Cuatro candidaturas pugnan en Bilbao por la ejecutiva de JpD

La asociación progresista de Jueces para la Democracia (JpD) clausura hoy en Bilbao su vigesimoquinto congreso, uno de los más movidos de los últimos tiempos. La polémica que rodea a la carrera, con el procesamiento de Baltasar Garzón y el bloqueo en las designaciones del Poder Judicial como principales iconos, han caldeado el ambiente más de lo deseado. Hasta el punto de que cuatro candidaturas se han presentado para dar el relevo al actual secretariado, cuya gestión, sin embargo, obtuvo ayer el respaldo de la gran mayoría de los afiliados.

La plancha más numerosa cuenta con ocho integrantes y está encabezada por el juez vasco Urko Jiménez. La siguiente en representación tiene un miembro menos, la lidera José María Fernández Seijo y se presenta, en teoría, como la menos rupturista al integrar a parte de la ejecutiva actual. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco, Garbiñe Biurrun, conforma junto a un juez madrileño la tercera candidatura, mientras que la cuarta es individual y recae en la magistrada valenciana Alicia Millán.

Diecinueve aspirantes en total para sólo nueve puestos disponibles, que son los que contempla el secretariado. Más de 120 jueces emitieron su sufragio por correo antes del congreso, a los que se sumarán los cerca de 150 que se han dado cita en Bilbao. La votación se llevará a cabo esta tarde. Los resultados no se conocerán hasta pasadas las siete. Los elegidos decidirán, "entre ellos", quién sucede a Ignacio Espinosa como portavoz.

Más allá de posiciones particulares, las distintas candidaturas se enfrentan por su consideración de lo que JpD debe ser en el futuro. La mayoría coinciden en el estancamiento de la que se mantiene como principal asociación progresista, así como en su pérdida de peso en la carrera judicial y de representación entre la sociedad civil. Aún así, el balance de la actual ejecutiva fue respaldado ayer por la mayoría de los afiliados. A favor de la gestión se pronunciaron 70 jueces, 33 se abstuvieron y sólo uno votó en contra.

En el plano intelectual, la primera jornada del cónclave abordó la crisis del Estado del Bienestar y la posible adopción de medidas de protesta por parte de los jueces. El acto de inauguración estuvo presidido por el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez; la presidenta en funciones del Tribunal Superior vasco, Garbiñe Biurrun; el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria y el propio Espinosa, quien reconoció que presiones hacia los jueces han existido siempre, en especial desde el poder político, si bien recordó que "también ha habido siempre independencia, como valor fundamental".

La segunda y definitiva jornada analizará a lo largo de la mañana el presente de la situación de la justicia, "con las luces y sombras que le aquejan", y la política judicial desde una óptica "progresista". La tarde se reservará para las votaciones.