Un grupo de agricultores consigue parar el derribo judicial de una granja en Lleida

Más de 200 agricultores y ganaderos con tractores se han manifestado esta mañana en el pequeño pueblo de Sisteró (Segarra) para protestar por el derribo de una granja de cerdos y un almacén de paja, ordenado por el juez. Según las autoridades judiciales, el local se encuentra demasiado cerca del núcleo urbano. La concentración ha contado con el apoyo y participación de los principales sindicatos del campo, entre ellos Unió de Pagesos (UP).

Durante el derribo del almacén de paja, propiedad de Jaume Bosch, y de la granja, de Adrià Marquilles, actual alcalde del municipio de Els Plan de Sió, se han vivido momentos de tensión cuando un grupo de personas que ha acudido en apoyo de los afectados han logrado frenar momentáneamente el trabajo de las máquinas.

El derribo es consecuencia del llamado 'mobbing rural' o acoso contra las actividades tradicionales del campo que se produce cuando personas de la ciudad o propietarios de segunda residencia no soportan los malos olores, el paso del ganado por las calles, el canto de los gallos o el toque de las horas en el reloj del campanario. En este caso la denuncia fue presentada por un matrimonio de Barcelona que construyó su casa en las afueras del pueblo, de unos 35 habitantes, y alegó que los malos olores procedentes de la explotación porcina les molestaban.

Los hechos se remontan a 1983, cuando los denunciantes llegaron al pueblo y solicitaron edificar una casa con granja en unos terrenos agrícolas. El consistorio lo autorizó con la condición de que ello no creara en su entorno un área de afectación que limitara las actividades tradicionales de la zona.

Después de 14 años de litigios y de diversas resoluciones judiciales contradictorias, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón a los demandantes y ordenó el derribo tanto de la granja como del almacén de paja, al considerar conforme a una ley de 1961 que no puede haber actividades nocivas en un radio de 2 kilómetros. En este caso, la explotación ya estaba en ese lugar cuando los demandantes se construyeron la casa.

Los sindicatos ganaderos consideran la sentencia un peligro precedente, ya que si se aplica el mismo criterio judicial, de equiparar una granja a una industria nociva, centenares de explotaciones que están a menos de esa distancia pueden correr la misma suerte. Las organizaciones agrarias piden que las exigencias ambientales que se imponen al sector sean "asumibles, justificadas, razonables, realistas y viables", de manera que permitan la continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.