Un testigo atribuye a De Miguel todo el control de Eskalmelo

Dos testigos más comparecieron ayer ante el juzgado de instrucción número cuatro de Vitoria (Álava) por el caso de Miguel, una supuesta trama de corrupción que suma de momento 13 imputados. La más destacable fue la de Eduardo Pérez Fernández, administrador único de Eskalmelo, una compañía que tenía como apoderado al ex diputado foral y número dos del PNV alavés, Alfredo De Miguel. Pérez se desvinculó básicamente de la compañía y dijo que era el propio De Miguel, nombrado apoderado de la compañía en 2007, el encargado de llevarlo todo. Hay indicios de que la empresa pudo ser utilizada en algunas operaciones de la trama.

Pérez aseguró ante el juez Roberto Ramos que toda la supuesta actividad y las cuentas de la empresa eran llevadas directamente por De Miguel. Eskalmelo tiene un amplio objeto social que abarca la "construcción en general, el comercio de inmuebles y el desarrollo de actividades agropecuarias", según los datos del registro mercantil.

Pérez dijo en su declaración desconocer en todo momento lo ocurrido en la compañía, constituida en noviembre de 2006. Reconoció que era amigo de la infancia del ex diputado foral imputado por corrupción, pero dijo que no mantuvieron reuniones para tratar de la supuesta actividad de Eskalmelo. Aseguró ignorar el estado de las cuentas en la empresa y añadió que no existe tampoco un libro de juntas que recogiera las decisiones tomadas en la cúpula.

El otro testigo citado, el ingeniero de montes Andrés Iturralde, compareció para aclarar algunos aspectos técnicos de una factura sobre una adjudicación del Parque Tecnológico de Miñano a la empresa Stoa, cuyo administrador, Sergio Fernández Oleaga, también figura entre los imputados.