban "irregularidades contables o penales", pero omitió que "las irregularidades administrativas" ya justificaban la elaboración de este informe.

La OAC concluye, refiriéndose a Portabella, que la "continuidad" de ciertas personas en el ejercicio de un alto cargo con "funciones de control", sin límite de tiempo ni evaluación objetiva, puede llevarles a un "establishment" que puede desembocar en una "perturbadora inacción".