PSOE e IU-ICV acuerdan garantizar exhumaciones de fosas de la Guerra Civil a partir de enero
El diputado de Iniactiva per Catalunya (ICV), Joan Herrera, ha anunciado esta mañana un acuerdo con el PSOE para instar al Gobierno a que garantice la exhumación de fosas del franquismo. Aunque el propio Herrera ha añadido después que no confía mucho en el Gobierno y el PSOE para cumplir este compromiso.
Iniciativa presentó una resolución el pasado viernes, a raíz del debate del estado de la nación, en la que instaba al Gobierno a que garantizse, "a partir del 1 de septiembre de 2010, las políticas públicas de localización, exhumación e identificación de las fosas enterramientos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo". El PSOE ha acordado votar a favor de esta propuesta si se cambiaba el plazo: a partir del uno de enero del año que viene, en lugar del proximo septiembre.
En su resolución, ICV lamaba la atención sobre el "auténtico via crucis" al que están sometidos los familiares de personas desaparecidas durante el franquismo y los escasos medios de la oficina estatal de atención a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, dependiente del Ministerio de Justicia. "Los recursos materiales y humanos de esta oficina contrastan con los de otros estados con políticas activas de recuperación de la memoria como las que se dan, por ejemplo en Alemania, Argentina o Chile. En el caso alemán, el Comisionado Federal de Documentos, que alberga los archivos de la Stasi, tiene 90 millones de euros de presupuesto y una plantilla de 1.700 trabajadores".
ICV destaca en el texto que iniciativas como el mapa informático de fosas "han sido fundamentalmente fruto de los esfuerzos y los trabajos de las comunidades autónomas comprometidas con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento y homenaje a los represaliados del franquismo". Este partido ya presentó el pasado mayo una moción sobre memoria histórica que incluía garantías de la Administración para exhumar los restos de las víctimas del franquismo. ICV entendió entonces que el Gobierno se comprometía a reformar la ley de memoria, pero el Ejecutivo estaba pensando en una orden ministerial para garantizar que las comunidades llevaban a cabo las exhumaciones.
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