"Udalbiltza no seguía directrices de ETA", dicen once acusados

La desvinculación absoluta de ETA fue el denominador común en las declaraciones de 11 de los 20 miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, en la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. Entre sus testimonios se pudo escuchar, eso sí, que se buscaba el "reconocimiento" de la nacionalidad vasca. La vista continuará hoy según lo decidió el tribunal, formado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández Prado y Ramón Saez Valcárcel, que decretaron la busca y captura de Charles Etxecaharreta, responsable de la organización en Iparralde ya que no compareció ayer.

Representantes de ERC, EA y Aralar han apoyado a los encausados y desde el País Vasco se sucedieron distintas muestras de apoyo. El diputado de ERC Joan Tardà aseguró ante las puertas del tribunal, donde se congregaron cerca de medio centenar de simpatizantes, que el juicio es un intento de "criminalizar Euskadi" y calificó de "indignante" y de "humillación" que "parte de la ciudadanía vasca tenga que venir a este tribunal de excepción".

En la vista, el tribunal comenzó por apartar del juicio a la acusada Miriam Campos y la absolvió al entender que ya ha sido juzgada y cumple condena por el delito de integración en ETA del que venía siendo acusada, puesto que fue condenada en el macrosumario 18/98 contra organizaciones del entorno de ETA. Todo lo contrario ocurrió con Xabier Alegria, el principal encausado, que ya había sido condenado en el caso Ekin. Alegría dijo que él "solo era un mandado" de Udalbiltza, mientras que Loren Arkotxa, ex alcalde de Ondarroa (Vizcaya) dijo que todo nació de "una necesidad de Euskal Herria".

Alegria asumió que participó en la Udalbiltza creada en 1999 desde sus orígenes y fue escogido como miembro del Comité directivo de la Asamblea y responsable del área de Cultura. Eso sí, negó que su presencia en este organismo obedezca a que es un hombre de ETA, y dijo que fue contratado para supervisar el presupuesto, si bien no tenía poder decisión sobre las decisiones que adoptara la institución. En cuanto a la nueva Udalbiltza, la Kursaal, dijo además que nunca ha existido, pues entre otros motivos él se encontraba en prisión provisional en esos momentos "por una operación de esta Audiencia Nacional contra militantes independentistas".

Según el fiscal, que pide entre 10 y 15 años de cárcel para los 20 acusados, estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos que se desviaban desde los 62 ayuntamientos que, al menos en 2002, pertenecían a Udalbiltza (que aportaban, bien el 1% de sus presupuestos anuales o bien el 1,4% de sus ingresos ordinarios) y para la captación de subvenciones públicas.

Durante los interrogatorios, todos los acusados coincidieron en que el trabajo que desempeñaron en la Asamblea nunca siguió las directrices de ETA y, en concreto, José Manuel Jurado Torvisco asumió que en 2003 hizo "todo lo posible" para que la izquierda abertzale estuviera en las elecciones, si bien dijo no saber "qué relación tiene eso con Udalbiltza". Así, precisó que "a mí nunca me pasó ninguna directriz para formar candidaturas".

En sucesivos testimonios, Lander Etxebarria señaló que la creación de Udalbiltza obedecía a la "construcción" de la nacionalidad vasca, al tiempo que negó que la Asamblea tuviera que ver con la constitución de plataformas electorales.